Por cuarta vez, la audiencia preliminar en el caso del asesinato del ambientalista y regidor Juan López ha sido reprogramada, esta vez a solicitud de los abogados defensores de Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz, imputados como presuntos autores materiales del crimen.
La audiencia, originalmente programada para este 14 de agosto, fue suspendida y trasladada al 21 de agosto a las 10:00 a.m., en el Juzgado con Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
El Ministerio Público habría entregado de forma tardía el dictamen preliminar de los vaciados telefónicos, evidencia que indicaría que el asesinato del defensor y delegado de la Palabra de Dios fue un crimen por encargo, y que hay personas que habrían ordenado y pagado su ejecución.
Selvin Maldonado, abogado defensor de los acusados señaló en entrevista con Radio Progreso que el informe consta de 160 páginas y que, debido a su complejidad técnica fue imposible analizarlo adecuadamente en el corto tiempo disponible antes de la audiencia. “Lamentablemente es una práctica recurrente del Ministerio Público presentar los dictámenes hasta el mismo día de la audiencia, lo que provoca una situación de indefensión para los imputados”, dijo. Además, sostuvo que el contenido del vaciado telefónico demostrará que sus representados no tienen vínculo alguno con el asesinato del defensor ambiental.
El documento, aún incompleto, incluye el vaciado telefónico de 48 teléfonos celulares incautados a personas presuntamente vinculadas con el crimen. Entre la evidencia recopilada hay registros de llamadas, mensajes, fotografías y videos que han sido analizados por especialistas en Costa Rica, técnicos hondureños con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y por e Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés)
Hasta el momento se desconoce cuándo se completará el dictamen final. Sin embargo, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, considera que los retrasos y la entrega parcial del documento responden a una estrategia del Ministerio Público para proteger a los autores intelectuales del asesinato de Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024.
Por su parte, el abogado Josué Lemus, representante legal de las víctimas -el Comité Municipal de Tocoa y a la familia de Juan López- declaró a Radio Progreso que se adhirieron a la solicitud de la defensa para reprogramar la audiencia, ya que también necesitan tiempo para analizar el dictamen del vaciado telefónico. No obstante, reconoció que ya existen suficientes pruebas para que los tres acusados sean condenados en un eventual juicio oral y público. Aun así, consideró oportuno permitir que la defensa estudie detalladamente los medios de prueba, con el objetivo de evitar, en el futuro, la presentación de recursos de casación por parte de la defensa de los acusados.
Cuando se anunció la suspensión de la audiencia y su reprogramación, las personas representantes de diversas comunidades que habían viajado desde el Valle del Aguán, Valle de Sula, Atlántida, Santa Bárbara y de las comunidades indígenas lencas organizadas en el COPINH, hicieron un plantón pacifico frente los juzgados, bloqueando temporalmente el paso vehicular.
Con pancartas en mano y alzando la voz demandaron celeridad en la presentación de requerimientos fiscales contra los presuntos autores intelectuales del crimen. “Falta Lenin, falta Adán, para que haya justicia para Juan”, gritaban, en alusión al alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, y al empresario Lenin Pérez, propietario del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares / Ecotek, a quienes señalan como dos de los supuestos responsables de haber ordenado el asesinato.
La abogada Rita Romero, representante legal del Comité Municipal de Tocoa, denunció la negligencia institucional del Ministerio Público, ya que el vaciado telefónico debió entregarse al menos tres días antes de la audiencia. “La actitud del Ministerio Público es una burla. Esta es ya la cuarta reprogramación de una audiencia que apenas abre las puertas para arañar la justicia”, declaró. Asimismo, cuestionó el accionar del Fiscal General: “Sus discursos ya rayan, porque no tienen contenido en su práctica”.
Romero también resaltó el sacrificio de las personas que se movilizaron desde Tocoa hasta San Pedro Sula, indicando que muchas no habían dormido para poder estar en la acción de exigencia de justicia.
El sacerdote jesuita Ismael Moreno, más conocido como Padre Melo, afirmó que las comunidades y organizaciones que exigen justicia para Juan López y la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras tienen pleno derecho a sospechar que el retraso en el sistema de justicia no obedece únicamente a cuestiones técnicas, sino también a decisiones políticas de fondo.
El Padre Melo hizo un llamado a la sociedad hondureña a fortalecer la presión social, advirtiendo que una mayor demora en el acceso a la justicia para Juan López pone en grave riesgo la vida de las personas defensoras del territorio y de los bienes naturales, tanto en el Aguán como en otras regiones del país.
La audiencia preliminar contra los tres acusados por el asesinato de Juan López fue reprogramada para el próximo 21 de agosto a las 10:00 de la mañana. Esta audiencia representa una etapa clave dentro del proceso judicial, ya que se celebra tras la fase de investigación y antes del juicio oral y público. Su objetivo principal es determinar si existen pruebas suficientes para llevar a juicio a los imputados por el asesinato del defensor, Juan López.
