La reciente aparición de la fotografía de Jorge Cálix en la papeleta preliminar de diputaciones por el departamento de Olancho es un hecho preocupante, ya que representa una ilegalidad según el artículo 115 de la Ley Electoral, advierte el expresidente del Partido Liberal, Luis Zelaya.

Para Zelaya, es de suma preocupación que mandos intermedios puedan manipular el sistema, incluyendo a una persona inhabilitada para participar en las elecciones porque ya fue precandidato en las internas y la ciudadanía no lo favoreció con su voto.

Esto genera dudas e incertidumbre sobre el manejo que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) está dando a estas elecciones, más aún considerando antecedentes de irregularidades en las primarias del pasado mes de marzo.

Zelaya cuestiona que la respuesta del CNE se haya limitado al despido de dos empleados señalados de participar en la irregularidad, y no informar de esas fallas del sstema, situación que incrementa la incertidumbre ciudadana de cara a los comicios generales del 30 de noviembre.

En ese sentido, el político pide que el caso sea investigado por la Fiscalía de Delitos Electorales, puesto que el proceso electoral no se limita al día de la votación, sino que abarca desde la inscripción de planillas hasta el cumplimiento del cronograma.

En esta misma línea, Juan Carlos Rodríguez, analista de la Coalición Patriótica, alertó a los consejeros del CNE sobre la necesidad de generar transparencia en las decisiones y acciones que realicen previo a las elecciones generales.

En entrevista con el noticiero Zona Informativa, dijo que los consejeros deben investigar a fondo quién promovió que esos dos empleados incluyeran en la papeleta la fotografía de Cálix y a qué intereses responden; de lo contrario, estarían dejando muchas dudas en un proceso electoral que ya carece de credibilidad.

Las elecciones generales en Honduras están programadas para el domingo 30 de noviembre, cuando se elegirá a la Presidenta o Presidente de la República, a los integrantes del Congreso Nacional, a las 298 autoridades de los gobiernos locales o alcaldías y a los representantes del Parlamento Centroamericano.