El Estado de Honduras tiene la oportunidad de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para devolver Cayos Cochinos a la comunidad garífuna de Nueva Armenia. Intereses económicos, falta de información oficial, daños medioambientales y el reality show de una televisión española lo están poniendo difícil.
Esta mañana lo encontramos sentado junto a su lancha en el cayo Chachahuate. Durante más de 35 años, César Alberto Edén Castillo se ha dedicado a la pesca artesanal y nos confiesa que su vida es el mar, que no sabe hacer nada más que pescar y que esta faena le ha permitido tener una casa y dar educación a sus hijos.
La pesca artesanal es el principal medio de vida tradicional de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, en Jutiapa, departamento de Atlántida.
La historia de Nueva Armenia está unida al archipiélago de Cayos Cochinos, parte del territorio ancestral que les fue arrebatado hace cien años a las comunidades garífunas. En este archipiélago coralino del Caribe, situado a 30 kilómetros al noreste del municipio de La Ceiba y formado por dos islas principales y 13 menores, habita la población de Nueva Armenia: unas 3.000 personas distribuidas en 554 viviendas. Es un área marina protegida de gran valor ecológico y cultural para la región.
Los pescadores de Nueva Armenia suelen trasladarse en cayucos o pequeñas lanchas mar adentro para faenar. Como allí pasan varios días, descansan en Chachahuate. Esta isla es clave para la vida de la comunidad, supone la posibilidad de pescar y sobrevivir. Sin embargo, César Alberto ha visto cómo, en los últimos años, la situación ha empeorado para los pescadores.
La Fundación Cayos Cochinos (Honduras Coral Reef Fund), fue creada en 1994 y desde entonces a través de convenios de co-manejo con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) administra el Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos (MNMACC). El 2025, el Estado de Honduras ratificó la cogestión del archipiélago, mediante un convenio firmado bajo la administración de Xiomara Castro que, según aseguran los pescadores, ha restringido las áreas de pesca.
“Nosotros hacemos pesca artesanal, sabemos del cuidado de la reserva, toda la vida lo hemos hecho; esta zona ha permanecido así porque hemos sido nosotros, los garífunas, quienes la protegemos”, dice César en defensa de su comunidad. El más reciente convenio con la fundación tiene una duración de cinco años y se firmó sin tomar en consideración a las comunidades que también tienen sus islas en el archipiélago, lo que contraviene su derecho a ser consultadas, cuya restitución también ordena la sentencia de la Corte IDH.
El pescador relata, además, que, en varias ocasiones, la Fundación Cayos Cochinos los ha agredido, les ha decomisado las embarcaciones, los ha amenazado y ha recurrido a los “navales” (policías del mar) para amedrentarlos. “Muchos jóvenes de la comunidad han preferido emigrar porque el mar es nuestra única fuente de empleo y no soportan este ambiente de hostilidades”, comenta.
Mabel Robledo es lideresa de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) en la comunidad Nueva Armenia. Está al frente de un proceso de reocupación de tierras que, asegura, pertenecen a los garífunas y que fueron entregadas de forma ilegal a empresas bananeras en el pasado y, ahora, a la agroindustria de la palma africana.
El territorio reocupado fue nombrado Barauda en honor a la histórica guerrera garífuna del siglo XVIII en San Vicente y compañera de Satuyé (Joseph Chatoyer), cuyo legado inspira la resistencia indígena en Honduras.
La justicia internacional les ampara
Una sentencia dictada el 20 de noviembre del pasado año y notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 4 de marzo de 2026 ratifica el derecho de la comunidad a participar en la gestión del territorio ancestral de Cayos Cochinos y a formar parte de un proceso de consulta y restitución del Estado. La sentencia garantiza, además, con claridad, el acceso de las comunidades al mar. Sin embargo, las restricciones de la fundación y, en particular, los impedimentos impuestos por la grabación del reality show “Supervivientes”, del canal español Telecinco —un programa en el que varias celebridades se ponen a prueba mientras conviven en situaciones extremas—, dificultan ese acceso.
Mabel enfatiza la importancia de que las familias tengan acceso al mar, ya que es su principal fuente de ingresos. Además, cuestiona el papel del Estado de Honduras, que permite que la Fundación Cayos Cochinos genere un ambiente de tensión y amenazas en la zona. Los pescadores locales de Chachahuate han denunciado restricciones de movilidad y pesca en áreas que utilizan tradicionalmente para su subsistencia durante las temporadas de rodaje.
“El Estado dice que la fundación es la responsable de la protección de esta área, pero con este programa y otras acciones lo que hacen es destruir esta zona. Imagínese que ahora estamos promoviendo la protección del coral y del mono cara blanca porque están desapareciendo por la actividad de este reality, que la fundación permite. Todo esto ocurre bajo la complicidad de las autoridades”, dice Mabel.
Una sentencia y seis medidas de reparación que el Estado aún no ha cumplido
La sentencia de la Corte IDH fue resultado de la movilización de la comunidad de Nueva Armenia y del apoyo decidido de Ofraneh, que llevó el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El tribunal condenó al Estado hondureño por violar la propiedad colectiva, la consulta previa, la identidad cultural y la alimentación de esta comunidad garífuna debido a las restricciones de pesca y la gestión inconsulta del área protegida.
“Esta sentencia de un tribunal internacional ratifica la legitimidad de nuestra lucha. Pero lamentamos que nada haya cambiado. Después de que se dictó la sentencia, vemos cómo los navales, obedeciendo órdenes de la fundación, persiguen a los pescadores y continúan insistiendo en que están elaborando un plan de manejo para el archipiélago, sin respetar el derecho de la comunidad a la consulta previa, que la Corte IDH ya ha confirmado en su sentencia”, dijo Mabel.
Registrar las agresiones y amenazas contra la comunidad es difícil, confiesa Mabel, porque mucha gente tiene miedo y conoce los poderes que están detrás de la Fundación Cayos Cochinos y cómo operan en colusión con el Estado. “Lo único que hemos podido registrar son 12 desaparecidos: pescadores a quienes se vio por última vez en alta mar y de quienes después nadie supo nada. Uno de los casos es el de Malaquías Zúniga. A Silvino Córdoba, los navales lo dejaron naufragando, y a Dionicio Paredes le balearon la mano”, denuncia la lideresa garífuna.
Sentencias, plazos e incumplimientos: el Gobierno aún está a tiempo, pero se desconoce el plan
En comunicación con este especial periodístico, la Corte IDH nos detalló los pormenores de la sentencia, en la que se describen las seis medidas de reparación que el Estado debe ejecutar, entre ellas la participación de la comunidad en la toma de decisiones, el derecho a la alimentación y el acceso al mar.
La Corte IDH nos confirmó igualmente que el plazo para cumplir dichas medidas vence el próximo 5 de marzo de 2027.
El cumplimiento de la sentencia por parte del Estado de Honduras garantizaría que Chachahuate, sumido en el letargo y el abandono, sin servicios básicos ni posibilidades de trabajo, alimentación y desarrollo para su población, pueda salir de esa situación, según nos comenta el pescador César Alberto.
El problema es que, a pesar del poco tiempo que resta para el vencimiento del plazo, se desconoce si existe un plan de atención y respuesta para el caso de Cayos Cochinos. Tampoco se sabe si existe siquiera un plan para los casos de Punta Piedra, San Juan y Triunfo de la Cruz, que enfrentan amenazas de despojo territorial, a pesar de que la Corte IDH ha dictado las respectivas sentencias de restitución en favor de las comunidades garífunas.
En unas escuetas declaraciones, el actual sub-procurador de la República, el abogado Francisco Quiroz, consultado sobre la responsabilidad del Estado de cumplir las medidas dispuestas en las cuatro sentencias relativas a las comunidades garífunas, se limitó a decir que sí existe un compromiso con su ejecución, pero no dio noticias de un plan para ello.
Para Mabel, el problema radica en que el Estado abandonó a las comunidades y entregó su territorio a una fundación que se está lucrando y explotando los bienes naturales sin dejar ningún beneficio. “Imagínese que han permitido la grabación de un reality show que está arruinando el ecosistema y el arrecife coralino, mediante pagos que están enriqueciendo a unos cuantos propietarios de islas privadas por encima de la gente, y después nos responsabilizan a nosotros de la destrucción”.
El mar nos habla
Nueva Armenia espera ahora que una sentencia internacional se traduzca en cambios cotidianos.
Para Mabel y César, la disputa va mucho más allá de dónde pueden lanzar una red. Se trata de mantener una relación con el territorio que atraviesa generaciones y conecta alimentación, trabajo, identidad y memoria.
“Nuestros antepasados que no pudieron ser enterrados en tierra eran lanzados al mar; ellos están allí cuando pescamos, cuando estamos buscando nuestra comida y el sustento de nuestros hogares. El mar nos habla y nos dice que resistamos”, comenta Mabel.
Ahora, todavía sentado junto a su lancha en Chachahuate, César lo expresa de una manera más sencilla mientras mira y señala el horizonte marino: “Si me arrebatan esas aguas, me muero. Esto es mi vida y, como tal, lucharé para que el mar siga libre y protegido, beneficiando a nuestras comunidades”.
Radio Progreso buscó la versión de la Fundación Cayos Cochinos, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
