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Radio Progreso
Jennifer

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No se pierda la nueva edición de la Revista Envío para conocer a profundidad la realidad que nos rodea y decidir desde ese conocimiento. Este mes contiene artículo como: La realidad sociopolítica de Honduras en 2016: Trazos pintados con sangre y un trasfondo de verde esperanza del padre Ismael Moreno, SJ. También un análisis sobre la ilegalidad de la reelección presidencial en Honduras, escrito por el doctor en derecho internacional Joaquín Mejía. Y el seguimiento de la serie: Auge y decadencia de la ideología de la desigualdad: Un cuestionamiento necesario a la hegemonía neoliberal (3) del historiador hondureño Marvin Barahona. 

DESCÁRGUELA AQUÍ: 

Analistas invitados:  Waldo Rivera, abogado, notario y catedrático universitario y Joaquín Mejía, abogado, Doctor especialista en derechos humanos.

La Sala de lo Constitucional miente, cuando dice que la prohibición de la reelección presidencial es contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH reconoce límites a la universalidad en el derecho a la participación política, aseveró Joaquín Mejía en el análisis de realidad mensual del ERIC, realizado el viernes 3 de marzo.

Para el abogado Waldo Rivera, el error de la Sala de lo Constitucional que convierte en legal la reelección presidencial es declarar inconstitucional artículos de la Constitución relacionados con la reelección presidencial, suplantando el poder del Soberano. Solo una asamblea nacional constituyente puede modificar la Constitución, dijo.

"Si las autoridades no se rigen por la legalidad entonces no hay institucionalidad y por tanto no hay estado de derecho”, advirtió Mejía Rivera.

 

Después de su pronta entrada en vigencia, la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, que contiene las reformas penales, termina de sellar la política de militarización en todos los entes de seguridad, estrategia  que el gobierno de Juan Orlando Hernández le aposto desde su inicio, aseguran analistas e integrantes de sociedad civil.

El paquete de reformas penales, aprobado en su totalidad el 22 de febrero, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta fue entrado por el presidente Juan Orlando Hernández a la Fuerza Interinstitucional Nacional (FUSINA).

“Señores y señoras de FUSINA: ustedes me hicieron el planteamiento en su momento sobre la necesidad de estas reformas, dimos la lucha y la batalla, y prevalecimos con nuestro argumento en el Congreso”, dijo Hernández a los cuerpos militares, luego de asegurar que “quienes venían aprovechando los tecnicismos legales y los más insidiosos terminarán su vida en El Pozo”.

Hernández frente a militares y policías aseguró que “ahora los agentes de seguridad del Estado contarán con garantías, las que siempre deberían de existir en favor de los que ponen el pecho en favor del pueblo hondureño a todas horas.

En ese sentido, Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), es del criterio que la acción de Hernández y las nuevas reformas Acción sellan y dejan en  claro la remilitarización del Estado y la sociedad.

“Estas reformas penales deben de verse en el contexto de la remilitarización de la sociedad, y en ese sentido de darle todas las facilidades y toda la impunidad a las fuerzas de seguridad del Estado”, apunta Mejía.

Mejía, quien señala que el gobierno internacionalmente queda como excluyente, autoritario y, agrega que las reformas penales reflejan la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, “dispuesto a seguir con esta lógica alrededor de la seguridad, violentando los estándares internacionales”.

De acuerdo a Guillermo López Lone, integrante de la Coalición Contra la Impunidad, frente a las ya vigentes reformas penales, las organizaciones de sociedad civil deberán agotar todas las instancias jurídicas nacionales, entre ellas el recurso de inconstitucionalidad.

López Lone indica que los integrantes de sociedad civil deben “analizar concienzudamente ese paquete de reformas, y determinar en qué se opone a la Constitución, o sea con qué es incompatible de alguna norma constitucional y preparar en el corto Plazo un recurso de inconstitucionalidad”.

Agrega que es muy probable que la Corte Suprema de Justicia dilate la resolución del recurso de Constitucionalidad  y resuelva declarándolo sin lugar, sin embargo, “hay que agotar todos los trámites para evidenciar que las autoridades que están violando los derechos humanos emitiendo una legislación que coarta la libertad de expresión y el legítimo derecho de la población a la protesta social”.

Por su parte, Raquel Isaula, directora de la emisora comunitaria del Distrito Central RDS-Radio, es del criterio que ante la nueva legislación, que criminaliza la protesta social y coarta la libertad de expresión, los medios alternativos y comunitarios deberán crear un Frente Amplio.

“Sobre todo nos preocupa a nosotros que manejamos medios virtuales, medios en línea porque ese decreto como que va dirigido a las redes sociales, no estamos exentos, están amplio que se pueden inventar cualquier cosa para decir que estamos cometiendo delito, pero los más importante es que nos organicemos como medios de comunicación alternativos para hacerle frente a eso”, reflexiona y propone Isaula.

Contrario a la propuesta de la directora de RDS-Radio, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, dijo que “los medios y periodistas deben andar con mucho cuidado”.

Las nuevas reformas al Código Penal, en su artículo 335B, establecen peas de cuatro a ocho años de reclusión las personas que incurren en apología del odio e incitación al terrorismo a través de medios de comunicación o difusión.

En el aire está el compromiso del Congreso Nacional, mediante el cual aseguró que nombrará una comisión técnica para revisar el artículo 335B, consideración que hará dicha comisión luego del proceso electoral primario del 12 de marzo.

En Honduras se van a celebrar las elecciones primarias el próximo domingo 12 de marzo. El Tribunal Supremo Electoral está convocando al pueblo hondureño para que participe aunque los que lo harán serán los denominados miembros de los partidos o comúnmente llamado “votos duros” con los que se elegirán a sus competidores para las elecciones generales de noviembre.

“Hemos estados trabajando muy fuerte en el Tribunal con todo lo que incluye para las elecciones en este 2017, específicamente para el 12 de marzo que son las elecciones primarias del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre con sus 17 movimientos que conforman dichos partidos” manifestó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Erick Rodríguez.

Sin propuestas

Durante la campaña política de cara a las primarias, la población hondureña estuvo en un escenario totalmente vacío, sin contenidos y sin propuestas de país. Para el analista político, sociólogo Eugenio Sosa, no hay competencia en los partidos políticos.

“La principal ausencia es que en la mayoría de los partidos prácticamente no hay competencia política real, por lo menos a nivel presidencial. Para el caso el Partido Nacional, la competencia del presidente con el otro movimiento es una ficción, es simbólico, en Libertad y Refundación también, los únicos que, aparentemente, van a una campaña más competitiva es el Partido Liberal porque hay dos candidatos de los que no sabe exactamente por donde se va a girar la balanza” dijo Sosa.

En relación a las cancioncitas que prevalecen en este ambiente político, Sosa sostiene ese es el fiel reflejo de la tragedia que vive este pueblo hondureño. “Se ve algunos anuncios de diputados que realmente dan pena, el mismo show de siempre. Esas cancioncitas reflejan la tragedia de este país. La tragedia es tan grande que sólo quedan dos opciones: llorar o reír. Eso es lo que usted siente con esos anuncios, o se pone a llorar o se echa un tango igual que los que se están echando allí, una tonada” reflexionó Eugenio Sosa.

Para Elvin Hernández, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric de la compañía de Jesús, no hay ningún tipo de propuesta real que toque los grandes hilos que nos generan los problemas en el país.

“Los hilos que nos tiene empobrecidos, los hilos que nos tiene en los mayores niveles de desigualdad, los hilos que nos tiene en los momentos de mayor crisis de violencia, mayor crisis de economía y mayor crisis de corrupción y mal gobierno. Esos hilos, esos grandes temas son las grandes ausencias de esta campaña política electoral” dijo Hernández.

Eugenio Sosa es del criterio que los políticos no están aprovechando la posibilidad de que el ciudadano se entusiasme para poder incorporarlo al análisis de la problemática nacional. “Vamos con las mismas reglas del juego, manipuladas también porque eso de que un candidato puede ir en todos los movimientos, ese es un trastrocamiento de la ley donde se han puesto de acuerdo algunos partidos políticos” analizó Sosa.

Elvin Hernández por su parte, se adelantó a posibles escenarios futuros de la clase de funcionarios que estarán gobernando el país. “Yo me estoy imaginando un Congreso Nacional conformado por futbolistas, por cantantes, por activistas de cara bonita, sin ningún tipo de formación política y sin ningún nivel de principios éticos para desempeñar el cargo. Esa misma tendencia se va a expresar también en las alcaldías y en el poder ejecutivo, y ese va a ser el talante de funcionarios públicos que vamos a tener. Cuando tienes el talante de ese tipo de funcionarios ¿quién toma las decisiones?, quien esté por encima de ellos, y en este caso quien está por encima de ellos es el presidente” aseguró el investigador Hernández

Reelección, caso aceptado

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió hace unos meses, que el tema de la reelección presidencial es un caso juzgado. Esa determinación también la han asumido los políticos de oposición que ahora ven las elecciones como el tema más importante y que el tema de la reelección presidencial ya es un caso aceptado.

“Esta campaña electoral es atípica, y lo atípico tiene que ver, por un lado, con la reelección de una persona que estando en el poder tiene todos los recursos y usándolos de manera ilegal está haciendo su campaña. Y por otro lado, está la ausencia de propuestas, las propuestas se quedan en los eslogan, uno se encuentra gente que te dice que va con los chocoyos, que van con buena onda, el otro que te dice es un orgullo en el país, y los otros que te dicen que son la mejor opción” explicó Elvin Hernández, investigador del Eric.

Así como el presidente busca la reelección en medio de la controversia sobre la legalidad o no, muchos diputados también van en la misma ruta, y los alcaldes no se quedan atrás.

Entre un 85 y  90% de alcaldes y alcaldesas están buscando la reelección de sus puestos, según los datos proporcionados por la Asociación de Municipios de Honduras, AMHON.

“Hay entre un 85 y 90% de los gobiernos locales, sean alcaldes o alcaldesas, van a la reelección, esto significa que son alrededor de 260 alcaldes y alcaldesas del país. Hay un porcentaje muy pequeño, creo que es el 2% que corresponde a alcaldes que van a otro cargo de elección popular a nivel de diputaciones, y un 3 o 4% no van a ningún cargo o porque están privados de libertad” detalló el doctor Nery Cerrato, presidente de la AMHON.

A criterio de Víctor Henry, ex asesor de la AMHON, buscar la reelección en las alcaldías se volvió un negocio rentable porque se dejó de pensar en el beneficio colectivo y se optó por satisfacer los intereses personales.

“Eso (reelección de los alcaldes) debe ser dirigido por un proceso consiente, en el cual la ciudadanía diga: este alcalde ha resuelto mi problema, ha luchado por mí, entonces en ese proceso debe la gente decidir si lo reelige o no” manifestó Henry.

El que lleva más periodos es Carlos Miranda con cinco elecciones y va por la sexta en la alcaldía de Comayagua. Así mismo hay alcaldes con cuatro periodos o tres periodos que son la mayoría que busca reelegirse

El ex asesor de la AMHON analizó que ninguno de los alcaldes en las internas hace propuesta de gobierno. Recomendó que la Asociación de Municipios tiene un departamento que se llama incidencia política y otro de capacitación en el cual se le debe enseñar a los gobiernos locales a preparar los programas de gobierno.

“Las propuestas de los alcaldes deben estar integrados al desarrollo nacional, a los planes regionales de desarrollo que existen. También debe tener en cuenta los planes que tienen que ver con el objetivo del desarrollo sostenible que son acuerdos del Estado de Honduras con instancias que buscan el desarrollo a nivel internacional” dijo Víctor Henry.

“Creemos en la continuidad de los procesos y esperamos que la población pueda respaldar a las buenas autoridades locales que tengan una alta capacidad de gestión” señaló el doctor Cerrato.

Silencio, a reflexión

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, TSE, anuncia que la campaña política finaliza el lunes a las 12 de la noche. “Queda suspendida la publicidad de los diferentes candidatos y se comienza con el silencio electoral donde los candidatos podrán ir a algunos programas para mostrar sus planes de gobiernos a los hondureños pero sin pedir el sufragio a los electorales, sin tratar de inducirlos mediante una canción o por cualquier otra forma” dijo Erick Rodríguez, presidente del TSE.

Sin propuestas no hay mucho que analizar ni reflexionar señaló el analista, sociólogo Eugenio Sosa. “Las primarias es una antesala de lo que puede ocurrir en noviembre, y es una antesala bastante desteñida, pero bueno, allí está” manifestó Sosa.

El TSE informa que el lunes también arranca la distribución del material electoral y los kit tecnológico. Se comenzará con los lugares más alejados como Gracias a Dios, Lempira, Ocotepeque, Copán, Intibucá, informó el organismo electoral.

Actitud ciudadana

Aunque el panorama pinta muy gris, la ciudadanía tiene una palabra que decir en medio del show que han montado para las primarias los precandidatos de los tres partidos políticos que compiten internamente.

“En este proceso electoral estamos con la enorme responsabilidad de informarnos, de tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo como país. Si como ciudadanos no tomamos conciencia del momento histórico que estamos viviendo y seguimos metidos en el futbol, en la novela, en el guaro, ese comportamiento sólo daría poder a los que ya tienen poder” manifestó el investigador del Eric, Elvin Hernández.

Aunque resuena en los medios de comunicación la denominada unidad de la oposición en torno a buscar una candidatura única, algunos no se hacen ilusiones de lo que pueda pasar ya que todavía no se le ve forma a dicha propuesta.

“Yo creo que el real momento de la oposición debe ser después de las primarias si realmente logra cuajar su proyecto de cara a unas elecciones generales de este noviembre de 2017” finalizó Eugenio Sosa.

Una lucha incesante en defensa de los bienes naturales mantienen las comunidades del sector Mezapa, Tela, Atlántida. A través de tomas de carreteras, movilizaciones y denuncias públicas demandan la cancelación de la construcción de la represa hidroeléctrica centrales El Progreso “Hidrocep”.

Luego de realizar una toma de carretera el pasado jueves 23 de febrero, las comunidades se reunieron en La Ceiba, Atlántida con representantes del Ministerio Público, Gobernación departamental, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), donde se acordó una inspección In Situ para verificar el daño que está causando sobre el Río Mezapa, la construcción de la represa.

Inspección 

Desde muy temprano y tal como lo habían pactado, todos los actores subieron a la parte alta de Pajuiles, en la Cordillera Nombre de Dios. Durante el recorrido por la orilla del afluente las autoridades comprobaron el nivel de destrucción que ha causado los primeros trabajos de construcción de la central hidroeléctrica.

El abogado José Luis Rodríguez, Fiscal Regional del Ambiente, dijo que en efecto en el sector hay un grave impacto a la naturaleza, aseguró que las investigaciones continuarán. “Comprobamos que existen daños, pero  a medida que avancen las investigaciones veremos que procedimiento sigue para proceder conforme a Ley, señaló”. 

A pesar de haber verificado la destrucción el Fiscal del Ambiente no dejó claro cuando procederán a detener los trabajos de construcción.

El ambientalista del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), Pedro Landa cree que con toda la evidencia encontrada hay pruebas suficientes para proceder contra la empresa y hacer los requerimientos respectivos. Landa apuntó que también hay pruebas para iniciar otro tipo de procesos, no solo en la parte ambiental, si no también en la parte administrativa.

“Es importante tomar en cuenta que pudieron haberse dado situaciones de abuso de autoridad, negligencias, incumplimiento de los deberes de los funcionarios púbicos, esto implica investigar todo el proceso de licenciamiento” señaló el ambientalista.

Hasta la fecha la empresa hidroeléctrica avanzó varios kilómetros con la apertura de la carretera, se construye la sala de máquinas y en cierta parte desvió el río para extraer la piedra, misma que se utilizará en la construcción. 

No se han respetado las medidas de mitigación del impacto y gran parte de la tierra que han removido cae directamente en la principal fuente de agua que tienen las más de 20 comunidades.

Para Juan Ramón Ramos, miembro del comité ambientalista en el sector Mezapa, es urgente que se paralice la maquinaria porque están dañando los nacimientos de agua y están acabando con gran parte de la montaña. El poblador dice que hay comunidades donde mientras las maquinas trabajan en la parte alta, el agua les llega como chocolate, llena de lodo.

“Esperamos que después de la inspección esperamos una solución, pues han comprobado con sus propios ojos la destrucción que está realizando Hidrocep” agregó.

Burlados

Entre los acuerdos logrados el pasado 23 de febrero estaba también una reunión con el Ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), José Galdámez, misma que se realizaría en Tegucigalpa el martes 28 de febrero.

Sin embargo las comunidades fueron burladas por el funcionario porque no los recibió y en su lugar fueron las secretarias las que recogieron los documentos que llevaban los representantes de las comunidades, argumentaron que el funcionario  se encontraba en una reunión con el Presidente.

Jacobo Benitez, vicepresidente de la junta de agua lamentó la negativa del ministro Galdámez y aseguró que no se darán por vencidos  hasta lograr que se cancele la concesión del Río Mezapa, En ese sentido dijo que seguirán la lucha en la calle y aumentaran la presión para que las comunidades no sigan haciendo oídos sordos ante la exigencia que tienen las comunidades.

Lenta, cansada y con un embarazo de cinco meses, iba Rosalina caminando bajo el inclemente sol de Tegucigalpa. Rosalina no está acostumbrada a caminar en el pavimento en una ciudad que cada vez se ve más muerta, o más industrializada. Esta mujer lenca de Río Blanco, Intibucá, decidida, se fue con una de sus hijas, esperando el onceavo hijo, porque quería ir a gritar que DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) mató a Berta Cáceres, y que, a un año de ese crimen, debe pagar. 

La empresa DESA que desarrolló el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque en Intibucá y Santa Bárbara, querelló la semana pasada a Suyapa Martínez del Centro Estudios de la Mujer (CEM-H) por señalarlos públicamente como autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres. Por eso, las comunidades y diversas organizaciones de derechos humanos, la respaldaron denunciando públicamente que DESA tuvo que ver en el crimen, así conmemoraron un año de impunidad. 

Berta Cáceres fue asesinada el dos de marzo de 2016 en su casa, casi a media noche. El crimen comenzó a investigarse como un crimen pasional, pero la presión nacional e internacional marcó la línea de investigación y hasta ahora hay ocho personas capturadas, entre ellos exmilitares y hasta un ingeniero empleado de la empresa DESA, en ese momento la mayor enemiga de Berta. 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta, salió el pasado miércoles a las calles para exigir justicia, a un año del crimen que le arrebató a su máxima líder. Encabezando las actividades iba su hija, una de las menores, Berta Zúniga. Pequeña y delgada, pero con voz fuerte, en ningún momento quebrada, dijo que el Copinh nunca se va a detener hasta que salga DESA del pueblo lenca, junto con todos los proyectos extractivos apostados en las comunidades más humildes de Honduras. 

Rosalina la mira desde la sombra del único árbol grande alrededor, ya cuando llegaron a la Corte Suprema de Justicia para hacer un plantón. Delgada y pálida cuenta que se siente cansada y que padece anemia, pero aun así no podía quedarse en casa, sin hacer nada para exigir justicia. Sus ojos hundidos muestran que no se alimenta bien y su apariencia de mayor edad es consecuencia de la vida dura que ha llevado. Esa vida que comparten las mujeres indígenas. 

Ella estuvo allí cuando la comunidad cerró la calle para que las máquinas de DESA no pasaran y no siguieran construyendo la casa de máquinas para el proyecto hidroeléctrico que funcionaría tomando el agua del río Gualcarque, en cinco kilómetros de su recorrido por los departamentos occidentales de Intibucá y Santa Bárbara.  

El Gualcarque es uno de los ríos más caudalosos de Honduras, y esta concesión fue vista como una amenaza por una parte del pueblo lenca. Así llegó Berta a Río Blanco. Junto con la organización comunitaria logró evitar que la trasnacional Synohidro continuara trabajando con la empresa DESA y evitó que el Banco Mundial siguiera financiándola. Un año después del derrumbe de este proyecto, asesinaron a Berta. Rosalina dice que, aunque por ahora el proyecto está detenido, las amenazas siguen. Nada puede repararse en su comunidad mientras haya impunidad. 

 El abogado Víctor Fernández, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) y acusador privado en el caso de Berta, llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respaldado por la representación de nueve  pueblos indígenas de Honduras liderados por Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Su objetivo era presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos decretos que le dieron vida legal al proyecto Agua Zarca de la empresa DESA. Los decretos 67 y 68-2011 que convirtieron en ley la contrata de aguas y el contrato de generación y distribución de 21 MW de energía que producirían con el río Gualcarque y aun no lo hacen.

“Queremos que la CSJ emita una sentencia, que, en términos técnicos, se convierte en una ley en sentido negativo porque niega la vigencia de estos dos decretos y automáticamente tendría como consecuencia la revocación que dejaría sin valor o efecto la concesión sobre el rio Gualcarque”, explica el abogado y ex fiscal. 

La actual CSJ ha emitido fallos contradictorios en temas de contratos impugnados. Tal es el caso de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los decretos que hacen ley los contratos de concesiones viales. La Corte al decir que estos recursos no son válidos porque los contratos no son ley, desconocen la obligatoriedad de estos proyectos. Eso podría ocurrir en el caso de DESA. Sin embargo, las comunidades no creen que desde la institucionalidad pueda haber una solución. 

“Nosotros por eso queremos que esta represa el presidente la anule. Aunque también queremos que no logre reelegirse para que no siga atacándonos con represas y mineras, eso no nos trae desarrollo”, dice Rosalina. 

Un crimen que sigue en la opacidad

En Honduras la impunidad es el día a día. Existe entre 90 y 96% de impunidad en homicidios, siendo uno de los países con más altas tasas de violencia. A esta realidad se agrega que además este país fue catalogado recientemente como el lugar más peligroso para activistas ambientales, según la organización inglesa Global Witness. A pesar de eso, hubo cierta esperanza de que el crimen de Berta se resolvería con mayor diligencia, por la presión internacional. Sin embargo, cada captura que se hace por este caso, vuelve más confuso el panorama y se aleja de los autores intelectuales. 

“El caso de la investigación penal está en curso, la causa en contra de ocho de los autores materiales e intermediarios tiene deudas fundamentales con la investigación sobre los autores intelectuales del crimen. El contexto de la investigación muestra que el crimen fue ideado y decidido por unos actores que aún no aparecen en la investigación”, aduce Fernández, el acusador privado. 

Esta semana el periódico inglés The Guardian, publicó una investigación en la que determinan que el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.

Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y minimizado la detención del oficial en servicio Mariano Díaz, que fue apresuradamente dado de alta del ejército. Pero los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el Guardian revelan que: Díaz, un veterano de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.

Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.

Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un exfrancotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.

Hay ocho personas capturadas, sin embargo, aún no cae la responsabilidad en las personas que planificaron el crimen. Gaspar Sánchez, miembro de Copinh además denuncia la secretividad en que el Estado mantiene el caso. Ni la familia ni los acusadores privados conocen el expediente. En septiembre de 2016 el expediente de este caso fue robado del carro de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que se lo llevaba para estudiarlo en casa. Después de ese hecho, el presidente del poder Judicial adujo que la corte perfectamente podía rearmarlo y que nada había pasado. 

Sin embargo, la situación de desconfianza aumentó. 

“Todo esto demuestra la falta de voluntad del Estado de llegar al fondo de la investigación y de acusar los altos mandos de ese crimen, tal como los dueños de Banco Ficohsa que están en la junta directiva de DESA, la empresa culpable de este asesinato”, expresó Gaspar. 

Por otro lado, un vacío de la investigación también es la falta de deducción de responsabilidades de funcionarios del Estado que debieron proteger a Berta, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Fernández también agregó que “hace falta determinar responsabilidad de otros dos actores: las empresas como DESA deben tener un nivel de responsabilidad y la investigación debe apuntarnos cómo exigir esa responsabilidad, por otro lado, están los financiadores, los bancos nacionales o internacionales tienen responsabilidad que no pueden eludir, a la investigación le hace falta determinar esa responsabilidad. Cuando un caso tiene la secretividad que tiene este lo que demuestra es que se está protegiendo a estas estructuras militares, económicas que son las que están ideando estos crímenes que generan terror, este es el terrorismo que tenemos que tener regulado para una investigación eficiente que necesita este país”. 

Presión internacional

Desde el lunes que comenzaron las actividades, hasta el fin de semana con la visita a La Esperanza y Río Blanco, fue evidente el acompañamiento de organizaciones internacionales a la familia de Berta y al Copinh en su exigencia por justicia. 

El día del plantón en la Corte Suprema de Justicia, la comisionada adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras Silvia Lavagnoli, acompañó la caminata junto con una comitiva de observadores de Naciones Unidas.  Lavagnoli dijo a Radio Progreso que están acompañando la investigación del crimen de Berta Cáceres, como muestra del peligro que enfrentan los defensores y defensoras de bienes naturales en el país. Además, expresó que están preocupados por los altos índices de violencia, y sobre todo impunidad que se mantiene en Honduras.

El Centro de Amistad y Encuentros Utopía, en La Esperanza, Intibucá recibió a personas de las comunidades en resistencia y a miembros de la comunidad internacional que siguen haciendo cabildeo en sus países, auditando organismos financiadores, instituciones financieras y empresas trasnacionales detrás de proyectos lesivos para las comunidades indígenas en Honduras y Latinoamérica. 

Esta semana, también el congresista estadounidense Johnson reintrodujo la Ley Berta Cáceres que pretende retener fondos de Estados Unidos para la policía y el ejército de Honduras en nombre de los derechos humanos.

Berta fue sembrada, no asesinada

El lema de la conmemoración de este aniversario fue que Berta fue sembrada, no asesinada. Hubo pocas lágrimas en el encuentro para recordarla y ratificar el compromiso de resistencia de las comunidades indígenas contra el extractivismo. 

Hubo música, baile, risas, y también espiritualidad. Pascualita, la más anciana del Copinh recorrió el lugar regando a los visitantes con incienso de copal. Las niñas y niños de Río Blanco cantaron canciones para Berta y hablaron de lo que recordaban de ella. Las mujeres indígenas con sus bebés en brazos gritaban: ¡Berta Vive!

“No hemos logrado pasar el luto, no lo hemos vivido como se debe”, dice Gaspar con los ojos acuosos. 

Doña Austra Berta, la madre de Berta realizó un rezo en su casa y después fue a Utopía. Habla poco, el llanto la interrumpe tras cada frase. “El gobierno es el culpable, lo que Honduras está pasando después de la muerte de Bertita es algo igual o peor a la horrorosa dictadura de Tiburcio Carías. Solo uniéndonos podemos enfrentar esto”. Ha sido como una muerte en vida para doña Austra Berta, desde la madrugada en que le avisaron que su hija fue asesinada. Y hoy ve a sus nietas tomando el puesto y también teme por ellas. 

Pero ella es el inicio de la resistencia y lo sabe. 

Hay velas por todos lados, hay un altar para Berta, la mártir de La Esperanza. Rosalina aguanta frío y con su vela escucha los discursos, los poemas, la música para Berta. En un par de días regresa a su pequeña casa en esa aldea alejada que pocos conocen. Desde allí escucha el silbido del río Gualcarque y se compromete a cuidarlo.

“Yo soy madre de muchos hijos, por eso peleo por esto. Espero que este que estoy esperando sea otro luchador también como su madre y como sus hermanas y hermanos. La empresa ha parado, pero nosotros seguimos amenazados. Dependemos del río para comer, si no lo cuidamos seremos un gran desierto. No podemos dejar de lado el legado de Berta, cuidar nuestros derechos y hacernos escuchar como mujeres”.

Rosalina saca fuerzas y dice que Berta renació. Sonríe, pero su mirada es triste: “No queremos más muerte en la comunidad”, su comunidad que nunca volverá a ser igual. 

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