La Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la Municipalidad de El Progreso, Yoro, que buscaba revertir la resolución donde se negó un desalojo preventivo contra más de 197 personas residentes de la colonia La Alemania, acusadas por el delito de usurpación.
La Alcaldía —representada por su abogado Ernesto Flores— argumentaba que el Juzgado de Letras de El Progreso había actuado incorrectamente al rechazar la solicitud de desalojo, asegurando que ya existían pruebas de propiedad municipal y señalando que las personas imputadas habrían evitado asistir a múltiples audiencias.
Sin embargo, la Corte estableció que el recurso era jurídicamente improcedente, ya que el tipo de resolución impugnada no está entre las decisiones que la ley permite apelar, de acuerdo con el artículo 354 del Código Procesal Penal. Por ello, la apelación quedó sin posibilidad legal desde su presentación.
Además, la Corte explicó que la resolución impugnada no imponía medidas cautelares ni modificaba la situación procesal de las partes, sino que únicamente negaba el desalojo solicitado, lo cual no genera un agravio que habilite la vía de apelación.
Con ese fundamento, los magistrados resolvieron por unanimidad declarar inadmisible el recurso presentado por la Municipalidad de El Progreso.
Para la abogada Dunia Pérez Rodríguez defensora de las personas acusadas, la resolución “está apegada plenamente al derecho y, más importante aún, calma el estrés y la angustia de las pobladoras de la colonia La Alemania, quienes temían ser desalojadas en estos días, aunque también recalcó que el riesgo persiste pues el proceso judicial debe continuar.
La profesional añadió que el alcalde Alexander López debe desistir de la acusación criminal y buscar una solución pacífica y dialogada.
Un grupo de mujeres de la colonia denunciaron las intenciones de la alcaldía de desalojarlos luego de 15 años viviendo en este lugar, incluso le recordaron a la municipalidad que lograron la creación y funcionamiento de una escuela que ahora atiende a decenas de menores.
Las mujeres dijeron, “le pedimos al alcalde que se ponga la mano en la conciencia porque él sabe que existe una necesidad de una vivienda digna, no somos personas malos, sino necesitadas de un espacio donde nuestros hijos pueden crecer en seguridad”, sentenciaron.
Por la presión de las pobladoras y la cobertura mediática que tuvo el anuncio de la audiencia, el alcalde López envió un mensaje de audio a la comunidad prometiendo que él no ha ordenado el desalojo y que les garantizaba que no se iba a ejecutar. Palabras que se contradicen con las acciones jurídicas que el apoderado legal realiza en nombre de esta corporación. municipal.
