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Radio Progreso
Jennifer

Jennifer

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“Honduras está en la cola de las noticias. Ya no es que no aparece una nota sobre la realidad de quienes están defendiendo los derechos humanos, sino que el país entero no aparece. Para las cadenas internacionales somos noticia únicamente cuando se ganó un campeonato de futbol por casualidad, por un fenómeno natural o porque algún narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos.

La vida cotidiana nuestra de asecho, amenazas y sobretodo de sufrimientos es absolutamente desconocida, yo le llamo a Honduras el país del etcétera, porque cuando se va a un foro internacional se escucha: La situación de migración conduce a que  los migrantes tenga que salir de El Salvador, Guatemala, etcétera. O: La realidad de violencia está impactando en Colombia, El Salvador, etcétera, así se refieren a Honduras”,  dijo en una entrevista el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.

En una entrevista con TVGirona, una televisora catalana en Girona, España el padre Melo habló de la realidad de Honduras, y de forma particular de la labor de los activistas y defensores de los derechos humanos.

“Mi trabajo como activista de derechos humanos no es propiamente de oposición a  un presidente, lo que ocurre es que estamos en un país donde el presidente actual representa a una elite política y empresarial que está impulsando un proceso de políticas económicas y empresariales que atentan contra los derechos de la ciudadanía. En nuestro país somos considerados opositores, cuando nuestra única labor es de defender la dignidad y los derechos humanos del pueblo hondureño”, dijo Moreno.

Ante el cuestionamiento cómo era posible que un gobierno que representa a un régimen está próximo a reelegirse, P. Melo aseguró que el actual presidente Juan Orlando Hernández representa una alianza entre las multinacionales de la industria extractiva y un sector muy reducido del empresariado hondureño, convirtiéndose en el gobierno de la gente más rica de Honduras que a su vez es socia menor de las multinacionales más ricas del planeta.

“El régimen se sostiene a base de fuerza militar. El presupuesto destinado a defensa y seguridad es mucho más alto que lo que se destina a salud y educación. Es un régimen que tiene a más 3.2 millones de personas desempleadas, obligándolas a migrar masivamente o a emplearse en los corredores de la criminalidad organizada. El 60 por ciento de la gente está empobrecida, la inmensa mayoría vive en la miseria”, puntualizó.

En la actualidad se destina el 27 por ciento del presupuesto general de la república año 2017 a seguridad y defensa, a la compra de armas y uso de la fuerza, y apenas un 12 por ciento es para educación.
Entre las principales problemáticas destacó el poco acceso a salud, educación, empleo y la tenencia de tierras, lo que el gobierno suple con decenas de programas asistenciales con los que hace proselitismo político. “A través de campañas publicitarias Juan Orlando Hernández sigue elevando perfil de presidente, asegurando que tiene el sustento divino”.

El P. Melo denunció que cuando un defensor o defensora de derechos humanos cuestiona estas realidades, es estigmatizada, criminalizada y en última instancia eliminada, ya que Honduras es un país donde existe institucionalidad pero no Estado de derecho, ese cayó en manos de las redes organizadas del crimen.

¿Tiene miedo?

Cuando el periodista consultó al director de Radio Progreso si tiene miedo de esa realidad, el sacerdote dijo “tengo preocupación porque muchos defensores de derechos humanos no pueden venir al exterior, o no tienen una radio para denunciar, ellos se exponen a cualquier consecuencia, incluso a que su vida sea arrebatada.

Es en medio de esa Honduras donde se enmarca la labor de Radio Progreso, un medio de comunicación que tiene muchas historias que contar. Somos un equipo alegre, juvenil, que necesitamos que esas historias alimenten nuestra radio, solo así podremos llevar esperanzas a la gente”, dice con ilusión el P. Melo.

En su participación el P. Melo dijo que la realidad que vive Honduras no sale a nivel internacional porque el país está a la cola de las noticias, la vida cotidiana de su población es desconocida y Honduras se convierte en el país del etcétera.  Pero es necesario que se conozca que somos un pueblo enriquecido con una historia de alegría y generosidad, que en la actualidad es conducido por un régimen dictatorial, lo que obliga a que su gente a entender que las respuestas no vendrá de arriba, sino que se debe trabajar en un pacto social para definir una nueva propuesta de soberanía, donde se rescate el Estado de derecho y la institucionalidad”, concluyó diciendo el sacerdote Ismael Moreno.

Vea la entrevista completa:

 

Martes, 30 Mayo 2017 11:43

ENVÍO No.52 MAYO 2017

Ante una posible dictadura con reformas penales arbitrarias a los derechos humanos, con una institucionalidad secuestrada por el presidente que pretende reelegirse aunque sea inconstitucional. No se pierda la nueva edición de la Revista Envío para conocer a profundidad la realidad que nos rodea y decidir desde ese conocimiento.

 

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César Geovany Bernárdez, miembro de la coordinación general de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, y corresponsal de Radio Progreso, ha sido acusado por el canadiense Patrick Forseth, de usurpar  un terreno que se encuentra dentro del título de la comunidad de Guadalupe en Santa Fe, Colón. 

El canadiense Patrick Forseth es dueño de la Sociedad Mercantil “Carivida”,  junto a Randy Jorgensen conocido como “el Rey del Porno”, quienes han sido denunciados por apoderarse ilegalmente de las tierras garífunas ubicadas en la bahía de Trujillo según la Ofraneh.

En 2008, la comunidad  Guadalupe interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía de las Etnias por la venta ilegal de tierras dentro del perímetro de su título comunitario pero pese a estas denuncias, el juez Fredy Cenen Caballero Núñez, del Juzgado de Trujillo,  acreditó legítima propiedad del terreno comunitario a la Sociedad Mercantil Carivida, de Patrick Forseth. 

En Honduras existen enormes presiones territoriales sobre la costa garífuna, siendo la bahía de Trujillo en Colón y Tela en Atlántida, las más apetecidas por empresarios extranjeros, que con la ayuda de empresarios y políticos hondureños se están apoderando de las playas y humedales para la construcción de emporios turísticos. 

Campo Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista, Carivida y Banana Coast, son algunas de las empresas canadienses denunciadas por la OFRANEH por adquisición de tierras de forma indebida ante la negligencia de las autoridades encargadas de investigarlas y aplicar justicia.  

En 2016 en esa misma comunidad de Guadalupe fue detenida la dirigente garífuna Medaline Martina David Fernández por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de Carivida. El Juzgado de Letras de la ciudad de Trujillo emitió un sobreseimiento definitivo a favor de la dirigente garífuna, pero en mayo de 2017 por el mismo delito fue detenido César Geovany Bernández, comunicador social de Ofraneh y corresponsal de Radio Progreso. 

“Hay una mafia canadiense que se ha apoderado de nuestra tierra”, dice César Bernárdez, luego de recibir medidas sustitutivas a la prisión y de conocer que debe presentarse a la audiencia inicial programada para el 14 de junio de 2017 en Trujillo. César es la voz de las comunidades garífunas que a través de las radios de Ofraneh y Radio Progreso ha venido denunciando la situación de despojo que viven producto de la implementación del modelo extractivista.   

“La venta ilegal de tierras en las comunidades ha sido provocada por la municipalidad de Santa Fe y avalada por el Instituto de la Propiedad” señala el comunicador argumentando que el gobierno y empresarios canadienses buscar diluir los títulos comunitarios para instalar complejos turísticos. 

El terreno adquirido por la empresa “Carivida” formó parte de un proyecto de ecoturismo manejado por las mujeres garífunas de Guadalupe, con el financiamiento de PNUD y AECID, pero este se vio afectado por la ola de violencia que provocó la instalación de una represa hidroeléctrica sobre el río Betulia, describe César Bernárdez.  “Ese proyecto hidroeléctrico tampoco se nos consultó y solo muerte y desgracia nos ha traído” agrega César. 

Miriam Miranda coordinadora de la Ofraneh ha dicho públicamente que todas las comunidades garífunas están amenazadas con desaparecer,  producto de la implementación de las ciudades modelo que acarrea la explotación minera, instalación de represas hidroeléctricas y mega proyectos turísticos, con el visto bueno del gobierno pasando por encima de la vida y dignidad de las comunidades. 

Un Estado Hondureño racista y violador de derechos humanos 

“Santa Fe es un paraíso terrenal y lo vamos a defender con la vida” asegura César, quien al momento de ser detenido por la policía de La Ceiba en Atlántida, fue víctima de racismo y violencia por el hecho de ser garífuna. “Todos los negros son delincuentes”, “Negro tenías que ser” y “Negro apestoso”, son las frases que la policía dijo a Cesar mientras permanecía esposado y detrás de las bartolinas pagando por ser defensor de la madre tierra. 

La Ofraneh, organización que aglutina las comunidades garífunas en las costas hondureñas, ha librado una lucha dentro y fuera del país en defensa de sus territorios ancestrales. 

En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sentenció al Estado de Honduras por violación a varios derechos a las comunidades garífunas El Triunfo de La Cruz en el municipio de Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón. 

Hasta el momento se ha formado una Comisión Interinstitucional para el “Cumplimiento de las Sentencias de las Comunidades Garífunas”, donde se ha hecho un plan de trabajo y reglamento interno para darle cumplimiento a la sentencia. 

La Comisión es una instancia de diálogo y concertación donde se coordinan acciones dirigidas al acatamiento de los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), dictadas el 8 de octubre de 2015, en beneficio de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, por haber encontrado al Estado de Honduras responsable en la violación al derecho de la propiedad colectiva.

A pesar de la criminalización  y las amenazas, César ha participado en todas esas reuniones para informar y animar a las comunidades garífunas a través de las radios de la Ofraneh y Radio Progreso. Sabe muy bien que la lucha por defender su territorio es difícil y que las inversiones de extranjeros canadienses son parte de la implementación de las famosas “Ciudades Modelo”. 

 

“Creo que no le estamos diciendo toda la verdad a la gente”, dijo el periodista sampedrano Luis Coello, al ser consultado sobre la labor periodística en Honduras. Este 25 de mayo se celebra el día del periodista y la realidad del gremio refleja: inseguridad, precariedad laboral, censura, venta de conciencia y falta de ética.

Como todos los años, el día del periodista se celebra en un ambiente de impunidad y violencia. Desde 2009 más de 45 periodistas han sido asesinados, de estos casos el 95% continúa en la impunidad. Además la profesión periodística es una de las peores pagadas en el país. A pesar de tener estipulado un salario mínimo que ronda los 15 mil lempiras, la mayor parte de medios de comunicación paga por debajo de esa cifra, asimismo la censura, la venta de conciencia y la falta de ética en el ejercicio del periodismo es un debate permanente en la rutina de los medios de comunicación.

“Acá nos enfrentamos a varias realidades: las condiciones en que ejercemos la profesión son precarias en general, los salarios no cumplen con las necesidades básicas de un trabajador, también nos enfrentamos a la censura y condicionamientos que se dan en los medios de comunicación”. Coello se refiere a la censura que se da en los medios corporativos, quienes al responder a los intereses de quien los financie con publicidad condicionan su línea editorial limitando a los periodistas en su trabajo.

En Honduras existe la Ley de Canje Publicitario, normativa que permite a los medios de comunicación brindar publicidad y no pagar impuestos.  “En su mayoría los medios mantienen relaciones con grupos políticos, el trabajador de la comunicación debe respetar esos criterios y tener cuidado con lo que dice para no perder su trabajo”, expresó Coello.

Por su parte Pedro González, también periodista sampedrano habló de la profesión periodística en Honduras. “No hay independencia en realidad. Si no es el gobierno es la empresa privada. Uno busca iniciar procesos personales, pero los criterios periodísticos son limitados, porque si te dan publicidad te dicen que hables bien de ellos, si vos los criticas te la quitan y así es difícil sostener algo diferente”.

La censura no solo viene desde los medios de comunicación, hace más de un mes el Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal, en las que califica de terrorismo las actuaciones de algunos medios alternativos quienes se refieren cotidianamente a los procesos de lucha de la población hondureña.

Censura institucionalizada

Eddie Tábora, director del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre) dice que Honduras vive un proceso complejo para el desarrollo de la libertad de expresión, medidas como estas que se aprueban en el Congreso evidencian el carácter represivo y dictatorial del gobierno al limitar y ahora criminalizar a quienes emitan algunos comentarios frente a los micrófonos.

“Y desde el gobierno no solo se vive la represión a través de la criminalización y censura, también la inseguridad y la falta de políticas de protección es parte del problema”, comentó Tábora. En los últimos 14 años el periodismo hondureño se ha caracterizado por la violencia y la censura. Datos de C- Libre indican que desde el 2003 han sido asesinados 44 periodistas.

“Yo creo que hay dos polos: uno la prensa corporativa, la que no le dice la verdad a la gente por el compromiso comercial y la otra es la prensa alternativa, que arriesga su vida por acompañar los procesos de las comunidades, esa es la realidad del periodismo en Honduras, creo que la verdad tiene un costo, y ese costo es la precariedad, el riesgo y represión. Los comunicadores comprometidos deben tomar una decisión, o nos sometemos a lo tradicional o hacemos algo distinto para cambiar el país”, analizó Tábora.

“Si a la gente que le gusta el periodismo se mete a esto para hacerse rico, mejor que no pierda su tiempo, si es honrado nunca lo logrará”, expresó Pedro González.

“El estilo de vida de la mayor parte de periodistas en Honduras  no da para lujos, cuando uno ve que un comunicador tiene una vida demasiado cómoda uno se imagina que algo anda mal”, expresó Coello.

Y así Honduras celebra el día del periodista, en medio de precariedad, censura y represión.

 

Doña Rosa lleva 26 años en la pesadilla de buscar a un hijo desaparecido. El único niño entre 5 niñas que tuvo con un matrimonio que terminó mal. Nery Noel Ribera Argueta debería tener 31 años ya, pero para ella es un niño de 5 años, la edad que tenía cuando lo vio por última vez cuando lo dejó en custodia de Eduardo Rivera Martinez, el padre. 

Con unos lempiras que pudo acumular de la remesa que le envía una de sus hijas desde Estados Unidos y unas cuantas lavadas de ropa ajena, doña Rosa se movió desde la aldea de San José en El Negrito, Yoro hacia El Progreso. En esa ciudad, le habían dicho, existe un comité de madres que también buscan a hijos desaparecidos, el Comité de Familiares de Migrantes desaparecidos de El Progreso (Cofamipro). De allí la remitieron a seguir en los medios de comunicación contando a la gente su historia, talvez alguien ha visto a su hijo. Así llegó doña Rosa a la cabina de Radio Progreso.

Doña Rosa nació en Ezequias, una pequeña comunidad en La Libertad, Comayagua en el centro de Honduras. Su madre solo la dejó estudiar hasta el tercer grado y a los 16 años ya estaba pariendo la primera hija de Eduardo. Así, seguidos se vinieron 4 niñas más y Nery. La pobreza estaba asfixiándola a ella y sus hijas, por eso decidió migrar a San Pedro Sula. Muchas mujeres lo hacían, allá al menos había trabajo para lavar y planchar. En Ezequias solo había hambre. 

El padre decidió que se dividieran los niños, tres y tres. Él se quedaría con los menores y ella con las mayores. 

“Cuando nos separamos él me dijo que se quería quedar con los pequeños, el agarró 3 y yo 3 las más grandes por mientras yo hacía un dinerito para ir por ellos. Lo hice y fui a traerlos, pero mi madre me dijo que no me llevara los últimos dos, que le dejara obligación a ese haragán, que yo no tenía quien me apoyara, entonces solo me traje a la chiquita y dejé a los dos, yo tenía el pensamiento de traerme los tres, pero dejé a los dos”, lamenta doña Rosa. Ella no sabe que en Honduras hay leyes que castigan la paternidad irresponsable, solo sabe que si un hombre decide abandonar sus responsabilidades lo hace, impunemente. Ha sido su desgracia.

Eduardo se quedó con los dos menores, pero antes de irse a San Pedro Sula, regaló a la niña a una señora de Comayagua y la niña se terminó criando en Tegucigalpa, años después doña Rosa la encontró, ella ahora vive en España y tiene comunicación con su madre y hermanas. 

Al niño se lo llevó a San Pedro Sula y es allá donde desapareció. 

-El padre solo sabe decir que el niño se perdió cuando robaban niños en San Pedro Sula, no sabe nada y no le sacan más palabra las hijas. Él ahora está enfermo de la mente, es como hablar con un niño.

- ¿Acudió a las autoridades?

-No fui a ningún lado, carezco de información, de fotos del niño. Con grandes esfuerzos fui a Ezequias, Comayagua a sacar la partida de nacimiento para pedir ayuda en tiempo de elecciones, pero no he encontrado nada. No he ido a la policía, ni al Ministerio Público. Hasta hoy he logrado unos centavitos para dar vueltas por mi niño porque para mí sigue siendo niño.

Siento una cosa horrible en mi corazón al saber que él podría estar sufriendo, mi criatura, siento el dolor de su sufrimiento. Aunque al encontrarme él me diga cosas que me molesten mi conciencia, que lastimen mi corazón, no me importa porque al menos lo volvería a ver. 

Es una pesadilla, dice doña Rosa. Se siente sola en un país donde solo ha sabido sobrevivir. Para ella no existe el Estado, la institucionalidad. 

En Honduras, la desaparición de niños, ya sea por robo, migración indocumentada o trata de personas no está registrada. Sin embargo, según un estudio de UNICEF reporteado por la BBC de Londres, sobre la desaparición de menores en Centroamérica, realizado en 2011, existe un grave problema de tráfico de niños por la existencia de 'puntos ciegos' en las fronteras y el aumento de la migración ilegal en toda la región.

Entre 250.000 y 800.000 niños procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua viven a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como migrantes ilegales -dice el organismo- lo cual hace que sea más difícil estimar el número exacto de niños que podrían ser víctimas de trata.

También están las fugas del hogar, que se dan a partir de factores como la violencia sexual, agresiones físicas, engaño, coacciones, etc. O está la pérdida de conocimiento: simplemente un niño no recuerda dónde vive, cómo se llama, etc. "Asimismo el caso en que padres o madres se llevan a sus hijos lejos del otro progenitor, en lo que se conoce como secuestro (o sustracción) parental.

“He batallado, los recursos no han sido buenos, he pasado tiempos de gran tristeza, no he tenido recursos de dinero, de viajar. Recuerdo una vez tenía saldito y llamé a HRN (emisora radial hondureña) y me contestaron que no estaban en eso y que esperara. Salir a buscarlo requiere dinero para viajar, ir a los medios, se ocupa. Ahorita lo que hago es que siempre lavo, plancho, sembrando cositas en el campo, cosechamos cosas como verduras y así hago para moverme”, dice doña Rosa. 

Quienes tengan pistas de Nery Noel Ribera Argueta, un joven de 30 años, hijo de Rosa, pueden llamar al (504) 96458110 o (504) 96430953.

“Siempre está en mi corazón de sentir que me falta ese niño, es una pesadilla, deseo despertarme, sufro mucho por la ausencia, espero en dios que me va a dar e milagro de encontrarlo”. Doña Rosa lo sigue buscando, lo sigue esperando. 

“Gordo", como es conocido en el ambiente del barrio, pasó más de 5 años en las cárceles de menores, los denominados centros de corrección juveniles administrados por el Estado hondureño. Fue en este lugar que lejos de encontrar la oportunidad de rehabilitarse salió experto en sicariato y asalto.  

Ahora es parte de una banca criminal en una populosa colonia del norte de Honduras. Ese lugar que lo vio nacer, esa colonia que vio como su padre y madre  se separaron, dejándolo bajo el cuido de su ya cansada abuela de más de 70 años, ahora es el territorio que controla para la mara. 

La historia de “Gordo” se da en muchos lugares de Honduras, jóvenes a quienes se les niega sus derechos y cuando cometen faltas son condenados a permanecer internos en centros juveniles que son las mini escuelas del crimen.

Las leyes hondureñas, al igual que en otros Estados, no permiten el enjuiciamiento de menores de 18 años de edad. Cualquier niño o adolescente que cometa un delito, antes de esa edad, es llevado a los centros de adaptación juvenil, allí existe la obligación de crear programas de rehabilitación que brinden nuevas oportunidades a los menores. 

Reducir edad punible 

Recientemente las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández sorprendieron, al asegurar que era necesario reducir la edad para condenar a los jóvenes. Que de 18 años se debía bajar a los 16, ya que contaban con estadísticas que confirmaban que el 40 por ciento de los crímenes en Honduras eran ejecutados por menores de 18 años. 

Ante las declaraciones del mandatario, quien fue más allá y creó una comisión para revisar la posibilidad de bajar la edad punible, diversos sectores, sobre todo aquellos vinculados a los derechos humanos le recomiendan mejor cumplir con su obligación de crear oportunidades de empleo, educación y fortalecer el sistema de internamiento de menores. 

Para el director de Casa Alianza hablar de la edad punible es un tema importante para la vida del país, pero lamenta la forma tan desatinada y poco responsable de abordar la temática. “En declaraciones con los medios de comunicación el presidente dijo que era necesario castigar a los niños como adultos porque eran responsables del 40 por ciento de los crímenes que suceden en Honduras, hay que decir que el dato es incorrecto, ya que en la actualidad hay más de 18 mil adultos en cárceles y apenas unos 580 en los centros de rehabilitación, eso revela que lo dicho es totalmente mentira”. 

Ruela además recuerda que más del 55 por ciento de los crímenes en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, se comenten en contra de menores de 18 años de edad, lo que ratifica que la juventud no es la victimaria sino las víctimas de esta realidad de violencia y criminalidad, son a ellos a quienes se les está asesinado, dice el director de esta organización que además de llevar un observatorio de derechos humanos de la juventud, acompaña a menores en riesgo social. 

El rechazo a la propuesta del mandatario Hernández, lo han manifestado también organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, quien dijo que si el Estado reduce la edad punible en el país estaría retrocediendo en materia de derechos humanos, al tiempo que se entregaría la educación de la juventud a las “escuelas del crimen”, si son ingresado a las cárceles de adultos. 

Para el director de Casa Alianza, la propuesta del presidente Juan Orlando Hernández es parte del proceso de criminalización que tiene el Estado en contra de una parte de la juventud hondureña. “No es a toda la niñez a la que se estigmatiza, es a los niños, niñas y jóvenes pobres. Cuando un policía o un militar en una colonia donde hay conflicto, en una colonia empobrecida y excluida ve a un joven con un teléfono, los policías asumen que ese celular el joven se lo robó, lo detienen, le quitan la camisa, le toman fotos, lo ponen frente a la pared, se lo llevan si no tiene identificación, en cambio si van a un mall y ven a un joven con el teléfono no lo ven sospecho. En Honduras a la gente se le castiga  y detiene por portación de cara, porque ser pobre es un delito, ser pobre es ser sospechoso, por eso las cárceles están llenas de pobres”, 

José Guadalupe Ruela está convencido que llevar a los niños y jóvenes a las cárceles no es la solución, al contrario la violencia será más grande. “La respuesta está en invertir en prevención, en brindar oportunidades a los jóvenes. Si el gobierno los 8 mil millones de Lempiras que ha gastado de la Tasa de Seguridad, lo invirtiera no en armas, no en militares y mucho menos en equipo blindado, sino en verdaderas oportunidad para la juventud, otra fuera la realidad de Honduras”. 

La actual administración se ha mostrado sorda a los análisis de organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Impuso que la Comisión de Justicia Penal iniciara con las “discusiones” sobre el tema con varios sectores de la sociedad. Así se dio el primer espacio con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, el Gabinete de Prevención, Instituto de la Juventud, Registro Nacional de las Personas, Secretarías de Educación y Salud, Relaciones Exteriores, Finanzas, Desarrollo e Inclusos Social, entre otras. 

La labor de la Comisión de Justicia Penal será redactar un documento que abarque las sugerencias y recomendaciones planteadas por los distintos sectores, el documento deberá ser presentado a más tardar el 02 de junio, allí el gobierno tomará la decisión de reducir la edad para castigar penalmente a los menores. 

 

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