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Radio Progreso
Jennifer

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“Uno de los jefes de una padilla se enamoró de mi hija de 16 años, pero como no le correspondió comenzó a acosarla y amenazarla que si no era de él no iba a ser de ningún otro hombre, esto nos obligó abandonar nuestra casa para salvar la vida de mi niña”, cuenta una madre quien junto a su familia vivió por 30 años en una colonia de San Pedro Sula, al norte de Honduras y de la noche a la mañana tuvo que huir.   

El desplazamiento forzado de las poblaciones es una de las consecuencias más graves de la diversa violencia que se vive en Honduras. Según datos oficiales  más de 174 mil personas en distintas regiones del país han tenido que dejar sus comunidades y sus pertenencias. Salvar su vida y escapar del crimen es su pan de cada día. 

“Este fenómeno afecta en mayor proporción a las mujeres de muchas maneras. Pero, ante la falta de protección del Estado,  las mujeres muestran ingenio, resistencia y coraje a la hora de afrontar la adversidad”, revela un estudio sobre desplazamiento forzado realizado por el Foro de Mujeres por la Vida, con sede en San Pedro Sula. 

“Este estudio recoge los tipos de violencias que las mujeres enfrentan en sus barrios, colonias y comunidades, y cómo éstas impactan directamente en sus vidas provocando, en muchos de los casos, desplazamiento forzado”, indicó Nelly Delcid, encargada de desarrollar la investigación. 

A renglón seguido indicó que a través de grupos focales y entrevistas personalizadas se encontró el daño emocional que existe en las mujeres desplazadas, pero que además  hay una gran claridad  de las féminas respecto a la falta de apoyo del Estado hondureño, a las familias víctimas del desplazamiento forzado.   

Las padillas, el crimen organizado, el tráfico de drogas  y la violencia doméstica han dejado en Honduras una estela de dolor y el desplazamiento forzado es una de las tantas caras de la violencia. “Muchas personas huyen de la violencia urbana alimentada por la guerra entre pandillas o “maras”, la extorsión generalizada, las amenazas, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la inseguridad generalizada”, de acuerdo a datos del Comisionado Nacional de los derechos Humanos. 

“Los cuerpos de las mujeres son utilizados para mandar mensajes a los grupos delincuenciales rivales, para muestra un botón: dos jóvenes decidieron visitar a unas amigas que vivían en otro sector donde dominaba una pandilla contraria a la de zona, al llegar al lugar de destino las jóvenes fueron raptadas y al siguiente día aparecieron con señales de violación y desmembradas”, indicó.    

Estado incapaz de dar protección 

Desde el año 2013 en Honduras se aprobó un decreto que creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, la cual tiene como objetivo impulsar la formulación de políticas y la adopción de medidas de prevención del desplazamiento forzado, así como la atención, protección y soluciones a las personas afectadas y sus familiares.

Sin embargo “el Estado es incapaz de asegurar la integridad de las mujeres amenazadas. Este desamparo sitúa a las mujeres en una posición de extrema vulnerabilidad y riesgo en los diferentes ámbitos del ciclo de desplazamiento forzado de víctimas en condiciones de riesgo”, manifestó DelCid.  

“Las mujeres se ven obligadas a abandonar sus casas, salen en búsqueda de familiares a otras zonas del país, se desplazan forzadamente a otras zonas más alejadas y a menudo terminan cruzando frontera internacional para salvar sus vidas”, indicó.

Chamelecón y Rivera Hernández  han sido considerados los sectores más poblados del municipio de San Pedro Sula. Sin embargo, en los últimos diez años ha ido disminuyendo en habitantes debido a que cientos de éstos han emigrado por temor, pues la inseguridad en la zona es cada vez mayor.

El panorama es desalentador: varias familias han optado por abandonar sus casas debido a los constantes asaltos  y amenazas contra integrantes de su familia  que hacen a miembros de las pandillas, de acuerdo a testimonios recopilados por Radio Progreso. 

“Ante la falta de respuestas por parte de la institucionalidad hondureña, como pueblo tenemos la obligación de demandar al gobierno verdaderas políticas para reducir la violencia y la protección a las víctimas de desplazamiento forzado”, concluyó Nelly Delcid, del Foro de Mujeres por la Vida.  

 

Hace una semana, un grupo de periodistas holandeses viajó a Honduras después de leer el libro Cabbages and Kings (Repollos y Reyes) de 1904 en el que por primera vez se menciona el término Banana Republic para referirse a un país controlado por la compañía bananera. En uno de sus cuento, el escritor O. Henry, hablaba de un país llamado Anchuria y estaba en Centroamérica. En ese tiempo el escritor vivía en Honduras. No hay casualidad. 

Los holandeses aman el banano, lo comen todos los días, me dijo uno de ellos. Y por eso viajaron al otro lado del mundo para saber si Honduras sigue siendo esa república bananera, no solo por la producción de banano, sino por el poder de las trasnacionales por encima del Estado. Querían saber si Honduras era ese país que parece ficticio, donde una empresa trasnacional puede quitar y poner presidentes, cambiar leyes, explotar impunemente a la gente y quedarse con los mejores recursos naturales del país gracias a líderes políticos locales que se convierten en sus socios o sus lacayos. 

Y llegaron a Honduras justo en el momento en que de manera “innovadora” Honduras promueve la evolución de la economía de enclave con las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE). La máxima expresión de entrega de soberanía a quienes puedan invertir, pensada para el capital trasnacional. Una de esas primeras ZEDE, está pensada para construirse en Trujillo, una de las tantas ciudades costeras que se quedó en la nostalgia de la bananera, la ciudad de la historia de O. Henry. 

La BBC de Londres le consultó a un historiador chileno llamado Luis Ortega, sobre cómo aun países de Latinoamérica tienen las características de repúblicas bananeras. “En un país bananero, ante el primer atisbo de inestabilidad, ya mataban al presidente o había un golpe de estado”, cuenta Ortega quien cree que las cosas no son tan radicales ahora. 

Sin embargo, los periodistas holandeses llegaron a Honduras, no solo por la historia del banano, sino porque para ellos, lo ocurrido en 2009 y lo que vive Honduras a partir de un golpe de estado moderno, es parte de ser un país controlado por fuerzas extranjeras. Sigue quedándole el término.

La política más antigua de Honduras

El historiador hondureño, Marvin Barahona, asegura que la política más antigua de Honduras es la política concesionaria. Incluso la de limitación de los departamentos, la forma de vida, los movimientos de la población hondureña se realizaron alrededor de las grandes trasnacionales que establecían su propia soberanía. 

“Esto parte del reconocimiento de una carencia: la ausencia de capitales en el país. En el siglo XIX durante la reforma liberal (1976-1948) se piensa que Honduras debe entrar en la civilización y el progreso, en el capitalismo. Para eso era necesario llamar a los capitales extranjeros, porque Honduras no tenía para impulsar la explotación del territorio. Una de esas formas fue hacer concesiones amplias a extranjeros y comprendían la creación de un estado dentro de otro estado. Así llega en 1880 la Rosario Mining Company de New York, ubicándose en San Juancito en las afueras de Tegucigalpa para explotar las minas. El presidente de ese tiempo, Marco Aurelio Soto tenía acciones en esa empresa”, explica Barahona. 

El Estado se declara incapaz de invertir en la administración de recursos para generar riqueza en el país, y así con las concesiones se abre la puerta al negocio. Inicialmente a capital estadounidense. Dispensar impuestos, pedir poco dinero por los metales de exportación, control total de la zona, amplia discrecionalidad para contratación de trabajadores y establecimiento de salarios bajos, entre otras eran las características de las concesiones. 

“Además estas concesiones implicaban promesas. Por ejemplo, llevar todo el viaducto, conducto de agua desde las fuentes cercanas a Tegucigalpa en el caso de la Rosario Minning Company. Paralelamente a las concesiones, Tegucigalpa comienza a ser capital de Honduras, así la minera se compromete a llevar el agua ya que había las condiciones en esta ciudad para que la población creciera. Pero la empresa nunca cumplió.

Las empresas no cumplían lo establecido en los contratos, eran solo promesas, y eso se repite en todas las concesiones a lo largo del siglo XX, entre 1880-1980 un siglo entero, y seguirá después con la industria maquiladora y a lo que vamos ahora las ZEDES”, agrega Barahona. 

Se habla de una política concesionaria del Estado para que el país entre en el progreso y la civilización, pero Honduras nunca avanzó, sigue siendo uno de los países más pobres de la región. 

En 1899 se inicia la multiplicación de esta política concesionaria, cuando el Estado comienza a hacer las concesiones de grandes extensiones de tierra en el norte de Honduras con las bananeras con capital totalmente norteamericano. 

“1899 cuando las primeras concesiones se establecen en La Ceiba con la familia Vaccaro de Nueva Orleans que en los años 20 se convirtieron en la Standard Fruit Company que aún existe y que antes del 2015 recibió aproximadamente 3 mil millones de lempiras en exoneraciones fiscales. Y esto le hace daño al país porque no solo se concede territorios, agua y fuerza laboral sino que tampoco cobra impuestos con los que podría construir escuelas, hospitales, etc. Aún sigue concediendo estos beneficios”, cuenta el historiador.

Pero es a partir de 1912 que se enlazan las concesiones de orden económica a través del capital extranjero con la política hondureña. En ese tiempo comienzan a intervenir políticamente en el Estado. Esto desde “la revolución bonillista”, que no fue más que la invasión de Estados Unidos en Honduras a través de Manuel Bonilla (fundador del Partido Nacional) para apoderarse del territorio hondureño usando a este político sediento de poder. Esa invasión se planificó en Estados Unidos entre el empresario Samuel Zamurray y Bonilla. Zamurray después creó el imperio bananero Cuyamel Fruit Company que adueñaba campos bananeros e ingenios azucareros. 

El enclave se diversificó económicamente. Por ejemplo, ellos crearon la primera cerveza (Salvavida), la primera fábrica de gaseosas, zapateras, y aceiteras provienen de los mismos enclaves bananeros. Hoy se pueden ver en tierras de la Tela Railroad Company (antes la Cuyamel) grandes extensiones de tierra sembradas de palma africana. 

Y son esas empresas las primeras y fundamentales financiadoras de las celebraciones de independencia y soberanía de Honduras. 

“Así comienza la corrupción, en esa relación directa de los políticos con el capital extranjero en la que son subordinados de quienes tienen todo el poder económico. 

De los enclaves a las golondrinas y de nuevo a los enclaves

La soberanía de las empresas es una especie de poder que solo le correspondía al Estado, en sus territorios hacían lo que querían, tenían sus propias policías, le llamaban la guardia blanca. Los comandantes de arma y directores de aduana estaban al servicio de las compañías, los diputados también recibían privilegios: atención médica en sus hospitales, les invitaban para el 4 de julio para ir a estos bungalós que tenían las compañías para que sus funcionarios descansaran y allí entre tragos se hacían las concesiones. 

“Así el Estado perdió control de los territorios y se desnacionalizaba por poco, esa zona norte comenzó a ser un apéndice de EEUU. Venían hasta embarcaciones de guerra, barcos como el Marmol Head, el Milwaukee, el Tacoma, servía para intimidar al Estado para dar el mensaje que quienes mandaban eran ellos”, explica.  

Cuando el imperio del banano se ve deprimido por la huelga de obreros en 1954 y posteriores huracanes y eventos naturales, los gobiernos se inventan otra forma de concesiones siguiendo la moda global. Así llega a Honduras la industria maquiladora, que es conocida también como empresas golondrinas, porque migran en cualquier momento adonde sea más rentable el negocio, no instalan capacidades para quedarse. 

La base de las concesiones de hoy son muy similares a las anteriores, las empresas maquiladoras no intervienen directamente en asuntos políticos, pero lo hacen indirectamente financiando campañas políticas o con los dueños de parques industriales involucrados en partidos políticos. 

Y de la maquila, instalada siempre en el norte del país, se vuelve al enclave, en su manera más entreguista con la creación de las ZEDES sin olvidar que el país tiene concesionado el 35% de su territorio a empresas mineras y cuenta con 111 concesiones de ríos para hidroeléctricas, la mayoría de capital trasnacional. 

Barahona reflexiona que el Estado parece renunciar por completo a la soberanía establecida en la constitución de la república con estos proyectos, el hecho que estas ZEDE tendrán sus propios gobiernos y Fuerzas Armadas implica no una renuncia parcial como antes con las bananeras, sino una renuncia total, autorizando algo que la constitución prohíbe: crear soberanías ajenas al país dentro de su territorio.

“Honduras está retrocediendo a finales de siglo XIX para reestablecer una política concesionaria que fue un gran fracaso. Es cierto que las compañías crearon la infraestructura de puertos y carreteras, pero para beneficio propio y fue hasta los años 70 que se nacionalizaron las tierras y otros bienes. Pero vemos que los puertos no se desarrollaron y el resto del país es más pobre. Las políticas concesionarias no se tradujeron en beneficios para la población tampoco impulsaron desarrollo en otros territorios porque por eso se llama economía de enclave porque está enclavada en un solo territorio sin generar impacto en otras áreas. Por ejemplo, porqué es pobre el sur, es pobre porque el norte es rico, porque Honduras tuvo que trasladarse a tener relaciones con los puertos de EEUU y abandonó los puertos del sur. Y ahora trata de ser compensada con la nueva política de las ZEDE”, concluyó. 

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Antes de irse, los periodistas holandeses en busca del país del enclave narrado en ficción por O. Henry, pidieron entrevistar al presidente derrocado en 2009, Manuel Zelaya Rosales. Le preguntaron ¿quién lo quitó del poder? ¿el golpe de Estado fue un reflejo de la banana republic? Zelaya les contestó: “en aquel tiempo eran las bananeras, hoy son las petroleras, el capital trasnacional que se apodera de los recursos del país y de su ubicación y ese capital tiene muchos rubros”. 

 

Imagen: mural del mexicano Diego Rivera que ilustra el derrocamiento de Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala en 1954 por parte de Estados Unidos a través de las bananeras que pretendían parar una revolución campesina en la región. 

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos OACNUDH-Honduras, realizó una visita in situ para conocer la realidad que viven las comunidades de Mezapa y Pajuiles en Tela, Atlántida, ante la construcción de una represa hidroeléctrica propiedad del empresario progreseño Jason Hawit, en la parte alta de la montaña Nombre de Dios. 

La visita se produjo a raíz de las múltiples denuncias sobre daños ambientales y violaciones a los derechos humanos, que las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia han interpuesto en las instituciones correspondientes sin tener respuesta alguna. 

La comisionada de la ONU María Soledad Pazo, dialogó con los líderes de las comunidades y realizaron un recorrido con el objetivo de ingresar al lugar donde se construye la hidroeléctrica. Los empleados del empresario Jason Hawit negaron el acceso a la comisionada asegurando que nadie puede ingresar sin autorización del propietario. También la comisionada de la ONU, en reiteradas ocasiones intentó entablar comunicación telefónica con Jason Hawit, pero este no atendió su celular ni el teléfono de su oficina. 

Al llegar a la entrada principal de la comunidad, la comisionada solicitó al jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina) en Atlántida, retirar las volquetas y carros de la empresa Hidrocep, estacionadas por orden del empresario para obstaculizar el paso, sin embargo, su solicitud fue negada. 

Los pobladores y pobladoras de Tela expusieron las razones por las cuales se oponen al proyecto hidroeléctrico y alertaron sobre las posibles repercusiones que tendrá en el medio ambiente y las fuentes de agua potable que abastece a las 20 comunidades. Además  reflejaron el papel negligente del Alcalde Mario Fuentes y las autoridades judiciales de Atlántida. 

“Estamos acá para hablar con todos los actores y ver en qué podemos ayudar” manifestó a las comunidades María Soledad Pazo, Representante  de las Naciones Unidas, agregando que está a la espera de reunirse con el empresario y las autoridades correspondientes. Se espera que en los próximos días la oficina del Alto Comisionado de la ONU en materia de derechos humanos brinde un informe sobre su visita a las comunidades que están jugándose la vida en defensa del agua. 

Las obras post demolición que no fueron aprobadas en corporación municipal, continúan en uno de los tramos del Trans-450 de Tegucigalpa. Mientras la modificación avanza, como la han llamado las autoridades administrativas, la población capitalina sigue a la espera de acciones más contundentes de los entes contralores y de investigación frente a los posibles actos de corrupción en la ejecución del proyecto.

Roy Pineda Castro, magistrado del Tribunal Superior de Cuentas –TSC-, asegura que la institución está programando una auditoría integral de desempeño y de cumplimiento de los procedimientos para determinar si en la ejecución del proyecto Trans-450 existe responsabilidad administrativa.

El magistrado detalla que el proceso de la auditoría está en las etapas de las visitas que deben realizarse “oportunamente para hacer los avisos a la Alcaldía Municipal en la revisión de todo ese proyecto, sobre todo la parte financiera”.

En relación a la fecha para conocer lo hallazgos de la auditoría Pineda Castro dijo a Radio Progreso: “tendrías que hacer la consulta al cuerpo técnico al cuerpo de auditores para que realicen la programación, al solo tener conocimiento de esa programación tenga la plena seguridad se le hará saber, y en ningún momento se está soslayando ese tema, al contrario se estará tratando con toda la responsabilidad que corresponde a un ente fiscalizador”.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) inició una investigación que aún no tiene resultados concretos. En ese sentido, surge la pregunta si el Consejo Nacional Anticorrupción –CNA- investiga la ejecución del proyecto Trans-450.

Gabriela Castellanos, coordinadora del CNA, ha declarado que no entablaran ningún proceso hasta no recibir denuncias distintas a las que se han presentado en el Ministerio Público (MP).

“CNA como instancia de sociedad civil tiene conocimiento que lo está investigando la autoridad, el Ministerio Público, entonces por qué seguir investigando bajo esa línea, pero si CNA tuviese alguna denuncia distinta por supuesto que va a seguir investigando”, dejó en claro Castellanos.

Agregó que “yo no podría decir la percepción que yo tengo sobre ese tema, el Consejo Nacional Anticorrupción en sus líneas de investigación es contundente y claro: cuando existen irregularidades que nosotros poder sustentar y llevar al Ministerio Público lo hacemos. Sí creemos que hay situaciones irregulares y que el Ministerio Público debe de actuar de manera pronta en este caso”.

Las autoridades administrativas de la Municipalidad del Distrito Central aseguran que la ejecución, pese a las demoliciones, se ha completado en un 70 por ciento. 

Eduardo Pavón, coordinador de la Unidad Ejecutora del Trans 450, dice que “hay un 30 por ciento que falta por ejecutar. Queda por construir el patio taller, reiniciar la construcción la estación del Estadio Nacional”.

Pavón manifestó que una de las etapas finales del proyecto es coordinar y establecer con el gobierno un sistema de “recaudo que sea accesible tanto al sistema del Trans y el resto del transporte urbano de Tegucigalpa”.

El proyecto Bus de Trasporte Rápido (BTR), o Trans-450, de acuerdo a las autoridades comenzará a operar en enero del 2018. Los servicios serán administrados por Inversiones Múltiples de Transporte (Invermut), empresa concesionaria dirigida por el Sindicato del Transporte Urbano (STU).

 

La frase: “El Camino de Mayo es la Victoria” sintetiza  la valiente lucha y los extraordinarios logros alcanzados por la gloriosa Huelga Bananera de 1954, que obligó al imperialismo norteamericano y a la burguesía hondureña  a aprobar los derechos sociales que para ese tiempo eran inexistentes; entre ellos la jornada de ocho horas diarias, horas extras,  vacaciones, derecho a la maternidad, pago de feriados, jornada nocturna, prestaciones sociales, derecho a sindicalización y el derecho al seguro social. 

Sin embargo, a 73 años de esta gesta histórica “el movimiento obrero hondureño ha perdido la ruta del camino de mayo y se encuentra en un punto de desmovilización y acomodamiento al modelo neoliberal que ha llevado a que los diversos gobiernos poco a poco hayan ido disminuyendo las conquistas laborales de la clase trabajadora”, indicó el  dirigente magisterial  Nestor Alemán.    

A renglón seguido dijo que la única fecha que se ve unido el movimiento obrero es para las “marchas” que se desarrollan en las diversas ciudades del país, cada uno de mayo cuando se conmemora el Día del Trabajador, pero el resto del año la dirigencia de las centrales obreras pasa desapercibida a pesar de la precaria situación que enfrenta a diario la clase trabajadora. 

Cabe recordar que el primero de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 por participar en luchas reivindicatorias para conseguir una jornada de trabajo de ocho horas. Se celebra en esta fecha porque el 1 de mayo de 1886 iniciaron las protestas.  

Sin embargo de acuerdo a Norma Cruz, del Partido Socialista de los Trabajadores, PST, en esta fecha importante se minimiza lo que fue la gesta proletaria de 1954 que debe figurar a la par de otros grandes sucesos patrióticos del país y el mundo. “Hay  importantes acontecimientos  en nuestro andar de pueblo joven que suelen pasarse desapercibidas y una de esas es la que comprende a mayo, el sísmico mes de las huelgas desatadas por los trabajadores hondureños en 1954”, indicó.  

“Mayo lleva impresa hacia el futuro la huella luminosa de una gran victoria de los humildes. Mayo es un camino de luchas con la perspectiva de grandiosos éxitos para el pueblo hondureño. Mayo es ya un ideal, un programa y un método revolucionario para la acción de masas por reivindicaciones de clase y por la liberación nacional”, indicó la dirigente popular Norma Cruz. 

Manifestó  que las enseñanzas  de la huelga de 1954,   deben de retomarse como la guía de organización, de acción y de movilización en la agenda de lucha del pueblo hondureño, porque actualmente el camino de mayo se ha abandonado, producto de estrategias desmovilizadoras gracias a las intervenciones oportunistas y burocráticas en el movimiento  sindical y obrero. 

El 29 de abril de 1954 inició la huelga más grande que Honduras ha visto en su historia. “Nos atrevemos a decir que la gran huelga de 1954 fue, junto a las movilizaciones contra el golpe de Estado perpetrado por el ejército y  la clase política-empresarial, los dos acontecimientos más importantes registrados por la lucha de clases en Honduras durante los últimos cien años”, Manifestó. . 

“Las  enseñanzas de las huelga bananera están más vigentes que nunca, entre ellas los métodos de movilización, la democracia obrera y la huelga; herramientas que han sido abandonadas por completo por la conducción del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)  y las mismas centrales Obreras”, concluyó. 

Protestas de uno de mayo 

Una sola marcha preparan las centrales obreras junto al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) para el próximo lunes 1 de mayo cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo, condenando el desempleo, los despidos masivos, la crisis económica que afecta al país y la imparable violencia.

La movilización está programada para arrancar a las 7:00 de la mañana desde el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura de la Casa Barahona, en el barrio La Granja hasta llegar a la plaza central de Tegucigalpa donde se leerán los pronunciamientos.

Los trabajadores reconocen que en los últimos años han perdido la beligerancia para defender los derechos de sus afiliados y muchos sindicatos ya desaparecieron y otros están en peligro de extinción.

“La convocatoria le hemos desarrollado  por parte de la Central General de Trabajadores (CGT), Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)”, indicó el dirigente popular Juan Barahona.  

Aparte de los sindicatos también participarán las organizaciones campesinas, trabajadores informales, los dirigentes de patronatos y pobladores por la crisis económica que ha generado el gobierno con las tasas impositivas y las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las acciones se llevarán de forma simultánea en las ciudades como: Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Tocoa, entre otras. 

Los temores de las comunidades de la parte baja del sector Pajuiles en el municipio de Tela, Atlántida se convirtieron en realidad. El empresario Jason Hawit no está dispuesto a mantener más tiempo su proyecto paralizado. Él es parte de una de las familias más poderosas de la ciudad de El Progreso, Yoro, incluso del país. Varios de sus hermanos, tíos y primos, además de los potentes negocios con que cuentan, han sido funcionarios públicos en varias administraciones nacionalistas. 

Jason Hawit Bueso es el actual presidente de Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. HIDROCEP, una empresa que construye una represa sobre las aguas del río Mezapa, fuente que abastece a comunidades de los departamentos de Yoro y Atlántida en la zona norte de Honduras. 

Desde que el empresario anunció la construcción de la hidroeléctrica, avalado por la alcaldía de Tela, las comunidades se organizaron para defender su fuente de agua. Denuncian que el proceso de adquisición de permisos se dio de forma irregular, incluso dicen que se manipuló un cabildo abierto donde el alcalde Mario Fuentes dio el espaldarazo para iniciar con la construcción. 

Las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia-MADJ- han denunciado ante las autoridades ambientales y de justicia, hasta ahora sus reclamos no tienen eco. 

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Ante el silencio avalador que las autoridades locales y nacionales mantienen, los pobladores y pobladoras decidieron tomarse los dos puntos de acceso a la zona donde la empresa construye la hidroeléctrica. Tomaron una cadena y armaron turnos de vigilancia para evitar el paso de volquetas y cualquier otra maquinaria que lleve material para seguir labrando el río como parte del proceso de construcción de la presa. 

La toma lleva 39 días. Las presiones y agresiones siempre han estado para los pobladores y pobladoras, ya que la empresa se encargó de dividir las comunidades. A diario llegan pobladores del mismo sector amenazando a quienes mantienen la toma, diciendo que van a pagar por detener el desarrollo del sector. 

Esta semana, cuando la toma cumplía 37 días la empresa mandó las volquetas con la intención de subir el material, ante la negativa de las comunidades de no permitir su paso, decidieron instalarse frente al campamento, lo que ahora mantiene un ambiente de tensión, hostigamiento y amenazas. 

Albertina López, lideresa del sector, denunció que el empresario, con ayuda de activistas del programa “Vida Mejor”, intentó engañar a la gente para subir los materiales hasta el plantel donde ejecutan el proyecto. 

Ante el peligro en la zona, la policía del municipio de Tela llegó, no con la intención de mediar el conflicto, sino a demandar a las comunidades dejar la toma, abrir paso para que las volquetas suban. 

El comisionado Lenin Pineda Bocanegra pidió suspender la toma: “para lograr mantener la paz y la libre circulación”. Ante la negativa de las comunidades, el comisionado dijo que las volquetas tampoco se podrían quitar porque también tienen derecho a manifestarse. 

El peligro es latente. Las volquetas, carros y trabajadores de la empresa se encuentran en el lugar de la toma, hostigando e intimidando a los que están en el campamento. Hasta ahora autoridades se muestran cómplices a las decisiones de la empresa, olvidando su papel de mediar para evitar que la violencia llegue. 

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Actualmente  más del 35 % del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, sumándole a esto las concesiones de los ríos podríamos decir que cerca de un 50% del  territorio se encuentra en manos de la industria extractiva.

Organizaciones defensoras del ambiente aseguran que en Honduras existen más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas y varias concesiones para la construcción de proyectos turísticos.

Santa Bárbara, Atlántida y Yoro  son los departamentos  donde existen más concesiones mineras e hidroeléctricas, sin olvidar otras regiones del país, como la zona sur, el departamento de Colón, y el resto los departamentos del occidente.

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