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Radio Progreso
Jennifer

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La tranquilidad de Albertina y de su familia fue irrumpida por una empresa, que sin pedir permiso se instaló en su comunidad y ahora se declara dueña de la principal fuente de agua de la zona. 

La amenaza de instalar una hidroeléctrica en el río Mezapa la mantiene en un campamento desde hace más de 75 días defendiendo lo que ella considera la vida para su comunidad. Eso mismo pasó con Suyapa, una mujer de campo que ahora junto a otros miembros de la Mesa de Indignación de la ciudad de El Progreso, Yoro llevan más de 200 días instalados bajo el sol y agua rechazando que se privaticen las carreteras a través de la instalación de peajes. 

La presencia del actual modelo de extracción mantiene a cientos de mujeres y hombres defendiendo los bienes naturales y territorios, una lucha que en muchas ocasiones acaba con su vida, como ocurrió con Berta Cáceres, líder indígena de las comunidades Lencas. 

Las historias de estas defensoras y sus luchas son abordadas desde la campaña Defender Sin Miedo: tu vida, la mía, nuestra casa común, una coordinación de la Fundación San Alonso Rodríguez, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ y el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, con el apoyo de Diakonia-Unión Europea. 

La campaña es un esfuerzo por visibilizar la labor de los defensores y defensoras en los territorios, revelando sus problemáticas, generando mensajes de protección y de desmitificar su labor ante la opinión pública.

La campaña es parte de un proyecto más amplio que se ubica en las zonas donde existe mayor riesgo para personas, comunidades, población indígena y campesina que libra una lucha en contra de las pretensiones de acaparamiento que tienen las grandes concesiones mineras, hidroeléctricas y de territorios acaparados por el monocultivo. “Las organizaciones que participan en el proyecto, y concretamente en la campaña tienen su trabajo situado en la zona noroccidental, región mayormente afectada por la política extractiva que se promueve en Honduras”, dice José Palacio del equipo dinamizador de la campaña. 

“Desde el momento en que se formuló la campaña sabíamos que las organizaciones que ahora la promueven son las que están en los territorios acompañando a esas comunidades. El ERIC  tiene mucha experiencia y prestigio en apoyar y defender los derechos de los defensores, de forma particular los defensores de los territorios, la Fundación San Alonso Rodríguez acompaña directamente al Observatorio de derechos humanos en el Bajo Aguán, con toda la problemática que enfrentan los campesinos y campesinas en esta región y CDM reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo en defensa y promoción de los derechos de las mujeres. En las luchas en defensa de los territorios las acciones de las mujeres son invisibilizadas, sabíamos que con el aporte feminista la campaña dejaría muchas lecciones a la sociedad”, agrega Palacios. 

La campaña inicia su segunda etapa con el reto de seguir llevando los testimonios, acciones y protestas de esos defensores y defensoras que se aferran a sus bienes y territorios. “En los primeros 6 meses de Defender Sin Miedo¸ buscamos que la ciudadanía reconozcas las luchas y se concientice sobre la labor de defensa que se hace en los territorios, y no únicamente para esas comunidades, sino para todo el país, una Honduras que tenga sus ríos libres, playas con acceso para todos y todas”, manifestó Merary Ávila en representación de Diakonia. 

Premio Nacional Carlos Escaleras

La campaña inició en octubre 2016 con la entrega del premio nacional Carlos Escaleras que busca rescatar la memoria histórica de “uno de los más reconocidos líderes populares del Valle del Aguán. Una de las facetas importantes de su lucha fue denunciar y oponerse a las actividades de empresas que causaban daño al medio ambiente y al ecosistema del valle al derramar sustancias tóxicas en los ríos.”

Carlos Escaleras fue asesinado el 18 de octubre de 1997. Veinte años después, su asesinato recuerda que muchos defensores de la tierra y de los bienes naturales siguen enfrontándose a agresiones encaminadas a bloquear o debilitar su trabajo de defensoría. Los ataques en contra de las defensoras y defensores revelan patrones estructurales y tienen un largo expediente en los registros anuales de violaciones de derechos humanos. La impunidad de estas agresiones es cercana al 100%. 

El año anterior la campaña reconoció la labor de Miriam Miranda, actual coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, espacio que lucha por evitar el destierro de más de 40 comunidades garífunas que se oponen a proyectos extractivos en toda la costa caribeña. 

"Me niego a que Honduras siga siendo destruida por el modelo extractivista", declaró Miriam Miranda al momento de conocer que fue la ganadora del premio Nacional Carlos Escaleras."

José Palacio anuncia que la campaña este 2017 nuevamente hará un reconocimiento público de respaldo al trabajo legítimo de las defensoras y defensores del derecho a la tierra y los bienes naturales en Honduras, como un mecanismo de incidencia, posicionamiento y visibilización de su labor.  

“El premio oficialmente se lanzó para la segunda edición el primero de junio, ya se ha distribuido a través de las organizaciones los requisitos  y las fichas para la inscripción, esperamos recibir mucha postulaciones. Invitamos a las organizaciones a que hagan sus postulaciones porque sabemos a que nivel nacional hay muchos hombres y mujeres que hacen una gran labor de defensoría y protección de la vida”. 

El lanzamiento de la segunda etapa de la campaña se realizó en el marco del día mundial del ambiente como un aporte de posicionar un imaginario colectivo positivo y favorable frente a la labor de la defensa del derecho a la tierra y los recursos naturales como un aporte a la construcción de la democracia y la justicia en Honduras.

Escuchar entrevista completa sobre segunda etapa de la campaña Defender Sin Miedo. 

 

Más de 28 días permanecieron cerradas las instalaciones del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae). El movimiento estudiantil organizador de la acción de lucha exigía a las autoridades educativas que no modificaran las secciones y que no trasladaran docentes a otros colegios.

Durante la toma, las autoridades de educación en el departamento de Cortés se acercaron a los jóvenes pero sin ninguna propuesta clara que pusiera  fin a la crisis y reanudara las clases.

La toma estudiantil en el Intae inspiró a otros alumnos a pronunciarse sobre las nuevas disposiciones que vienen desde la Secretaría de Educación, en ese sentido el Instituto Oficial Patria de La Lima, Cortés lleva más de 25 días de lucha en contra de las modificaciones.

“Nos sentimos bien porque logramos nuestro objetivo, creo que el camino de la lucha es el único que puede dar conquistas a la gente afectada”, expresó Arnold Laureano dirigente estudiantil del Intae luego de la firma del acuerdo alcanzado con las autoridades del colegio el pasado lunes 5 de junio.

Para que se acordara un pacto entre autoridades y estudiantes del Intae, la parte administrativa del centro educativo buscó un acercamiento para crear un compromiso de los docentes para no trasladarlos y de la misma forma respetar la composición de las secciones en mayor parte de la jornada nocturna.

“No es posible que un maestro de física nos dé clases de Español, por eso protestábamos, porque queremos educación de calidad y el gobierno está obligado a eso”, argumentó Laureano.

Uno de los puntos que causó la molestia estudiantil es que producto del traslado de maestros, varios profesores se verían obligados a impartir clases que no son de su especialidad.

Mismo escenario se da en el Instituto Patria; a diferencia del Intae en el Patria no hay acuerdo y la toma continúa. La directora de la institución Lucía Granados afirmó que están buscando una salida a la crisis educativa y que los padres, madres y estudiantes junto a las autoridades han conformado una comisión para gestionar ante la Departamental de Educación un diálogo entre todos los sectores.

“Creemos en el poder del diálogo, ya es momento que las autoridades se acerquen a los estudiantes, que los escuchen y que aprueben consensos que eviten la pérdida de clases”, relató Granados.

Los estudiantes piden una respuesta inmediata de la Secretaría de Educación, caso contrario aseguran que la toma no la suspenderán y las clases no se reanudarán.

A inicios de mayo, los estudiantes lograron un acuerdo preliminar en el Patria, en el que las autoridades se comprometían a no mover maestros ni modificar secciones, el pacto duró una semana porque según las denuncias de los alumnos de El Patria el acuerdo no fue cumplido por las autoridades.

“Ahora ya no confiamos en ellos, el acuerdo ya no puede ser de palabra sino con un papel firmado, esa es nuestra condición”, aclaró un dirigente estudiantil del instituto limeño que prefirió no dar su identidad por miedo a represalias. 

La falta de un acercamiento de las autoridades y la exigencia de un acuerdo por escrito mantienen estancadas las negociaciones en El Patria y por el momento las clases están suspendidas.

Por su parte los estudiantes del Intae luego del acuerdo firmado con las autoridades del colegio dicen que vigilarán el pacto alcanzado y el cumplimiento del mismo, también advirtieron que si las autoridades implementan alguna modificación a las secciones volverán a cerrar el centro educativo.

El conflicto educativo en la zona norte está vigente, la falta de diálogo y concesiones de ambos sectores siguen generando la pérdida de clases en centros de educación media en el Valle de Sula.

 

En Macuelizo, Santa Bárbara, 7 comunidades están a punto de recibir una concesión de mano de una empresa canadiense que no cerró su actividad minera, simplemente la abandonó. Las comunidades han hecho de la minería artesanal su modo de buscar la vida aunque esto implique grandes riesgos para su salud, mientras no hay certeza de qué tan contaminado ha dejado la empresa minera el territorio. La falta de Estado es evidente. Vea lo que está pasando en este departamento, uno de los más concesionados para explotación minera del país.

“El trabajo en la maquila me ha destruido la vida, tengo graves problemas en mi columna, así como quistes en mis rodillas, que me han dejado con una discapacidad del 44%, y debido a esto la empresa Delta Apparel Honduras, me despidió junto a otras 24 compañeras más que también tienen problemas en su salud debido al ritmo de trabajo a que somos expuestas a diario”, indicó entre lágrimas María Gutiérrez, quien ha trabajo 19 años para la referida empresa. 

“Nos despidieron porque nos exprimieron la fuerza laboral y  porque hoy ya no somos productivas por las múltiples enfermedades que padecemos; imaginase que por nuestro problema de salud  nosotras ya no podemos chinear a nuestros hijos, no podemos barrer y hacer otras cosas elementales”, manifestó Carmen Troches, otra de las obreras despedidas, y quien presenta síndromes dolorosos de hombros y columna que la han llevado a tener discapacidad del 38% de acuerdo a los dictámenes médicos. 

Delta Apparel está  instalada en ZIP Buena Vista de Villa Nueva, Cortés. Esta empresa de capital estadounidense  se dedica al ensamble de ropa de vestir y emplea a 2 mil obreros y obreras.  

Los despidos de las 25 obreras se dieron en el mes de abril  debido a que ellas habían logrado tener  diagnósticos médicos que califican que tienen  graves enfermedades profesionales. 

“Las 25 obreras y obreros despedidos presentamos trastornos musco-esqueléticos irreversibles que nos han dejado con discapacidad permanente”. La Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), no ha acompañado desde que comenzamos a sufrir por las enfermedades y abril  hemos librado una constante lucha por lograr el reintegro y la reubicación laboral”, indicó Carmen Troches. 

Debido a esta lucha y las denuncias internacionales se logró sentar  a la Secretaría del Trabajo, Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), sin embargo se no se permitió que la CODEMUH integrara la  comisión para abordar el problema,  su lugar fue ocupado por la directiva del sindicato de la maquila quienes firmaron el convenio de reintegro con algunas cláusulas que a criterio de las trabajadoras les perjudicará. 

“En el convenio se habla del reintegro laboral pero ordena que se nos hagan evaluaciones con médicos afines a los maquiladores, y eso significa que un nuevo diagnóstico sería ajeno a la realidad que vivimos en nuestra salud, ya que los profesionales de la medicina responderán a intereses de la empresa maquiladora y no a la realidad que vivimos”, indicaron las obreras.   

A renglón seguido manifestaron que la lucha seguirá para lograr el reintegro y la reubicación laboral respetando los diagnósticos elaborados de manera objetiva por especialistas del Instituto Hondureño de Seguridad Social.  

Deterioro de la salud de 120 obreros y obreras de la maquila 

El caso de la maquila Delta Apparel, es la muestra de la situación que viven la mayoría de los más de 120 mil trabajadores y trabajadoras de las maquilas instaladas en su mayoría en el Valle de Sula, zona norte hondureña. “La clase trabajadora de la maquila presenta  múltiples  padecimientos de los cuales sobresalen las  enfermedades músculo-esqueléticas, que deterioran rápidamente la salud de mujeres y hombres”.  

“Los trastornos músculo-esqueléticos ocupacionales, son producidos por los movimientos repetitivos, carga estática, postura, precisión,  vibraciones y estrés. Después de varios años de trabajar en las maquilas lleva a la clase trabajadora a padecer de dolencias en los hombros, columna, cuello, brazos y manos, que en muchas ocasiones les deja imposibilitados para desarrollar cualquier trabajo por sencillo que sea”. 

Lo anterior ha sido revelado por estudios sobre situación de las Obreras de la Maquila en Honduras, elaborados y  dados a conocer  por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), organización defensora de los derechos humanos de las obreras de la maquila.

“El 90 por ciento de las obreras son menores de 33 años, esto nos indica que la mayoría de las mujeres salen a muy temprana edad de las maquilas y salen enfermas”, indicó María Luisa Regalado de la CODEMUH. 

Lamentó que en Honduras no exista una información sistemática sobre la salud de las mujeres  y hombres que laboran en las maquilas. “Esto es preocupante porque la mayoría de obreros y obreras presentan por lo menos 5 padecimientos que tienen que ver con el trabajo que desarrollan.   

El horario de horas promedio de trabajo que desempeña una trabajadora de maquila es de 12 horas, durante cuatro días consecutivos, con un descanso de 4 días (sistema al que se le llama 4X4). 

En estas jornadas hay trabajadoras que logran producir a diario en cada operación más de 110  docenas de prendas vestir confeccionadas. “Esto significa que desde que llegamos hasta que salimos solo es trabajo y trabajo. Para comer destinamos poco tiempo y evitamos ir al baño para sacar la meta de producción que se nos pone cada día para sacar un poco más de la salario a la semana”, dijo una obrera de la fábrica Gildan, instalada en Choloma, Cortés.  

María Luisa Regalado, asegura que todo esto se da con la complicidad del Gobierno a través de la Secretaria del Trabajo, y si no se le pone atención en el futuro cercano vamos a tener más de 120 mil trabajadores y trabajadoras con serios problemas en su salud y el Estado no tiene la capacidad de darle la atención a ese tipo de enfermedades que son provocadas por el tipo de trabajo que se desarrolla en la maquila.  

“No estamos en contra de la maquila porque sabemos que alivia el desempleo en Honduras, sin embargo estamos en contra de las condiciones laborales a las que exponen a las clase trabajadora y los salarios de hambre que les pagan. Queremos empleos pero con dignidad”, concluyó. 

En Atlántida, al norte de Honduras, la población  animada por el interés colectivo de defender el derecho humano al agua, ha montado dos campamentos permanentes de resistencia pacífica exigiendo la cancelación inmediata de dos proyectos hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep del empresario Jason Hawit  en el sector de Paujiles en Tela y de Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, INGELSA, que construye una represa hidroeléctrica sobre el río Hilamito, en Arizona,  única fuente que hasta el momento no ha sido represada en el municipio. 

Honduras está viviendo momentos complicados. Por un lado hay toda una política estatal de entrega de territorios a empresas nacionales y extranjeras, y por otro una ciudadanía activa que se juega la vida defendiendo sus bienes comunes. Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron durante el régimen de facto de Roberto Michelleti, los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

Según una investigación del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, (ERIC-SJ) actualmente el Estado ha otorgado 105 concesiones de ríos para la instalación de Represas Hidroeléctricas, 950  concesiones mineras y más de 800 se encuentran en trámite. Organizaciones ambientalistas estiman que el 35% del territorio hondureño ya fue entregado a la empresa privada para su explotación. 

Atlántida es uno de los departamentos que más agua tiene en Honduras. Cuenta con 73 ríos y quebradas de corriente permanente, 42 cuerpos de agua protegidos jurídicamente,  que están siendo amenazados por 24 concesiones hidroeléctricas, 5 de ellas ya están en operación según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. 

En 2015, la población de Arizona organizada en el Movimiento Amplio, exigió a las autoridades municipales la realización de un cabildo abierto para detener la instalación de la hidroeléctrica de la empresa Ingelsa pero el alcalde Adolfo Paguada, lejos de dar respuesta al clamor del pueblo, se unió a la empresa y manipuló el cabildo trayendo gente de otros lugares para aprobar la instalación del proyecto. Al ver las acciones del alcalde la ciudadanía auto declaró al río Hilamito libre de hidroeléctricas. 

En mayo 2017, tomando de ejemplo la lucha que libran los habitantes de Pajuiles y Mezapa en contra de Hidrocep de Jason Hawit,  la gente de Arizona armó su campamento para detener los trabajos de Ingelsa, sin embargo, la policía y algunos trabajadores de la empresa también se apostaron en el camino que da acceso al lugar donde se construirá la planta principal de la hidroeléctrica provocando miedo y hostigamiento en la población, que se resiste a ver su río en manos de la empresa privada. 

“Estamos defendiendo algo vital para estas comunidades” dice Lucila Lemus quien asegura que el río Hilamito es la única fuente que abastece de agua a todas las personas de Arizona, y que al ser represado se verán obligados a desplazarse forzosamente. Lucila junto a otras personas permanecen en el campamento noche y día evitando que los trabajadores de la empresa Inglesa continúen deforestando la montaña para instalar la represa.  Los trabajos de construcción se ubican en la parte alta del municipio. El campamento de resistencia está a unos 20 metros del río, y la calle que da acceso al lugar ha sido bloqueada por los trabajadores de la empresa y la policía quienes pretenden desalojar a la gente del campamento. 

La Constitución de la República de Honduras en su artículo 81, hace referencia a la libre circulación como un derecho constitucional, argumentando que la gente puede circular libremente por todo el territorio nacional. Sin embargo, con la instalación de proyectos extractivistas, las garantías constitucionales son violentadas. Las calles que antes transitaba la población de Arizona para ir al río Hilamito, están bloqueadas por la empresa como medida de presión para que la ciudadanía abandone el campamento y los trabajos de la hidroeléctrica continúen. En esta acción participa la policía nacional, que contrario a su misión de “Servir y Proteger”, está hostigando a las personas del campamento para que abandonen su lucha, señala Lucila. 

En Atlántida, puntalmente los pobladores denuncian a los empresarios Fredy Nasser, Jason Hawit y  Emin Abufele como los destructores de la montaña Nombre de Dios, y exigen a las autoridades la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos por los daños irreversibles al ambiente que han provocado. 

Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, INGELSA,  es la empresa que construye la represa hidroeléctrica en el río Hilamito. Desde hace 10 años la empresa ha venido realizando estudios en el río y asegura tener todos los documentos para operar en orden. “Estamos aquí para generar empleos y proteger el agua”, dijo a Radio Progreso el ingeniero Hegel Ernesto Velásquez de Ingelsa, criticando al Estado de Honduras por dar cabida a la protesta social, en vez de proteger la inversión privada. 

Por su parte Claudia Sánchez del campamento en defensa del agua, dice que ya no creen en el discurso de las empresas que llegan a las comunidades ofreciendo hasta el cielo, pero en realidad lo que producen es un infierno porque les dejan sin agua. Claudia también desmiente a la empresa al decir que todos los trabajadores de la empresa son de otros municipios, y que estos desconocen el daño que este proyecto está provocando al ambiente. 

Muchas comunidades están alzando su voz de protesta por la presencia de empresas transnacionales que con apoyo de algunos empresarios hondureños cuentan con licencias para instalar mineras, represas o para talar el bosque y sacar la mejor madera para exportarla. 

Las comunidades del Atlántida organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, han denunciado en la municipalidad de Arizona y la Fiscalía del Ambiente las violaciones a los derechos humanos y los daños irreversibles al ambiente que la empresa Ingelsa está provocando en el río Hilamito, pero hasta el momento las autoridades no han mostrado interés en resolver esta situación. 

 

 

El Congreso Nacional, previo al receso legislativo, nombró a los tres comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia, y Fiscalización de Partidos Políticos, Campañas y Candidatos.
Pese a que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) acompañó el proceso, las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y Libre se repartieron el poder dentro de la Unidad de Política Limpia colocando a un comisionado a fin a sus intereses.

Luego de pasadas horas de espera, en las que se especulaban nombres y los jefes de bancada hacían sus movimientos, la cámara decidió que el puesto de los tres comisionados de la Unidad, que tendrán como tarea fiscalizar el dinero entrante a los partidos políticos y las campañas electorales, estén a cargo de Kelvin Aguirre (Nacional), Javier Franco (Liberal) y German Espinal (Libre).
El pleno del Congreso Nacional votó a favor las mociones de los diputados Jorge Cálix de Libertad y Refundación (LIBRE), Mauricio Oliva del Partido Nacional y Yadira Bendaña del Partido Liberal, acciones que dejaron al descubierto los acuerdos entre las tres fuerzas políticas para distribuirse el poder dentro de la Unidad de Política Limpia.

La selección y nombramiento de los nuevos comisionados fue calificada por la diputada Doris Gutiérrez como prácticas manipuladoras, las que representarán los intereses de los partidos políticos y no el respeto a la Ley de Política Limpia.

“La Ley de Política Limpia va a ser un papel mojado más porque estos señores van a defender los intereses de los partidos, que aquí de manera abierta y hasta sínica los han presentado” dijo Gutiérrez, al tiempo que aseguró que los representantes de la MACCIH “saben que las personas nombradas no son las más idóneas”.

Ante la repartición de poder dentro de la Unidad de Política Limpia, el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Walter Banegas, manifiesta que lo único que queda es esperar el desempeño de los tres comisionados: “seguimos con las malas prácticas tradicionales, cuando debimos apostarle a una Unidad mucho más técnica, hoy solo queda esperar que los funcionarios electos den los resultados esperados”.

“Todos tiene su corazoncito”
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, al finalizar la sesión y juramentación de los comisionados expresó que lo importante no es la simpatía con determinado partido político sino que cumpla la ley.

“Primero hubo una evaluación de su pensum académico. En este país todo mundo tiene su corazoncito, si lo importante no es que tengan simpatía con determinado ideología lo importante es que cumplan la Ley para eso está la sociedad vigilante, y los primeros que estamos interesados en que esto camine bien somos las fuerzas políticas”, comentó Oliva.

Los tres comisionados, nombrados por el bipartidismo tradicional y el partido Libre, durarán en sus cargos y funciones seis años, según lo establecido el artículo 9 de la Ley de la Política Limpia.

De acuerdo a la Ley de Política Limpia, los comisionados de la Unidad de Financiamiento solo podrán ser separados de su cargo por faltas graves y por medio de un decreto emitido por el Congreso Nacional una vez que la misma haya sido comprobada.

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