La Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula vuelve a frenar los intentos de desalojo contra las familias de la colonia Alemania, al declarar sin lugar un nuevo recurso presentado por el abogado de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, Ernesto Jesús Flores Bardales. 

El caso se sigue contra 197 pobladores y pobladoras acusadas del delito de usurpación en perjuicio de la municipalidad.

El abogado municipal atacó la decisión previa de la Corte, que había declarado inadmisible su apelación contra la resolución que negó el desalojo, alegando que se violaban la tutela judicial efectiva, la igualdad de armas y el acceso a la justicia. Argumentó que, así como la ley permite a las personas acusadas impugnar una orden de desalojo también la parte acusadora debería poder apelar cuando el juez rechaza esa medida, para “hacer cesar” la supuesta usurpación.

La Corte de Apelaciones fue contundente citando al artículo 224-A del Código Procesal Penal que hace mención que las impugnaciones cuando se ordena el desalojo y el ocupante acredita su derecho de posesión, pero eso no significa que cualquier decisión sobre desalojos pueda ser apelada. El tribunal recordó que una resolución solo es apelable cuando la ley lo dice de forma expresa, y que ni el artículo 354 ni el propio 224-A autorizan apelar una decisión que simplemente niega una solicitud de desalojo.

La abogada Dunia Pérez Rodríguez del ERIC-SJ, explicó que la Corte reiteró que el recurso de reposición sirve para que el mismo tribunal revise si se equivocó, y que en este caso no encontró ninguna razón para cambiar su criterio. Al confirmar su resolución anterior y mantener el rechazo a la apelación de la Municipalidad, la Corte dio un respiro jurídico a las familias criminalizadas de la colonia Alemania, frente a un gobierno local que insiste en sacarlas de sus hogares por la vía penal.

La abogada recordó que sus representadas y representados formaron la comunidad “Colonia Alemania 19 de Junio” en la aldea El Camalote desde el 19 de junio de 2011, donde hoy viven alrededor de 238 familias en un terreno de más de 84 mil metros cuadrados. Ese predio perteneció al ciudadano alemán Gunther Bernhardt, quien murió sin dejar testamento ni herederos conocidos, y la Municipalidad se declaró heredera universal de sus bienes con base en el Código Civil, para luego denunciarlos; en 2019, el Ministerio Público presentó acusación por usurpación contra 197 personas, de las cuales 13 ya han fallecido, concluyó la defensora.

El Juzgado de El Progreso señaló audiencia inicial para el 25 de febrero de 2025, aduciendo sobrecarga de trabajo.