

Congreso Nacional: ocho meses de servicio exclusivo a la empresa privada
El Congreso Nacional cumple ocho meses, a cargo del nacionalista Tomás Zambrano, con el discurso “este Congreso no le va a fallar a Honduras”. Sin embargo, esa frase se convierte en palabrería frente a la forma de legislar y la percepción ciudadana.
Los resultados del reciente Sondeo de Opinión Pública 2026 del ERIC, muestran que la población hondureña evalúa negativamente el actuar de la bancada del Partido Nacional, el 53.7 por ciento califica su desempeño como malo o muy malo; en el caso del Partido Liberal, el 51.7 por ciento de la población considera que el desempeño de los diputados liberales ha sido malo o muy malo.
Esa calificación toma fuerza al revisar las leyes aprobadas por nacionalistas liberales. En junio, después de un proceso de dictamen sin realizar consultas y estigmatizando de invasores a campesinos y a grupos indígenas y garífunas, nacionalistas y liberales aprobaron la Ley de Protección y Fortalecimiento al Sector Agroindustrial.
Dos meses después, reforzando el cogobierno, las bancadas nacionalista y liberal le dieron el zarpazo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aprobando la mal llamada Ley de Justicia Energética, que abre el camino a la privatización y elimina el acceso a los servicios de energía como un derecho humano y bien público.
Iniciando el mes de conmemoración de la independencia, durante la sesión del martes, 1 de septiembre, a través de una moción de reconsideración que violenta el proceso legislativo, el Congreso Nacional aprobó incluir a las empresas Tigo y Claro en una amnistía de sanciones económicas o multas con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), pese a que ambas empresas habían quedado fuera de la medida por decisión del pleno de diputados.
Este recuento, de apenas tres hechos, demuestra que el Congreso Nacional, dominado por nacionalistas y liberales, trabaja con actitud de servilismo en función de los intereses de las élites empresariales que tienen como objetivo terminar de carcomerse la institucionalidad a punta de privatización y despojo de lo comunitario.
Frente al falso discurso del presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, y a las acciones de saqueo de la empresa privada, el movimiento social tiene el reto de organizarse para encontrar caminos que devuelvan la esperanza a la población hondureña.
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