En enero pasado se cumplieron cuatro años de la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares, la joven hondureña raptada en el West Bay de Roatán por una red de tratantes de personas liderada por un pedófilo estadounidense. La familia está segura de que Angie sigue viva, en manos de la red, que está activa a pesar de que algunos de sus integrantes ya fueron capturados. Un intento de rescatarla falló por filtraciones de funcionarios judiciales y policías a los secuestradores.
Por: Héctor Silva Ávalos
Periodista de Investigación
El informante había asegurado que Angie Peña estaría en una fiesta en una casa de Roatán durante el último fin de semana de agosto de 2022, ocho meses después de que la joven fue secuestrada por una red de trata que opera en la isla, dirigida por ciudadanos estadounidenses y amparada por las autoridades locales. Las instrucciones y órdenes para allanar ese lugar y otros asociados a la red tenían varios días de estar a punto. Todo, se suponía, estaba listo para que varios agentes de la fuerza pública hondureña llegaran al lugar de la fiesta, detuvieran a los norteamericanos y rescataran a Angie. Pero algo falló: alguien filtró la información a los sospechosos.
La familia de Angie siempre ha estado convencida de que la joven sigue viva y no han parado en su afán por encontrarla. Han trabajado de cerca con el gobierno y la fiscalía hondureña, pero también las han increpado en público cada vez que sintieron que el caso languidecía o que alguien la desviaba.
Muy pronto, tras la desaparición de Angie, la familia se dio cuenta de que tras el secuestro y desaparición forzada de la joven hay una red de tratantes a la que un oficial hondureño definió como una de las más grandes e importantes de Centroamérica.
Investigaciones hechas por agentes privados y funcionarios públicos, a parte de las cuales el autor ha tenido acceso, indican, además, que dos de los policías que participaron en las pesquisas iniciales y una jueza trabajaron con la red al obstaculizar y desviar las investigaciones iniciales, y que un juzgado de Roatán vendió la información del expediente a la red de tratantes, a la que en la isla hondureña se conoce como Delta Team.
Durante casi dos años, el autor ha hablado con familiares de Angie Peña, con dos funcionarios de alto rango en el gobierno de Xiomara Castro, con abogados e investigadores que han tenido relación directa con la investigación y con los procesos judiciales abiertos a propósito de este caso, y ha revisado decenas de folios de informes elaborados por investigadores estatales y privados desde enero de 2022, cuando Angie desapareció.
Esas fuentes cuentan, sobre todo, una historia muy hondureña, muy centroamericana, la de una organización criminal que ha funcionado durante años protegida por jueces, policías y políticos. En este caso, una red de estadounidenses pedófilos que secuestraron a jóvenes y niñas hondureñas y las vendieron a través de catálogo o las convirtieron en esclavas de clientes VIP, hombres norteamericanos y europeos la mayoría, que viajaban a Roatán en busca de turismo sexual.
Eso fue lo que, según los indicios descubiertos, pasó con Angie Peña: un intermediario hondureño la entregó al estadounidense Gary Lee Johnston, uno de los líderes de la red, quien luego la vendió a otro norteamericano llamado William James Murdock, también conocido como el Señor Smith, Jean o el francés.
Johnston fue arrestado en agosto de 2022 y juzgado por trata y pornografía infantil en un caso que no tiene relación directa con el secuestro de Angie Peña y fue condenado en octubre del año pasado a 32 años de prisión. Su captura, no obstante, fue producto de la investigación abierta por el caso de Angie.
A la red de Johnston la protegieron durante años funcionarios judiciales y policías destacados en Roatán según confirma un auto de investigación elaborado por el Ministerio Público el 17 de enero de 2025. Aquel día, uno de los fiscales que retomó el caso ordenó ampliar la investigación por el secuestro de Angie Peña a un grupo de personas sospechosas de cometer delitos de “trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial, pornografía infantil, asociación para delinquir, tráficos de armas, tráfico de drogas”, entre ellos a los estadounidenses Harold Joseph Green, Anthony Frank Grayson, Señor Smith (William James Murdock) y a los hondureños Gustavo Trejo y Dorothy Gómez.
En su memo, el fiscal también pidió ampliar la investigación a funcionarios sospechosos de “tráfico de influencias” y “violación en los deberes”, entre ellos Jessica Montoya, jueza en Roatán, y dos policías, Jasson Quintanilla y otro identificado como “clase Carías”. Un funcionario de la secretaría de seguridad confirmó que los policías están bajo investigación y fueron separados de sus puestos en Roatán. En cuanto a la jueza Montoya, el autor intentó contactarse a su tribunal, pero no hubo respuesta.
“Qué puedo decir de las autoridades, que fueron descaradas y que cada uno de los que participó en el secuestro tiene que pagar, no importa que sean jueces o fiscales o policías. Tienen que pagar”, dice Yenely Díaz, tía de Angie Peña, al hablar de las sospechas que pesan sobre los funcionarios hondureños.
Investigación obstruida y encubrimiento
Un acta de investigación da cuenta de que, en febrero de 2022, un mes después de la desaparición, las autoridades hondureñas tenían información bastante precisa de lo que había pasado con Angie Peña desde el día en que la secuestraron, el 1 de enero cuando se subió, con un guía, en un jetski alquilado en las playas de West Bay, en el confín occidental de Roatán.
Esta sospecha quedó anotada en un informe interno de la Policía Nacional, elaborado en principio a espaldas de los agentes locales e incluso de fiscales del MP sobre quienes pesaban entonces sospechas de desidia y complicidad.
“Una fuente humana ha brindado información… Gary Lee Johnston ya hace algunos años había sido denunciado informalmente por pedofilia… Se recibió información de que él está (involucrado) en el caso de Angie y que ella se encontraba en la isla de Roatán”, dice ese informe, elaborado en febrero de 2022, cuando los agentes que investigaban la desaparición de la joven le insistían a la familia que ella se había perdido en el mar.
Un testigo que habló con investigadores hondureños aseguró que la joven había sido entregada a Johnston horas después de haber sido secuestrada en el mar, y que el estadounidense pidió ayuda a algunos de sus socios en la isla para llevarla hasta una casa de su propiedad en Turtle Beach, unos ocho kilómetros al norte de West Bay. De ahí, según ese testimonio, a Angie la llevaron a un hotel llamado The Dock, después a Colombia, y luego la devolvieron a Roatán, donde la entregaron a Murdock a cambio de entre 10,000 y 40,000 dólares.
Ya para marzo de 2022, las autoridades hondureñas tenían una idea aún más precisa de lo que había ocurrido. De entrada, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, descartó que, el planteamiento del Ministerio Público y los policías cuando el secuestro ocurrió: que la desaparición de Angie Peña hubiese sido un accidente o que la joven se haya perdido en altamar.
Villanueva, a quien la presidenta Castro en persona encargó la investigación tras escuchar las sospechas de la familia de que algo no iba bien, tomó el asunto en sus manos para enderezarlo. Muy pronto, tras entrevistas a testigos y a los agentes que hicieron las primeras diligencias, empezaron a llegar pistas sobre el encubrimiento del secuestro de Angie Peña a manos de los Delta Team, que es como se conoce en Roatán a la red de pedófilos estadounidenses, y de la complicidad de autoridades judiciales y policiales en todo el asunto.
Los policías destacados en Roatán sabían todo lo que había pasado desde el principio, pero, en complicidad con Johnston y los secuestradores, montaron una operación de encubrimiento para distraer a la familia. Esos policías y miembros de la Marina Mercante de Roatán, quienes participaron en las primeras operaciones de búsqueda, insistían a la familia de que a Angie se la había llevado una corriente marítima y que, lo más probable, es que se hubiese perdido en el Caribe o en las costas de Belice.
En febrero de 2022, poco de un mes después del secuestro, Michell Melgares, la madre de Angie, se comunicó con uno de los agentes de la Policía Nacional que investigaba el caso, a quien aquí solo nombraremos por sus iniciales, LFC, por razones legales. Melgares quería información sobre la búsqueda.
– “¿Cómo va el caso? Estoy sumamente preocupada”, pregunta la mujer.
El policía insiste en algo que él, miembros de la Marina Mercante, e incluso el jefe policial destacado en Roatán habían repetido sin parar cada vez que la familia preguntó o, incluso, en medios de comunicación hondureño: todo se trataba de un accidente.
– “Pues todo sigue apuntando a algo accidental. Estoy esperando el dictamen de lo encontrado en Belice que aún no me lo han enviado”, responde LFC.
La madre de Angie se impacienta. Ella sabe, tras días de invertir su dinero y energías en una búsqueda infructuosa tras otra, por lo que otros investigadores empiezan a averiguar y por la reconstrucción de hechos que la misma familia ha hecho, que la tesis del accidente no tiene sentido.
– “No. Yo estoy en Belice. Las corrientes son diferentes. Ese guía está mintiendo”, responde la mujer, y su respuesta encierra varias pistas sobre lo que está pasando en realidad.
Entender el encubrimiento pasa por conocer todos los detalles del secuestro a partir, primero, de los recuerdos de Lizzy Peña, la hermana de Angie y quien estaba con ella aquel día de Año Nuevo de 2022.
Ese 1 de enero, después de haber celebrado la noche anterior el fin de año, Lizzy y Angie alquilaron dos jetski cerca de un hotel, se sabría luego, vinculado a Gary Lee Johnston. Minutos después, Lizzy perdió de vista a su hermana, quien se había ido acompañada de un guía. Cuando Angie no regresó, Lizzy avisó a la familia, que de inmediato exigió a los dueños del negocio de alquiler que salieran a buscar a la joven, pero ellos se negaron. Al poco tiempo, cuando la policía entrevistó al guía con el que Angie se había ido, este insistió en que a ella y al jetski se los había llevado la corriente.
Pero no. Todos los testigos que llegaron después, así como las investigaciones, cuyos detalles permanecieron ocultos durante meses, reforzaron que la tesis del accidente fue una mentira.
Yenely Díaz, tía de Angie y quien se involucró desde el principio en la búsqueda de la joven, lo resume así:
“Mi hermana hacía la búsqueda en un avión, en un helicóptero, en una avioneta, en una lancha, en un barco, y cuando el policía las divisaba que ya venían a tierra, el policía ya estaba parado con su palabra en la boca: fue un accidente lo de su hija señora, es un accidente, lo estamos manejando como un accidente. Le decía mi hermana, y si es un accidente por qué no encuentro el cuerpo. Pero de ese hombre no salía otra palabra que accidente: lo quería meter en lo más profundo de nuestra mente y que nosotros lo aceptáramos sin ninguna clase de investigación, sin ninguna clase de pericia. Todos los que estuvieron alrededor de lo que pasó ese día casi le decían descaradamente (a la madre de Angie), cállese, usted no hable”.
La negligencia se extendió al Ministerio Público. Las dos primeras fiscales que se hicieron cargo del caso también insistían en que la tesis del accidente era válida y, de acuerdo con investigadores que estuvieron cerca de las diligencias en aquellos días, presionaban a la familia de Angie para que no hablaran del caso con periodistas. “Cada vez que ustedes hablen con los medios yo les voy a parar la búsqueda”, decía una de las agentes del MP a la familia, según confirmaron por separado dos parientes de Angie que prefirieron guardar el anonimato por seguridad.
La amenaza se hizo real en una ocasión en que los dos padres de Angie hablaron con los medios para pedir celeridad en las investigaciones. Después de eso, una de las fiscales les aseguró que había detenido un operativo de búsqueda que ya estaba programado. Otra de las fiscales, la segunda que se tomó el expediente -han sido cinco agentes del MP los que han llevado la investigación hasta ahora-, de nombre Karla Zavalah, incluso bloqueó de su mensajería electrónica a la madre de Angie según denunció Joaquín Mejía, un defensor de derechos humanos que ha acompañado a la familia de la joven.
La fiscal Zavalah, confirmaron los familiares de Angie, dejó de comunicarse con ellos durante semanas, por haber perdido “la sensibilidad y responsabilidad” y porque “desconoce o no rinde respuestas a las pericias del caso”. El autor intentó comunicarse con el Ministerio Público para obtener una reacción a este señalamiento, pero no hubo respuesta.
La familia envió el 9 de junio de 2022 una carta a las máximas autoridades de seguridad en el gobierno de Xiomara Castro en la que se quejan por la negligencia del Ministerio Público y de irregularidades que atribuyen a los agentes policiales que primero se hicieron cargo de la investigación. Denuncian, por ejemplo, que los policías perdieron o escondieron el celular de Angie Peña, una pieza importante de evidencia. El teléfono apareció luego, pero alguien ya había utilizado la mensajería de WhatsApp y había eliminado fotografías.
Una de las primeras irregularidades documentadas en el caso de desaparición de Angie Peña fue, de hecho, el trato forense que se dio a ese celular de la joven que la familia entregó a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional.
Cuando los policías aún insistían en que a Angie se la había llevado una corriente marina hasta Belice, al menos uno de esos agentes tenía pistas de que la joven podía haber estado en peligro antes de llegar a Roatán. En su teléfono encontraron conversaciones en que un hombre la amenazaba con hacerle daño a ella y a su familia por venganzas personales.
Los policías también decomisaron el teléfono a Lizzy Peña, la hermana de Angie y quien fue la primera en denunciar la desaparición, y lo hicieron “sin tener ningún proceso ni papel firmado”.
Después de marzo, cuando la oficina de la viceministra Villanueva se hizo cargo, la investigación avanzó más rápido, pero a los meses volvió a languidecer en otros despachos de la autoridad hondureña. En aquellos días, sin embargo, ocurrió algo que echó al traste definitivamente la teoría del accidente. Un funcionario judicial destacado en Roatán, quien luego aceptó haber hecho tratos y encubierto a los Delta Team, decidió colaborar con los investigadores. Este testigo, al que aquí llamaremos Chivo, destapó parte de la corrupción institucional que rodeaba la desaparición de Angie Peña.
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Angie Peña: La palabra de Chivo y una investigación estancada
Esta es la segunda entrega de la investigación sobre el secuestro de la joven hondureña Angie Peña en Roatán. Un testigo denuncia cómo autoridades judiciales vendían investigaciones a los Delta Team, la banda de estadounidenses pedófilos acusada de raptar a Angie. Varios miembros de ese grupo criminal irán a juicio a finales de este mes.
Chivo dio pistas e hizo revelaciones, una de las más importantes es que los Delta Team tenían influencia en los tribunales de Roatán, en la Marina Mercante y en la policía. Confirmó que, desde el principio, al menos dos agentes asignados a la investigación habían manipulado evidencia y habían desviado la atención hacia la tesis del accidente.
El testigo también reveló que al menos una jueza de la isla era cómplice de los tratantes al informarles de acciones judiciales emprendidas contra ellas por el MP o por acusadores particulares. Luego, durante el curso de varias entrevistas, las primeras realizadas en Roatán y las más extensas en Tegucigalpa, detalló cómo había ocurrido el secuestro de Angie Peña. Esto es lo que relató Chivo:
A Angie Peña la secuestraron en el mar por orden de Gary Lee Johnston y la llevaron a una casa y luego a un hotel llamado The Dock, cuyo dueño es también un estadounidense, Anthony Frank Grayson. Ahí estuvo entre 24 y 72 horas y luego la sacaron de Honduras durante un tiempo para luego regresarla a la isla, donde se supone que estaba cuando una fuerza especial llegada de Tegucigalpa intentó, en agosto de 2022, rescatarla. Aquel operativo falló por filtraciones de los policías locales a los Delta Team, según relata Chivo. En algún momento, en Honduras, entregaron a la joven a Murdock, quien se supone había pagado por ella.
Chivo, quien ya ha consignó su testimonio por vías oficiales, asegura que su vida corre peligro, y que las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del MP (ATIC), lejos de protegerlo, lo han amenazado. El testigo ha reiterado ya en sede administrativa lo que había dicho a los investigadores que lo entrevistaron sobre los Delta Team y sus clientes.
“Yo miré a Angie Peña. Yo sé quiénes son los Delta Team y quiénes son sus clientes, políticos y pedófilos. Roatán es eso. Lo miré y me quedé callado”, ha dicho Chivo.
Este testigo fue una de las principales fuentes de información para los investigadores que, desde la subsecretaría de seguridad y el Ministerio Público durante los primeros días del fiscal general Johel Zelaya, intentaron revivir las investigaciones empujados por la fuerte presión pública de la familia de Angie.
Chivo -oficialmente el MP le dio un código alfanumérico que aquí no se reproduce por seguridad- contó que los Delta Team empezaron “a funcionar” alrededor de 2017 y contaban entre sus clientes a “una matriz de grandes jerarcas”. Angie es solo una de las víctimas de la red que, como la del multimillonario Jeffrey Epstein en Estados Unidos, se especializaba en menores de edad para ofrecerlas a pedófilos, sobre todo extranjeros.
Sobre el secuestro de Angie Peña, Chivo reiteró a lo largo de varios interrogatorios un relato que los investigadores fueron corroborando con otros testimonios extraídos a víctimas de la red y a policías que habían trabajado bajo nómina de los estadounidenses. Reiteró el testigo que a Angie la tenían vigilada desde antes, en Tegucigalpa, que cuando se subió al jetski en West Bay su destino ya estaba sellado.
En el informe que la fuerza especial elaboró en agosto de 2022 también consta que los investigadores sospechaban que los Delta Team tenían relación con narcotraficantes locales, a quienes ofrecían jóvenes hondureñas y colombianas para intercambios sexuales por USD 300 o USD 500.
Aquellas investigaciones avanzaron e incluso llevaron a más testigos, pero, de nuevo, la desidia, negligencia o complicidad de agentes del Estado hondureño malogró algunos de esos avances. A pocos meses del secuestro de Angie Peña, la fuerza especial de investigación contaba con otra testigo, víctima también de la red, a la que ofrecieron protección. La joven, sin embargo, desistió luego de darse cuenta de que agentes sospechosos de colaborar con los Delta Team sabían que ella estaba hablando con las autoridades.
“A mí ya me hubiesen matado y ustedes ni cuenta se iban a dar. Yo solo diré que ustedes me prometieron protección y también yo le había dicho a usted sobre irme de aquí y no les importó si a mí o mi familia le pasa (sic) algo. Ahí queda en su conciencia. Porque según yo sé nadie sabía que yo era testigo protegido, pero como tanta corrupción ya ni sabe quién miente o dice la verdad. Yo espero no saber nada más de esto”, escribió la joven por mensajería de WhatsApp a uno de los investigadores. Después de ese mensaje, la potencial testigo desapareció del mapa. Nadie volvió a saber de ella.
A pesar de los contratiempos, la fuerza especial formada en Tegucigalpa, dirigida desde la subsecretaría de seguridad, logró compartimentar alguna información y entrevistar sin interferencias a testigos clave y a algunos de los agentes locales destacados en Roatán. De ahí sacaron en claro la complicidad con la banda de pedófilos y que todo el sistema judicial y la fuerza policial en la isla estaban contaminados.
“Llevamos al primer jefe (local) de la investigación a Tegucigalpa y le sacamos todo. ‘Te vamos a conseguir la baja. Te vamos a meter preso’, le dijimos”.
cuenta una funcionaria que dirigió en parte la fuerza especial que se hizo cargo de la búsqueda de Angie Peña.
Eventualmente, algunos funcionarios aceptaron complicidades con los Delta Team y dieron pistas, como nombres de hoteles, casas y ubicaciones utilizados por la red de pedofilia. También confirmaron lo que había dicho Chivo, que Angie Peña estaba viva y que la tenían en Roatán. Uno de los informantes dijo, en aquellos interrogatorios, que la joven iba a estar en una fiesta a finales de agosto de 2022. En la subsecretaría de seguridad decidieron armar un operativo para intentar rescatar a Angie.
Allanamientos fallidos
Los agentes y funcionarios hondureños enviados desde Tegucigalpa llegaron a Roatán entre el jueves 25 y el viernes 26 de agosto de 2022. La idea, según explicó una de las funcionarias a cargo del operativo, era ir directo a la casa, que según consta en los folios de la investigación abierta poco después del secuestro de Angie Peña era propiedad de Gary Lee Johnston.
La información recabada indicaba que la joven estaría en una fiesta el sábado 27 de agosto, pero los allanamientos se retrasaron por obstáculos que, según la funcionaria que participó en la operación, le pusieron el MP y el tribunal local. Los funcionarios coludidos con los Delta Team retrasaron la emisión de las órdenes necesarias para ingresar en los inmuebles. Fue hasta el lunes 29 de agosto que los equipos lograron entrar a la casa de Johnston y ahí lo encontraron con una menor de edad. Lo arrestaron. El Ministerio Público, sin embargo, no lo acusó enseguida por el secuestro de Angie Peña.
Que Johnston es parte de una red de trata vinculada a pedófilos las autoridades hondureñas lo saben desde 2017, o al menos lo sabían desde entonces una jueza, Jessica Montoya, auxiliares judiciales y policías en Roatán. Uno de esos funcionarios ha asegurado que Johnston es el principal responsable del secuestro de Angie Peña:
“Lo del gringo (Johnston) y Angie lo sabían todos en Roatán, pero él era intocable… cada vez que lo denunciaban, él quedaba con los jueces y ahí moría todo… al final los denunciantes terminaban siendo los investigados”, dice el informante en un video que consta en el legajo de las investigaciones.
Después de las pesquisas que arrancaron en 2022 tras el secuestro de Angie Peña y de que una fuerza especial de investigación, liderada entonces por la viceministra Julisa Villanueva, cortara los intentos de funcionarios locales por descarrilar la investigación, los testimonios de testigos como Chivo y otros allanamientos realizados en 2023 permitieron al Estado hondureño detener en 2024 a más miembros de los Delta Team, entre ellos Harry Green y a Murdock, conocido también como el señor Smith o Jean el francés.
Bitácoras de investigación que consignan los allanamientos realizados en Roatán en 2024 dan cuenta de que Murdock entraba y salía de la isla por vía aérea sin problemas. A inicios de abril de aquel año, un informante aseguró que el estadounidense llegaría de nuevo a Roatán; lo vigilaron y lo fotografiaron con una mujer cuando entraba a un vehículo tras salir del aeropuerto. Murdock se fue con la mujer, en apariencia menor de edad, a una casa de la isla, donde pasó toda la noche. Los agentes que lo vigilaban montaron un retén y lo capturaron cuando salió del lugar. Para la segunda semana de abril de 2024, los agentes habían ya capturado a casi toda la banda. Solo faltaba uno: Antony Frank Grayson, dueño del hotel The Dock en Roatán, donde se supone que Angie estuvo durante los primeros días de su secuestro.
El 16 de julio de 2024, un tribunal de Tegucigalpa emitió orden de captura contra Grayson, pero el estadounidense sigue prófugo a pesar de que varios testigos han confirmado a investigadores que ha estado varias veces en Roatán.
Al final, a empellones y a pesar de los intentos de fiscales, policías e incluso una jueza según las investigaciones del Ministerio Público, los supuestos miembros de la banda de pedófilos conocida como Delta Team, o al menos la mayoría de ellos, irán a un juicio público a finales de marzo. Detrás, sin embargo, quedó la posibilidad frustrada de rescatar a Angie Peña, así como investigaciones que develaron cómo han funcionado en Roatán, con la complicidad de las autoridades, la trata de menores de edad con fines de comercio sexual.
Una historia que no termina con Angie Peña
Las investigaciones hechas por el Ministerio Público y el grupo de investigación especial que el gobierno de Xiomara Castro formó en 2022 en la subsecretaría de seguridad dejaron varias cosas claras. La primera es que Angie Peña no desapareció en el mar como lo proclamaban policías, miembros de la Marina Mercante e incluso fiscales.
La segunda es que la policía hondureña tuvo la oportunidad de rescatar a la joven de la banda de pedófilos que la secuestró o al menos tuvo suficientes pistas e indicios para intentarlo, y que esa posibilidad quedó frustrada por la corrupción en tribunales y recintos policiales.
Las bitácoras, informes, registros de información telefónica, actas de seguimientos y testimonios recabados por los investigadores entre 2022 y mediados de 2025, que fue cuando el caso de Angie Peña se estancó definitivamente en los despachos del MP y la ATIC, también dejan constancia de que la trata de personas, sobre todo de mujeres menores, y de las redes criminales que se dedican a ella han operado en Roatán con impunidad casi absoluta.
Cuando, durante la última semana de enero de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó millones de documentos relacionados con el pedófilo multimillonario Jeffrey Epstein, una investigación periodística en Honduras reveló que el nombre del país centroamericano, y el de Roatán en particular, aparece varias veces en correos electrónicos. No hay en esos documentos referencias directas a la trata de personas o los Delta Team, pero sí a la isla en que esa red de pedófilos estadounidenses explotó durante años a jóvenes y menores hondureñas y de otros países.
En Honduras, todos los papeles relacionados a los Delta Team hablan de once grupos distintos que se dedican a la trata en Islas de la Bahía, el archipiélago hondureño del que Roatán es la isla principal. Una de esas redes, la más grande en 2022, era la que dirigía Gary Lee Johnston, el hombre que secuestró a Angie Peña. Pero hay más y aún funcionan.
Un informe de inteligencia, elaborado en 2022 por investigadores privados y estatales, da cuenta de al menos dos docenas de establecimientos, entre bares y hoteles grandes y pequeños, en los que hondureños y extranjeros explotan a jóvenes y menores, sobre todo mujeres, a quienes ofrecen en persona o por catálogo a clientes locales y extranjeros.
En ese reporte hay detalles de establecimientos, direcciones, testimonios e indicios específicos de cómo autoridades judiciales y policiales destacadas en Roatán han facilitado las acciones de estos grupos. Incluso hay inteligencia sobre la relación entre la trata y el narcotráfico.
Dos exfuncionarios de alto nivel en el gobierno de Xiomara Castro confirmaron al autor que toda la información recabada durante la investigación a los Delta Team a partir del secuestro de Angie Peña está en manos del Ministerio Público.
Por ahora, y después de cuatro años de investigaciones, cuatro estadounidenses y tres hondureños vinculados directamente a la red están presos y en espera de juicio. Otro es prófugo. Pero, aunque un fiscal pidió ampliar la investigación e incluir en ella a una jueza, Jessica Montoya, y a varios policías, la mayoría de los funcionarios señalados sigue libre e incluso en ejercicio de sus funciones.
