Desde este 7 de septiembre inició el juicio oral y público contra los supuestos integrantes de la estructura criminal transnacional “Delta Team”, bajo un estricto régimen de secretividad absoluta, ordenado por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Narcotráfico y Medio Ambiente, a petición del Ministerio Público, con el fin de proteger la identidad de las víctimas de explotación y la integridad de las pruebas.
Los acusados por el Ministerio Público son los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Junior, William James Murdoch, Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, imputados por los delitos de trata de personas en modalidad de venta y asociación para delinquir.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los denominados Delta Teams habrían comenzado a operar alrededor del año 2019 en el departamento insular de Islas de la Bahía, donde presuntamente desarrollaban actividades vinculadas a la trata de personas.
Además de la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y menores, las líneas de investigación han abarcado posibles nexos con tráfico de armas y de drogas.
El delito de trata de personas va en ascenso en Honduras. Organizaciones han alertado de los peligros a los que se están exponiendo las niñas y mujeres en Honduras. Al cierre del año 2025, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) registró la atención y el rescate de 96 víctimas de trata y explotación sexual.
Y el Ministerio Público, a través de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas (UTESCTP), cerró ese mismo año con 62 requerimientos fiscales interpuestos y 28 sentencias condenatorias. “Han sido acciones con importantes resultados durante el 2025 en el combate a los delitos de trata, tráfico ilícito de personas y pornografía infantil, reafirmando el compromiso con la protección de las víctimas, especialmente niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad”, dijo la institución en un comunicado.

Un red que salpica a funcionarios públicos
Luego de conocer la decisión de declarar el juicio oral y público en secretividad, la doctora Julissa Villanueva, exviceministra de Seguridad en la administración de la presidenta Xiomara Castro, en el programa Más que Dos de Radio Progreso, se pronunció.
“Hay que tener clara la peligrosidad que existente en el caso. Entiendo la declaratoria de secretividad; a veces no la comparto, pero realmente la seguridad de la víctima y de las víctimas está hoy en la palestra pública. Ellos están escuchando todo de lo que se está hablando. ¿Usted cree que son únicamente estos cuatro? Es toda una red donde participan políticos, policías y personas que están escuchando y que buscan tergiversar la verdad para que no se haga justicia para las víctimas”, dijo Villanueva, quien según declaración del testigo protegido en este caso, estaría bajo amenaza por este grupo criminal.
El inicio de este juicio se dio en un ambiente de extrema tensión social e institucional tras el asesinato a mediados de agosto del abogado Derek Isaac McNeil James, quien figuraba como testigo protegido en la desaparición de la joven Angie Peña, cuyo asesinato desató alarmas sobre el alcance y la peligrosidad de esta red de trata instalada en Islas de la Bahía.
McNeil James lanzó graves acusaciones contra la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Según declaraciones que dejó grabadas antes de ser asesinado, miembros de esa institución habrían manipulado y filtrado información relacionada con el caso de Angie Peña y estarían involucrados en la muerte de otros testigos protegidos que colaboraban con la investigación contra los denominados Delta Teams.
Radio Progreso, en colaboración con el periodista Héctor Silva Ávalos, tuvo acceso exclusivo a una serie de audios y videos de Dereck McNeil James, testigo protegido en el caso y asesinado en Roatán el pasado 17 de agosto de 2026.
La doctora Julissa Villanueva fue enfática al afirmar que la muerte de Derek no es el único asesinato ocurrido, y que sin dudarlo está vinculado con la misteriosa desaparición de la joven Angie Peña en Roatán en enero de 2022.
“Aquí ha habido una serie de muertes que tal vez el pueblo hondureño no conoce. La investigación interna no solo culmina con la muerte del testigo protegido. Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro personas amenazadas adentro de esta red que tiene mucho poder en Honduras.
Es por eso que cuando escuchamos la torpeza, porque yo escuchaba la torpeza, de cómo se estaban presentando las evidencias, les dije: “No, este caso se reapertura”, y les exigí a esos policías de inmediato que se pudiera hacer una investigación más profunda”, comentó.
A criterio del abogado y experto en derechos humanos Joaquín Mejía, el inicio del juicio contra los supuestos miembros de la red criminal Delta Team, acusados de participar en el rapto, desaparición y venta de Angie Peña, es un paso importante, pero el Estado hondureño a través del gobierno no puede abandonar la responsabilidad de seguir buscando hasta dar con el paradero de la joven.
“Lo que estamos viendo en el caso de Angie Peña, por un lado, es cierto que hay un proceso penal que se le están dando seguimiento, pero seguimos viendo que el Ministerio Público y en general las autoridades hondureñas dejan mucha dudas sobre las capacidades y la voluntad que hay para poder investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de Angie, y por otro lado, lo que estamos viendo es que hay una absoluta falta de voluntad para cumplir con la otra parte que es muy importante también, la búsqueda de Angie Peña”, comentó Mejía.
El experto en derechos humanos cree que el Estado de Honduras quiere enviar un mensaje para que la sociedad considere que es suficiente con este juicio y que ya ahí termina todo, cuando la responsabilidad del Estado también es buscar a Angie.

Según la Corte Suprema de Justicia, el juicio que inició este lunes 7 de septiembre se extenderá hasta el 21 de septiembre.
“Desde el 7 hasta el 21 de septiembre es la fecha que los honorables jueces del Tribunal de Sentencia de la Sala 1 del Tribunal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada tienen a bien desarrollar. Lo anterior por la gran cantidad de medios de prueba, entre documentales, periciales y testificales.
Son 3 semanas las que durará el desarrollo de este juicio oral y público; cuando este llegue a su etapa final, a través de los medios de comunicación estaremos informando cuál es la fecha que se da para la lectura del fallo”, dijo a Radio Progreso Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.
Se prevé que durante el juicio oral y público contra la estructura Delta Team el Ministerio Público de Honduras presente diversos recursos probatorios de carácter técnico, testimonial y científico, entre los que están los vaciados telefónicos y evidencias digitales. Además, testimonios bajo reserva que contienen declaraciones fundamentales de testigos protegidos y víctimas que describen las dinámicas operacionales de la red en Roatán, Islas de la Bahía.
Este caso contra los presuntos integrantes de Delta Team es derivado de las pesquisas que realizó el Ministerio Público por la desaparición de la joven Angie Peña.