El génesis: así se conformó y degeneró el Ministerio Público

El asesinato del empresario Eduardo Piña Van Tuyl, documentado en imagen por un periodista, y la denuncia del policía de investigación en insurrección, Josué Elí Zúñiga a inicios de los 90, fueron algunos de los hechos que allanaron el camino para que en Honduras se avanzara a crear un nuevo organismo de investigación del delito, función que antes desempeñaban las Fuerzas Armadas a través de la Policía Nacional de Investigación, DNI.

En entrevista a Radio Progreso el abogado Edmundo Orellana Mercado, primer Fiscal General de la República nombrado en 1994, nos da datos y análisis para conocer en qué contexto nació el actual Ministerio Público, y por qué 30 años después la institución que debería estar al servicio de la ciudadanía, es un ente vinculado con la criminalidad organizada.

Cuando el policía Zúñiga interpuso la denuncia, dio detalles de los trabajos de sicariato, robo de vehículos y asaltos que ejecutaba la DNI, en aquel momento dependencia de la Fuerza de Seguridad Pública FUSEP (1976-1998), y a su vez un brazo armado de las Fuerzas Armadas que tradicionalmente se había dedicado a perseguir, intimidar y neutralizar líderes sociales y gremiales que consideraban enemigos políticos.

La denuncia de ese agente fue de tal magnitud que la cobijó el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Conadeh, Leo Valladares Lanza (1992 y 2002), cuyo legado puede resumirse en la documentación de la memoria histórica que permitió que la sociedad conociera la verdad sobre las desapariciones forzadas durante los años 80.

A nivel nacional e internacional se generó un movimiento que exigía la eliminación de la policía de investigación. “Fue así que buscando respuestas se integró un grupo de juristas entre los que estaban el doctor José Francisco Cardona, Moncada Silva y José María Palacios, para que diseñarán un proyecto de ley con la intención de sustraer la investigación criminal de esa policía que era apéndice de las Fuerzas Armadas”, explicó Orellana.

Ellos diseñaron una institución que tenía como fin investigar los hechos, contar con medicina forense para obtener pruebas científicas, una dirección exclusiva para luchar contra el narcotráfico y sobre esto crearon la dirección de fiscalía que integró a todos los fiscales del momento. Y fue así como llevaron la propuesta al Congreso Nacional, como había un enorme clamor popular se aprobó la Ley del Ministerio Público que conocemos en la actualidad.

El Ministerio Público es el organismo que, de acuerdo con la Constitución de la República y su propia ley, tiene atribuida la función de perseguir e investigar la ocurrencia de los delitos e identificar a los hechores para promover la acción penal; es decir, las acusaciones ante los juzgados para deducir responsabilidades.

El Ministerio Público que actualmente conocemos en Honduras nació en 1994, mediante decreto legislativo #228-93 del 13 de diciembre de 1993. Antes de ese acontecimiento existía la persecución penal a través de funcionarios dependientes de la Corte Suprema de Justicia. Era un sistema de enjuiciamiento que concentraba todas las funciones en el juez.

Bajo esa lógica, si el juez era quien investigaba, acusaba y juzgaba, era impensable imaginar que iba a dictar una sentencia absolutoria, pues estaba totalmente contaminado y prejuiciado desde el inicio de la investigación. Por eso, diversos sectores de la sociedad afirman que, con la creación del Ministerio Público, en aquellos años se profesionalizó y volvió más objetiva la acción penal.

Para ese entonces el policía Josué Elí Zúñiga con ayuda de organismos de derechos humanos se encontraba en el exilio, pero años más tarde decidió regresar al país. Lamentablemente en 2007 fue acribillado a balazos en Catacamas, Olancho, perdiendo la vida después de permanecer ingresado en un centro asistencial.

Zúñiga es recordado aún por atreverse a denunciar públicamente a las Fuerzas Armadas en por lo menos siete asesinatos, incluyendo el crimen del empresario Eduardo Piña Van Tuyl ocurrido el 29 de enero de 1993 en San Pedro Sula.

¿Cómo se eligió al primer Fiscal General?

El expresidente Carlos Roberto Reina (1994-1998), llamó al doctor Edmundo Orellana Mercado y Armando Aguilar Cruz, para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero en aquel entonces, quien movía las piezas del ajedrez era el político, banquero y empresario extinto Jaime Rosenthal Oliva del Partido Liberal.

Ni Orellana, ni Aguilar Cruz eran del agrado de Rosenthal. Como no quedaron dentro de la Corte, se les pidió su hoja de vida para rellenar el listado en el proceso de elección del primer fiscal, cuyos candidatos eran propuestos por un Consejo de Participación Ciudadana que encabezaba el actual cardenal de la iglesia católica, Oscar Andrés Rodríguez.

Según Orellana, quien iba a ser el Fiscal General era el abogado Armando Aguilar Cruz, “pero nuevamente se atravesó Rosenthal y lo excluyó. La lista fue depurándose y por defecto, el último que quedé fui yo”, explicó entre risas asegurando que el líder del Partido Liberal pidió una nueva lista, pero le dijeron que no se podía, porque el consejo encargado de las postulaciones por ley ya se había desintegrado. Edmundo Orellana, un magistrado en una Corte de Apelaciones que pocos lo conocían, estaba pasando a la historia al convertirse en el primer Fiscal General del Estado.

Edmundo cuenta que estableció tres condiciones al presidente del Congreso Nacional de aquel entonces, Carlos Flores Facussé, para poder asumir el cargo de fiscal; la primera era que el personal a integrar el Ministerio Público fuera seleccionado por concurso sin injerencia política, dos, que se le otorgara un presupuesto decoroso, y finalmente tres, que se aprobara un nuevo Código Procesal, porque el que existía era una normativa aberrante.

Flores Facussé habría aceptado las condiciones, y se contrató a expertos internacionales para la captación y formación del personal que integraría la nueva policía de investigación y las fiscalías. En menos de 5 meses se montó la institución, y como era una gestión totalmente independiente, al iniciar labores comenzaron a llegar los requerimientos fiscales.

Uno de los casos emblemáticos durante la gestión del doctor Edmundo Orellana, fue el encarcelamiento del único alcalde liberal que ha tenido la capital, Roberto “El Pelón” Acosta, señalado por cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública durante su gestión.

El Ministerio Público reveló que entre las irregularidades encontradas estaba la adquisición de un terreno que serviría como relleno sanitario, el cual se compró por un valor de 10 millones de lempiras, sin embargo, este solo habría costado cinco millones.

“Como éramos totalmente independientes, la Fiscalía General procesó hasta al propio presidente Carlos Roberto Reina por presuntos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos” apuntó Orellana asegurando que también se procesó al expresidente Rafael Leonardo Callejas, varios funcionarios liberales, nacionalistas, empresarios por el delito de corrupción, y al menos 120 militares por violaciones a los derechos humanos.

Para diversos sectores de la sociedad el doctor Edmundo Orellana Mercado, edificador del Ministerio Público, ha sido el único Fiscal General independiente que ha tenido Honduras, a pesar de su afinidad política con el partido Liberal. Sin embargo, su mística de trabajo fue mermando con la elección del segundo Fiscal General, Roy Medina Nolasco, quien había sido juez en los casos contra el expresidente Callejas.

Tanto liberales como nacionalistas vinculados con la corrupción se sentían perseguidos por la fiscalía. Aunque los liberales tenían más de 70 diputados en el Congreso Nacional necesitaban votos de nacionalistas para alcanzar mayoría calificada en la elección del fiscal.

Como la pugna estuvo tensa, acordaron reformar la Ley del Ministerio Público y repartirse la institución. Fue entonces que surgió la figura del Fiscal Adjunto, para que la institución quedará en manos de lo que se conoce como Bipartidismo (Partido Liberal y Nacional).

El primer Fiscal Adjunto fue Juan Arnaldo Hernández, hermano del ex presidente Juan Orlando Hernández, quien está preso en Estados Unidos esperando juicio por delitos de narcotráfico.

Para el doctor Orellana, fue en ese momento que el Ministerio Público perdió su esencia y camino, porque los fiscales subsiguientes comenzaron a confeccionarse a la medida de los políticos investigados por corrupción y criminalidad organizada. Así como se creó la figura del adjunto para repartirse cuotas de poder, una nueva pugna es tangible con la intención de aprobar un segundo fiscal adjunto, con el único propósito de satisfacer las demandas de las tres fuerzas políticas que ahora gobiernan el país.