A casi un mes de haber instalado un campamento en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las comunidades garífunas lamentan la falta de voluntad del Estado de Honduras en cumplir las cuatro sentencias que existen en favor de San Juan, Triunfo de la Cruz en Tela; Punta Piedra en Colón y Cayos Cochinos en Jutiapa Atlántida.
Rony Castillo, subcoordinador de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunició en Zona Informativa de Radio Progreso la falta de respuestas de las instituciones públicas a los recursos presentados por la vulneración de los derechos territoriales de las comunidades garífunas.
Castillo señala que las acciones para lograr justicia para las comunidades que enfrentan despojo y violencia, conincidieron con el desarrollo del examen de Honduras ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unicas (ONU), organismo que instó al Estado hondureño, que en la actualidad dirige Nasry Asfura, a intensificar los esfuerzos para cumplir plenamente las sentencias a favor de las comunidades garífunas y garantizar su acceso a la justicia.
“La recomendación al Estado hondureño es que la justicia tardía no es justicia. Los recursos deben de ser resuelto lo más pronto posible. Desde el 6 de julio que comenzó la criminalización y la detención de los cinco líderes de la comunidad San Juan en Tela, presentamos varios recursos, casi 55 días después no se ha resuelto y casi un mes de instalado este campamento frente a Corte Suprema de Justicia tampoco hay respuesta. Hemos visto que han llegado otros sectores a sumarse al campamento y también se suman las demandas y exigencias, pero la justicia sigue sorda a los clamores de las comunidades”, comentó Castillo.
El líder garífuna cuestiona que las autoridades hondureñas mantengan paralizados amparos considerados clave, entre ellos los relacionados con la comunidad de San Juan, que acumulan más de 50 días sin resolución. A su juicio, más allá de la inacción estatal y la falta de respuesta a las recomendaciones internacionales, existe una obstaculización de la justicia que agrava el desplazamiento de las comunidades de sus territorios ancestrales y representa una amenaza para la permanencia de la cultura y el pueblo garífuna.
En el caso de la comunidad garífuna de San Juan y sus miembros, la sentencia fue emitida el 29 de agosto de 2023 y notificada el 15 de diciembre del mismo año.
En esta sentencia, se ordenó al Estado de Honduras cumplir con 5 medidas de reparación: Conferir un título de propiedad colectiva a la comunidad sobre tierras alternativas o, en su caso, pagar las correspondientes indemnizaciones a dicha comunidad; Realizar las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial; Resolver los recursos judiciales o administrativos interpuesto por la comunidad; pagar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, para lo cual deberá construir un fondos; realizar el reintegro de costas y gastos.
Todas las medidas se encuentran pendientes de cumplimiento.
