«Ancestralmente, nuestras madres y nuestros padres no tenían un materno infantil en la comunidad. Si le tocaba parir a una mujer, paría al niño frente a esa tierra, encima de esa tierra. El nudo que tiene el ombligo del niño o de la niña se corta, se deja secar y se siembra abajo de una mata de plátano. Cuando crece ese plátano, crece con el nombre de aquel niño. Uno dice: este plátano es de fulano o de fulana», relato de doña Lidia Palacios, lideresa de Punta Piedra.
Por eso, perder el territorio es, literalmente, perder la raíz de la identidad. «Significa que la tierra para la mujer es más valiosa, porque allí pare y allí tiene su origen. Perder la tierra es perder la vida de sus hijos».
Para entender la geografía del despojo en el Caribe hondureño hay que pararse aquí, en Punta Piedra, donde las olas del mar golpean con fuerza la costa y tiñen el horizonte de un azul intenso. Detrás, una frondosa montaña resguarda las pequeñas casas de colores que se amontonan unas junto a otras, como si buscaran protegerse mutuamente o simplemente no tuvieran otro lugar hacia donde expandirse.
De las 48 comunidades garífunas que existen en el litoral atlántico hondureño, Punta Piedra es la primera del municipio de Iriona, en el departamento de Colón.
En esta región destaca un paisaje común de playas casi vírgenes, extensas franjas de bosque tropical producto de su cercanía con la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, uno de los ecosistemas más importantes de Centroamérica. Además, se ubica en el corredor que conecta con La Mosquitia, una de las zonas más biodiversas. Y, al mismo tiempo, son las más codiciadas por empresas extractivas y el crimen organizado.
El territorio ancestral de Punta Piedra, según estipula su título comunitario, abarca 2013.14 hectáreas, pero en la práctica, bajo los pies de sus habitantes, apenas quedan unas 800 hectáreas. Más de la mitad de su tierra está ahora en manos de miembros del ejército y sus familiares que se han asentado en una comunidad a la que denominaron Río Miel
“El documento dice una cosa, pero lo que nosotros tenemos en la práctica es otra… en las manos no tenemos nada”, dice Tomás Castillo Zelaya, actual presidente del patronato de Punta Piedra.
Nacido y criado en estas tierras, Castillo lleva en el rostro las huellas del desgaste y en sus palabras la frustración acumulada de años de lucha. Pero también refleja la determinación de un pueblo que, pese al despojo, se niega a desaparecer.
Sentado a la orilla del mar, Castillo recuerda que la herida de la comunidad comenzó a sangrar a partir de 1993. Fue entonces cuando un general del ejército, a quien todos conocían como «un tal Cabús», (Héctor Castro Cabús) llegó a la zona y comenzó a medir y cercar el territorio. Su misión no era militar, sino logística, fue así que organizó grupos no indígenas, o «terceros, para invadir y acaparar grandes extensiones del territorio garífuna”, cuenta Castillo.
En la denominada Río Miel, esas personas, a quienes los garífunas llaman foráneos o terceros para diferenciarlos de la población afrodescendiente, llegaron desde Olancho, e incluso cruzando fronteras desde El Salvador y Nicaragua. “Tenían un plan claro: cercar el suelo ajeno, apropiarse de él y, eventualmente, comercializarlo”, cuenta asegurando que ante un Estado sordo que no ofrecía respuestas a sus denuncias, la comunidad de Punta Piedra entendió que la única opción era organizarse o extinguirse.
El general en condición de retiro al que hace referencia la comunidad de Punta Piedra, Héctor Castro Cabús, fue detenido en agosto de 2014 tras permanecer prófugo durante 13 años. Se le acusó de enriquecimiento ilícito. Al momento de la publicación de esta nota no se encontraron registros de su estatus actual y el estado del proceso judicial en su contra.
Vivir «guachimaneando»
La infancia y juventud de Tomás Castillo quedaron marcadas por esa ocupación. «En ese momento no fue fácil», rememora con la mirada fija. «A pesar de que yo estaba cipote, recuerdo que las personas por mucho tiempo estuvieron viviendo bajo amenaza».
Ir a la milpa a recolectar la comida se convirtió en una operación de alto riesgo. Nadie podía caminar solo; los agricultores debían moverse en grupos de cuatro o cinco personas para evitar ser emboscados. El miedo se instaló en las casas de un pueblo que, por definición histórica, se reconoce pacífico. «Quizás esos foráneos que si tenían armas aprovecharon esa situación para ir agarrando más fuerza», reflexiona Castillo.
La tensión alteró los ritmos de la noche. En Punta Piedra acuñaron un verbo para la supervivencia: guachimaneando (proviene de la adaptación al español del término en inglés watchman). Hacer vigilancia nocturna en las entradas del pueblo para evitar que los “invasores” aprovechasen la oscuridad para ingresar y cazar a quienes lideraban la resistencia. Muchos defensores habían tenido que abandonar el país; otros huyeron a las ciudades del interior de Honduras para esconderse del acoso.
El precio de defender el territorio ancestral se pagó con sangre. En medio de aquella persecución, el líder comunitario, Don Félix Ordóñez fue asesinado «a raíz de toda esa lucha», enfatiza Castillo con amargura. Hoy, el crimen es una cifra más en las gavetas del olvido institucional. «El caso de Don Félix está impune. No hemos tenido alguna información de lo que se ha investigado. La comunidad solo se pregunta: ¿dónde está el que lo asesinó? ¿Quién estuvo detrás del crimen?».
Fue precisamente al ver cómo los márgenes de su propia tierra se estrechaban cada vez más lo que empujó a Tomás Castillo a sumarse a la primera línea. En 2012, decidió unirse a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). Para él, la militancia no era un asunto de discursos o de teoría en oficinas de la capital. «Nosotros íbamos a los lugares de los hechos. Mirábamos las cosas con nuestros ojos y escuchábamos con nuestros oídos. Sabíamos que urgía recuperar esa tierra».
Sembrar el ombligo en la tierra
Para llegar a Punta Piedra hay que llenarse de paciencia y fe. Si una persona viene desde la ciudad de San Pedro Sula, debe cruzar Tocoa y avanzar hacia Iriona en Colón, por una carretera que raras veces es amable. Cuando el cielo decide empaparnos de agua lluvia al equipo periodístico de Radio Progreso, el barro se adueña del camino y el viaje se estira durante horas. «A veces se tarda mucho, pero sí, por la voluntad de Dios, se llega», dice Lidia Palacios Bernárdez, quien nos recibió con una sonrisa y unos trozos de casabe, comida a base de yuca indispensable en la cultura garífuna.
Doña Lidia nació, creció y echó raíces en este pedazo de costa caribeña. Aquí vivió durante 46 años con el padre de sus diez hijos, seis varones y cuatro mujeres, hasta que él falleció. Hoy vive sola, cargando además con el duelo reciente de una de sus hijas, que partió en 2025. Pero a sus espaldas no solo pesan los años y las ausencias familiares; doña Lidia lleva encima más de tres décadas de ser una de las voces más firmes en la defensa del territorio ancestral de su pueblo.
«Mire, la vida aquí en Punta Piedra era durísima», relata, recordando los tiempos en que el sustento diario no dependía de la billetera, sino de la relación directa con el entorno. «El garífuna vive de la tierra y el mar. Sembrábamos yuca, malanga, ñame, plátano… sembrábamos de todo. El arroz no se compraba aquí; lo cosechábamos nosotros y el excedente se vendía en la ciudad», nos contó.
Hoy, ese paisaje de abundancia es un recuerdo borroso. Las parcelas más fértiles, aquellas donde el arroz y el maíz crecían con fuerza, están ocupadas por pobladores de Río Miel. «Ya sembramos poco porque no tenemos la tierra. Donde sembrábamos, donde la tierra era fértil, ya nos la quitaron los foráneos», lamenta.
Para entender el dolor de esta pérdida, doña Lidia explica que para las mujeres garífunas la tierra no es una mercancía ni un lote de producción; es el espacio sagrado donde comienza la vida. Es una conexión física y espiritual que ella misma expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte –IDH), cuando le preguntaron cuál era la relación de la mujer con su territorio.
«Ancestralmente, nuestras madres y nuestros padres no tenían un materno infantil en la comunidad», cuenta. «Si le tocaba parir a una mujer, paría al niño frente a esa tierra, encima de esa tierra. El nudo que tiene el ombligo del niño o de la niña se corta, se deja secar y se siembra abajo de una mata de plátano. Cuando crece ese plátano, crece con el nombre de aquel niño. Uno dice: este plátano es de fulano o de fulana».
Por eso, perder el territorio es, literalmente, perder la raíz de la identidad. «Significa que la tierra para la mujer es más valiosa, porque allí pare y allí tiene su origen. Perder la tierra es perder la vida de sus hijos».
Doña Lidia nos contó que el pueblo garífuna no es violento y que muchas veces intentaron resolver la problemática vía diálogo con los pobladores de Río Miel. Se sentaron en Sambo Creek y en Ciriboya buscando un diálogo pacífico. Propusieron, incluso, que los asentamientos de los “foráneos” permanecieran bajo la figura de una colonia regulada por Punta Piedra. La respuesta de los pobladores de Rio Miel fue tajante, «Dijeron que no querían ser mandados por esos garífunas, que ellos querían su propio documento».
Pronto, el rechazo al diálogo se convirtió en violencia armada. Cuando los garífunas intentaban limpiar sus yucales, los “invasores” entraban a las parcelas disparando. «Tiroteo por todos lados. Tenía que salir la gente corriendo del trabajo para poder salvar la vida. Tuvimos un gran sufrimiento en aquel entonces». Desde aquellos años, la zona se volvió un territorio prohibido. «Personalmente ya no viajo ahí, es muy riesgoso», confiesa doña Lidia.
Ante la violencia y la indiferencia de las autoridades, la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Desde el mismo año de la invasión, en 1993, doña Lidia comenzó a empacar maletas casi todas las semanas para viajar a Tegucigalpa.
El costo familiar fue enorme. Para sumarse a las delegaciones, compuestas usualmente por el presidente del patronato, dos hombres y dos mujeres, tenía que dejar su casa y encargarle la crianza de sus diez hijos a su ahora fallecida madre. «Eso es duro, dejar a mis hijos, pero tenía que hacerlo por mi comunidad y por la tierra que necesitábamos».
En la capital, la rutina se repetía con una burocracia desgastante. Comisiones tras comisiones. “Nos sentábamos frente a una mesa a plantear la situación a los organismos de allí. Nos decían que sí, pero al final no nos apoyaban en nada. Solo nos movían la cabeza como pichetes (lagartijas), diciéndonos que sí, pero no había respuestas», contó.
Al ver que en Honduras no le tomaban en cuenta por ser “negros”, buscaron el respaldo de la Ofraneh para elevar la denuncia más allá de las fronteras nacionales. Doña Lidia pasó de las calles de Tegucigalpa a los estrados internacionales. Viajó a Washington, luego a Costa Rica y, finalmente, a Paraguay a audiencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos junto a compañeros y compañeras históricas de lucha, incluyendo a líderes en sillas de ruedas que desafiaron el cansancio del cuerpo por la causa común.
«Para mí, tener que salir del país significa que como aquí no nos quieren apoyar, es como si no tuviéramos derechos», afirma. Su viaje a Paraguay fue hermoso y significativo, pero agridulce: «Llegué a Paraguay luchando por la tierra de mi comunidad. Fue una audiencia que no tengo palabras para describir… pero aún todavía yo no he logrado lo que quería. Fui a pedirle a la Corte Interamericana que nos ayudara, pero la tierra todavía está en manos de esa gente», lamentó.
Una sentencia enterrada
En 2015, una ráfaga de luz jurídica pareció cambiar el rumbo de la historia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica que obligaba al Estado de Honduras a devolver, de manera total e inmediata, las tierras usurpadas a la comunidad de Punta Piedra.
«Nosotros reconocimos que dimos un paso, pero no era lo suficiente, confiesa Tomás Castillo. Reconociendo que vivimos en un país en donde la ley se violenta, en donde los derechos no se reconocen, ahí fue donde más nos organizamos». La sentencia les dio una dosis de esperanza, pero sobre todo les planteó un reto enorme: hacer que el Estado hondureño acatara un mandato internacional en un territorio donde la impunidad es ley.
A más de una década del fallo, la respuesta estatal ha sido el vacío absoluto. Castillo recuerda con frustración la creación de la Comisión Intersectorial para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), nacida tras un plantón comunitario frente al Congreso Nacional. El mecanismo prometía ejecutar los desalojos de los terceros y sanear el territorio, pero terminó siendo una estructura inerte. «Poco o nada sirvió. Por eso la fuimos a enterrarla “simbólicamente”, porque no sirvió para nada», señala con crudeza.
Para el líder comunitario, la inacción del Estado no se debe a una falta de capacidad técnica o logística, sino a una complicidad estructural y a una agenda de despojo coordinada. Según nos contó, hay intereses políticos y empresariales. Hay un plan de destierro. “Y también vivimos en un país en donde, quieran o no, existe lo que es el racismo».
Castillo contrasta la lentitud del sistema cuando se trata de comunidades indígenas con la celeridad que muestra para proteger el capital privado. «Estamos al día con la información; en algunos sectores han devuelto la tierra a los empresarios, a esos grandes cachurecos (como se denominan a los militantes del Partido Nacional), sacando a la gente humilde. Ellos siempre pelean a favor de los intereses de los empresarios. Pero ¿por qué cuando la Corte IDH emite una sentencia a favor de una comunidad por una propiedad que es netamente suya no lo hace?».
Esta contradicción lo ha llevado a exponer el caso en audiencias de la Corte IDH en Costa Rica y ante organismos en Estados Unidos. Al regresar a Iriona, la realidad vuelve a golpearlo con la misma fuerza. Se siente indignado. Las instancias internacionales le dicen al Estado de Honduras que debe cumplir la sentencia, pero este es incapaz.
La Corte IDH confirmó al especial periodístico Wamua Le que esta sentencia emitida el 8 de octubre de 2015 y notificada el 18 de diciembre del mismo año, ordenó al Estado cumplir con 9 medidas de reparación y el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de la víctimas. Entre otras reparaciones dispuestas están: garantizar el uso y goce, a través del saneamiento, de las tierras tradicionales que fueron tituladas por el Estado a favor de la Comunidad; y hacer cesar cualquier actividad respecto de determinado proyecto de exploración que no haya sido previamente consultada;
Crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad.
El costo de perder la raíz
La lucha de Punta Piedra no es solo por parcelas agrícolas o por metros cuadrados de playa. Para el pueblo garífuna, el territorio es el soporte donde descansa su existencia entera. Cuando una comunidad garífuna pierde su territorio, no solo es la tierra; también pierde la cultura, pierde la vida. “Es nuestra Madre Tierra; representa un sinnúmero de cosas para nosotros», dice Tomás Castillo.
Por eso resulta tan ofensivo el discurso oficial para el pueblo garífuna. Mientras el aparato estatal y los gobiernos de turno promocionan las danzas, la gastronomía y las expresiones garífunas como el «orgullo catracho» de la identidad nacional, en las comunidades permiten el despojo y el exterminio silencioso de sus miembros.
Incluso las expectativas de cambios políticos se han estrellado contra la realidad. Aunque reconoce que hubo algunos acercamientos de diálogo en el gobierno de Xiomara Castro, Castillo desmitifica las promesas de la administración anterior al señalar los vínculos de poder dentro de las mismas estructuras de los partidos Nacional, Liberal y hasta de Libre.
«En aquel gobierno (de Libre), también había personas que estaban en contra de que la tierra sea devuelta a Punta Piedra, a Triunfo de la Cruz o a San Juan. Había un diputado que compró propiedad en ese lugar que está en litigio y que tiene que ser devuelto», denuncia abiertamente al exdiputado de Libre por Colón, Dairy Javier Ávila. «Él está en contra de esta lucha. Nunca iba a permitir que esa tierra fuera devuelta».
Desde Radio Progreso buscamos la versión del ex congresista Ávila sobre las denuncias públicas realizadas por la comunidad; sin embargo, no obtuvimos respuesta.Tomás Castillo es uno de los rostros visible en la defensa de su territorio. Eso implica convivir diariamente con la sombra de la violencia. Sabe perfectamente que los liderazgos territoriales en Honduras se ejercen con una diana en la espalda, sabe que son encarcelados o asesinados.
«Sé que no es fácil. Esta lucha es agotadora, pero siempre estamos de pie. Aquí lo más importante es no dejar los brazos caer», afirma. El miedo es real, pero no paralizante. A pesar del peligro constante, Tomás Castillo se aferra a un futuro que se niega a ver convertido únicamente en una utopía de papel.
«Me gustaría ver Punta Piedra cambiada, con todo su territorio de vuelta. Me gustaría que el pueblo garífuna sea quien administre su propio territorio, que sea dueño de su patrimonio con todo lo necesario para su desarrollo. Nosotros somos un pueblo autónomo». Concluyó relatando que “mientras esa autonomía plena llega, Punta Piedra seguirá despierta, exigiendo su derecho a existir a la orilla del mar en su territorio ancestral”.
