De nuevo se ha vuelto a estremecer el Bajo Aguán en el departamento de Colón cuando esta semana fueron asesinados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, José Ángel Flores y su compañero Silmer Dionisio George en la comunidad La Confianza, en la propia sede de la organización campesina.

De acuerdo a testigos fueron cuatro hombres lo que habrían perpetrado el ataque. Todos se transportaban en motocicletas. Ambos campesinos asesinados tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH.

“La situación del compañero Ángel es una situación bastante dura porque no era el primer incidente, varias cosas le había pasado durante muchos meses, todas las había denunciado. Sufrió un atentado el año pasado, de igual manera fue detenido, criminalizado igual que su suegra, doña Orbelina Flores, que es nuestra compañera en el Observatorio” dijo Irma Lemus, secretaria del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán.

Reacciones

Casi de inmediato, el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, lamentó el asesinato del presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, José Ángel Flores, al tiempo que pidió una investigación inmediata para dar con los asesinos de este nuevo crimen emblemático.

Nealon posteó en su cuenta de Twitter: «Condenamos el asesinato de José Ángel Flores y hacemos un llamado para una investigación inmediata y exhaustiva”. Además pidió a las autoridades hondureñas que “es importante que estos asesinos sean presentados ante la justicia”.

El propio director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Atic, Ricardo Castro se hizo presente a la zona donde ocurrió el asesinato. “Yo creo que es importante decirle al pueblo hondureño que nosotros tenemos un compromiso con Honduras, y en este caso nos ha tocado venir acá como director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal a fortalecer la investigación, y creo que casos como este y muchos otros no pueden quedar impunes” dijo Castro.

En un comunicado la embajada de Estados Unidos informó que  pusieron a disposición los recursos para llevar a cabo la investigación. “He hablado esta mañana con autoridades hondureñas y he ofrecido todos los recursos del Gobierno de los Estados Unidos para contribuir a llevar a esos criminales ante la justicia”, señaló una declaración oficial por escrito de la representación diplomática estadounidense en Honduras.

La Atic promete hacer una investigación con la mayor transparencia posible. “Lo primero que estamos haciendo es  transparentando la investigación, lo segundo es estar consciente que necesitamos apoyo de la población para esclarecer este caso. Nosotros como Agencia Técnica trabajamos con muchas pruebas científicas y es eso lo que vamos hacer” dijo el jefe de la Atic, Ricardo Castro.

Estado criminal

Para la secretaria del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán, Irma Lemus, el Estado ha sido incapaz de dar la seguridad a los defensores como ha venido sucediendo con el caso de Berta Cáceres. “En este país ser defensor de Derechos Humanos, ser campesino o defender los territorios, o de los bienes comunes es un delito y uno se convierte blanco de los poderosos de este país” dijo Lemus.

Las autoridades de investigación han dejado entrever que la hipótesis más fuerte que rodea estos asesinatos podría estar vinculado a conflictos internos en el movimiento campesino. El conflicto podría estar ligado a malos manejos de las finanzas de la organización por parte de la junta directiva anterior. La nueva directiva estaba ejerciendo presión para esclarecer esas acciones, por lo que su presidente ya había recibido algunas amenazas.

El vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Muca, Marvin Alvarado, manifiesta que indigna saber cómo está de vulnerable el tema de seguridad en Honduras. “Cómo los luchadores sociales nos ponemos ante esos aparatos, esos escuadrones de la muerte, esos paramilitares que siguen asesinándonos”, expresó Alvarado.

Y el acecho, las amenazas y las zozobras se viven a diario en el departamento de Colón, donde se libra una lucha agraria pero que ha tenido una respuesta armada. “Tenemos compas que están enfrentando la persecución, viven hostigamientos, desalojos violentos y ataques incluso por los guardias de seguridad. Está la criminalización que es lo que está predominando con un montón de compas que tenemos con procesos judiciales, medidas sustitutivas” dijo Lemus.

Llamado desesperado

El vicepresidente del Movimiento Unificado de Campesino del Aguán, Muca, Marvin Alvarado dijo que el mundo debe reconocer que en Honduras no se respetan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El compañero Silmer y Ángel eran compañeros que tenían medidas cautelares, eran parte de los 123 compañeros que la Comisión Interamericana había otorgado medidas cautelares el pasado 08 de mayo de 2014, y realmente el Estado de Honduras no las implementó” dijo el representante del Muca.

“Hacemos el llamado al mundo, a los organismos de derechos humanos, a que estén pendientes de lo que está pasando en el Aguán. Los paramilitares siguen operando, siguen persiguiéndonos y ya no queremos seguir enterrando a nuestros compañeros”, dijo el vicepresidente del Muca Marvin Alvarado.