En este recorrido para profundizar sobre las sentencias a favor de comunidades Garífunas que han colocado al Estado de Honduras en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es indispensable detenernos en San Juan en la Bahía de Tela. Allí en agosto de 2023, se encontró culpable al Estado por la falta de protección de las tierras ancestrales. La sentencia no ha impedido que tres años después de dictarse las amenazas continúen.
El domingo por la mañana que llegamos a la comunidad, una brisa inusual refresca el ambiente sobre la comunidad garífuna de San Juan, en la bahía de Tela, donde viven más de ocho mil habitantes en 1,770 hectáreas, según la última medición realizada por el propio Estado.
Ese día, encontramos a Esmeralda Arzú en su casa, sacando la ropa para lavar. Ella es una de las lideresas de la comunidad. Nos saluda y, entre risas, se excusa: “Estoy evitando que se me acumulen las tareas del hogar”.
Esmeralda Arzú Herrera nació en San Juan hace 63 años. No ha vivido en otro lugar. Siempre aquí. La consideran una “ancestra”, una especie de guía espiritual, una consejera para las decisiones de la comunidad. Ese cargo es además un reconocimiento a su entrega en la defensa del territorio garífuna.
Esmeralda nos describe a su comunidad como una zona pacífica y de pocos habitantes, cuyas vidas estaban ancladas al mar. Solían sobrevivir de la pesca y del cultivo de yuca, plátano y coco. Sin embargo, debido a la erosión costera, las vedas y la poca inversión en la agricultura, estas actividades han ido disminuyendo.
Al igual que el resto de las casi 50 comunidades garífunas existentes en Honduras, San Juan tiene un título ancestral que ratifica su derecho a la posesión de la tierra y a protegerla de ventas a “terceros”, como suelen llamar a los terratenientes, ya que son territorios asignados por el Estado para que estas comunidades los habiten.
En los años noventa, la tranquilidad de San Juan se rompió cuando llegaron los “terceros” con sus amenazas. Lograron echar a algunos vecinos de sus tierras y compraron ilegalmente terrenos a precio de [JSM1] “gallo muerto”, según nos cuenta Esmeralda.
El informe del caso de la comunidad San Juan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, registra que el Instituto Nacional Agrario reconoció que parte del terreno reivindicado por la comunidad está en posesión de la empresa Promotur, así como a personas individuales no indígenas.
El Instituto de la Propiedad ha registrado más de 100 escrituras de venta a personas individuales no indígenas y la municipalidad de Tela otorgado más de 120 permisos de construcción y otorgó más de 60 documentos de dominio pleno a personase individuales no indígenas.
En poco tiempo, la comunidad vio cómo en esas tierras ocupadas ilegalmente se levantaron lujosos hoteles y casas de descanso de familias adineradas de Honduras. Esto provocó que la ambición de empresarios y políticos creciera sobre estas tierras ancestrales.
En realidad, la ruta de ocupación empezaba antes, como nos explica otro líder de la comunidad al que llamaremos Guerrero por razones de seguridad. Primero llegaban compradores ajenos que acaparaban terrenos y que, luego, vendían a los empresarios turísticos y a los grandes propietarios de casas y condominios.
Guerrero recuerda cómo pasaron “de ser una comunidad pacífica a no tener tierra para cultivar; no había dónde sembrar nuestra yuca, plátano y banano, todo porque empresas y familias millonarias querían tener sus propiedades cerca de la playa, aun sabiendo que nos pertenecían. Como garífunas, siempre estuvimos entre el mar y la laguna de Los Micos; era nuestra fuente de trabajo, allí pescábamos y sosteníamos nuestros hogares”, relata.
Uno de los primeros nombres que la comunidad identifica como usurpador de sus tierras es el de la empresaria Linda Lazaro , quien se acercó a los vecinos pidiéndoles un pedazo de tierra para construir una casita. “Ella se aprovechó de la generosidad e inocencia de la comunidad. Con el respaldo de la alcaldía de Tela, años más tarde apareció con títulos a su nombre, los que luego traspasó a empresas turísticas. Además, las comunidades garífunas hemos sobrevivido en medio de la pobreza; no hay fuentes de trabajo, lo que hizo que algunas familias, por necesidad, vendieran sus casas. Eso es una estafa, porque las tierras no podían venderse, ya que tienen un título colectivo”, señala Guerrero , a quien encontramos en la terra que están reocupando como comunidad.
Desde el especial periodístico Wamua Le, intentamos contactar algunos de los empresarios señalados en este caso, incluida Linda Lazaro y la familia Rosenthal, hasta el día de la publicación no obtuvimos respuestas.
El líder comunitario también menciona que otra de las personas que ahora aparece con títulos de propiedad, violentando el título colectivo de San Juan, es la familia Ferrer, además de algunos diputados por el departamento de Atlántida y políticos de distintos gobiernos. “Imagínese que no sabemos cómo la familia Rosenthal, una de las más poderosas de Honduras, aparece con títulos de propiedad. Desde el año 1984 mantiene hostigamiento contra la comunidad”, dice Guerrero.
La familia Rosenthal en Honduras concentra un gran poder económico y político, su riqueza se asocia principalmente al conglomerado empresarial de gran influencia, dedicado a la banca, comercio, medios de comunicación, agroindustria, comercio y seguros.
Según denunció Guerrero, lo secuestraron unos policías bajo órdenes de las familias que se disputaban la tierra. Recibió amenazas de muerte y, por ello, tuvo que salir de la comunidad. Permaneció desplazado por más de seis años. “Al inicio de la lucha, en los años 2000, estaba en mi casa cuando un grupo de policías con rostros cubiertos irrumpió diciendo que estaba detenido, allí me taparon los ojos, me subieron a un vehículo sin placas y me tuvieron en un lugar por varias horas. Fue gracias a la presión de la comunidad y de los líderes de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, que tiempo después me liberaron”, recuerda.
Desde junio de 2006, la organización garífuna pidió medidas de protección para las comunidades de San Juan y Tornabé debido a las amenazas que varios líderes recibían por parte de políticos y empresarios que promovían proyectos turísticos. Como reconocen Esmeralda y Guerrero, el respaldo de la Ofraneh fue decisivo.
Un 12 de agosto de 2020, y ante la inacción del Estado de Honduras frente a las múltiples denuncias presentadas por la Ofraneh, el caso de San Juan llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Casos registrados
La Ofraneh también ha denunciado que el hostigamiento y las amenazas contra la comunidad han provocado la muerte de vecinos y vecinas que solo pedían respeto a sus tierras.
El 6 de febrero de 2013, la garífuna Feliciana Elogio Suazo falleció tras asistir a una diligencia judicial donde se le acusaba de usurpar territorio de un particular. El Juzgado de Letras de la ciudad de Tela explicó, en un informe del 30 de mayo de 2019, que “la señora Feliciana tenía un requerimiento fiscal, registrado con el número 2213-12, por suponerla responsable del delito de usurpación en perjuicio del señor Roque Vitanza Hernández. En la audiencia preliminar que se llevó a cabo el 5 de febrero de 2013, el juez resaltó que se había decretado sobreseimiento provisional de la lideresa”.
A su vez, explicó que durante la audiencia la señora Feliciana manifestó sentirse mal de salud y que su acompañante indicó que procederían a llevarla al médico. Por último, agregó que, pasados unos minutos, el abogado comunicó que la señora Feliciana había fallecido al llegar al Centro Médico Lancetilla de Tela. Para la Ofraneh y la familia de Feliciana, esto ocurrió por las presiones y amenazas que recibía para despojarla de su terreno, aunque oficialmente no hay un informe médico que mecione esta situación.
Además, la policía asesinó, según registra y denuncia la Ofraneh, a Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo, que habían realizado denuncias de acoso y amenazas por la defensa de su territorio. El 1 de marzo de 2006, la Fiscalía local de Tela presentó un requerimiento fiscal vinculando a la investigación de seis agentes de policía, dos como presuntos responsables del delito de homicidio, dos como presuntos cómplices del delito de homicidio y encubrimiento, y otros dos como presuntos encubridores. Hasta la fecha, caso ha permanecido bajo cuestionamientos de impunidad y ha formado parte de la documentación sobre violaciones a los derechos del pueblo garífuna en Honduras, registrados por la Ofraneh y presentados ante la Corte IDH.
Honduras y el despojo
Fue el 29 de agosto de 2023 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso de la comunidad garífuna de San Juan, Tela. Allí se encontró culpable al Estado de Honduras por la falta de protección de las tierras ancestrales, además de las amenazas contra líderes y lideresas de la comunidad.
En esa audiencia también se reconoció la responsabilidad del Estado hondureño por no garantizar que la comunidad contara con un soporte físico de su título de propiedad colectivo, lo que ha permitido la entrega ilegal de terrenos a terceros. La situación empeoró cuando la alcaldía de Tela aprobó la ampliación del casco urbano de la ciudad y la creación de un parque nacional. Esas acciones ocurren además por la falta de un marco legal para desarrollar la consulta a las comunidades en el contexto de la instalación de proyectos turísticos, como también apunta la sentencia.
A nivel local, la Corte Interamericana lamentó que la Municipalidad de Tela no haya cumplido su obligación de dar acompañamiento, como supervisora de que se cumpla con las disposiciones sobre el territorio garífuna.
La condena reconoce que el Estado de Honduras es responsable por la vulneración de los derechos a la propiedad, a la participación en asuntos públicos y al acceso a la información pública, contenidos en los artículos 21, 23 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la comunidad garífuna de San Juan. Además, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los miembros de la comunidad, así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus habitantes.
La sentencia, según la propia Corte Interamericana, constituye por sí misma una forma de reparación y obliga al Estado a conferir un título de propiedad colectiva a la comunidad garífuna de San Juan sobre tierras alternativas o, en su caso, a pagar las correspondientes indemnizaciones a dicha comunidad en un plazo de seis meses desde que se dio a conocer la condena.
Tres años han pasado desde la sentencia sin que haya cambiado la situación de conflictividad.
Ante el incumplimiento del Estado, la comunidad decidió recuperar 9 manzanas que estaban siendo ocupadas por terceros. “Estamos en lucha, seguimos resistiendo.Nos mantenemos en esta recuperación que será el hogar de muchos de nuestros hijos que no tienen tierra ni para vivir ni para trabajar. Yo no estoy usurpando; estoy haciendo valer mi derecho a la tierra”, dice Guerrero, quien participa en la reocupación. “Ya verá como haremos producir estas tierras y los hijos que migraron por las amenazas retornarán a su hogar”.
Guerrero y Esmeralda aseguran que, como comunidad, lo único que le exigen al Estado de Honduras es cumplir con la ordenanza derivada de la sentencia de la Corte: un título de propiedad colectiva a la comunidad garífuna de San Juan. “Lo que reclamamos son nuestras tierras para vivir, cultivar y seguir conviviendo con nuestra cultura y espiritualidad”, cierra Guerrero.
Ambos líderes recuerdan con nostalgia la comunidad del pasado, pero dicen que eso los impulsa a seguir pidiendo respeto a sus tierras, su cultura y tradiciones. “Los garífunas no tenemos vida sin el mar, somos de la tierra, vivimos para ella, la lucha no es una opción, sino el compromiso de un presente para nuestros hijos e hijas”, concluye Guerrero. Hasta el cierre de la nota, y pese a las múltiples solicitudes para realizar entrevista, el Subprocurador General de la República, el abogado Francisco Quiroz, representante del gobierno ante demandas internacionales, se negó a contestar nuestra petición. Lo mismo ocurrió con el actual alcalde de Tela, Atlántida, Ricardo Cálix Ruiz.
