La audiencia preliminar contra Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz, acusados como presuntos autores materiales del asesinato del defensor Juan López, fue reprogramada por quinta ocasión, generando frustración entre las organizaciones y comunidades que acompañan el caso. Cientos de personas se habían desplazado desde diversos puntos del país hasta los juzgados de San Pedro Sula, con la esperanza de que finalmente se diera apertura al juicio oral y público en uno de los casos más emblemáticos de Honduras.

Un día antes de la audiencia programada para este 21 de agosto, el Ministerio Público respondió a una solicitud de juicio abreviado que semanas atrás presentó la defensa de Óscar Alexis Guardado, quien se reconoce como la persona que disparó y le quitó la vida a Juan López el pasado 14 de septiembre de 2024. Esta respuesta tardía de parte de la Fiscalía habría sido uno de los factores que motivaron a la nueva reprogramación.

Además, tanto la Fiscalía como la acusación privada solicitaron ampliar los cargos contra los imputados, incluyendo el delito de asociación ilícita, además del ya establecido delito de asesinato argumentando que el dictamen preliminar del análisis de los teléfonos incautados contiene pruebas suficientes para demostrar que los tres acusados se asociaron con el propósito de cometer el crimen.

Por otro lado, las defensas de Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz pidieron el sobreseimiento definitivo, argumentando que no existen pruebas suficientes para mantener a sus representados en prisión preventiva ni para llevarlos a juicio.

Lentitud y opacidad del Ministerio Público

El sacerdote jesuita Ismael Moreno asistió como observador a la audiencia. El padre Melo era amigo cercano de Juan López, y con voz firme denunció que las constantes dilaciones en el proceso judicial podrían responder a intereses políticos. Según afirmó, habría un intento de proteger a los autores intelectuales del crimen, a quienes describió como “personajes de alto calibre: políticos y empresarios mineros”, con el fin de garantizar su impunidad y reducir el proceso únicamente a los “gatilleros”, a quienes ejecutaron el asesinato y facilitaron su logística.

«Es el Ministerio Público está atrasando todo el proceso. Las organizaciones sociales deben enfocar su presión sobre esta institución para que el juicio se realice y, posteriormente, se procese a los verdaderos responsables intelectuales», declaró el Padre Melo. Asimismo, convocó a un plantón el próximo 28 de agosto a las 8 de la mañana frente a la sede del Ministerio Público en San Pedro Sula. “La vida de Juan López nos convoca”, enfatizó.

También se sumó a las críticas la abogada Kenia Oliva, representante de la acusación privada, quien denunció la falta de transparencia en las investigaciones. Oliva señaló que hasta hace poco el expediente del caso estaba bajo reserva, lo que les ha impedido conocer las líneas de investigación seguidas por la Fiscalía. “Ni siquiera sabemos por qué en el dictamen preliminar solo se analizaron 10 de los 48 celulares incautados”, expresó. 

De esos 10 celulares, detalló, solo 8 fueron efectivamente revisados y ninguno pertenecía ni a Juan López ni al alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, señalado por amplios sectores de la ciudadanía como uno de los presuntos autores intelectual del crimen. “Hasta el momento la fiscalía está solicitando a las empresas telefónicas a quienes pertenecen los teléfonos que se decomisaron”, dijo Oliva. 

“Nosotros representamos a las víctimas, y el Código Penal establece claramente que estas tienen derecho a conocer toda la verdad, pero el Ministerio Público ha levantado un muro que lo impide”, concluyó la abogada Kenia Oliva. Recordó que el rol de la acusación privada es coadyuvar o colaborar con la Fiscalía en la investigación, presentación y sustento de la acusación, algo que en este caso se ha visto entorpecido por la falta de acceso a la información.

La ciudadanía se moviliza por justicia

A pesar del cansancio físico y el desgaste emocional, la exigencia de justicia no se detiene. Cerca de cinco autobuses partieron a las 2 de la madrugada desde la Diócesis de Trujillo y Tocoa, en el departamento de Colón, rumbo a los juzgados de San Pedro Sula. A esto se sumó la movilización de personas provenientes de El Progreso, Yoro, Cortés y Atlántida.

Más allá del esfuerzo económico que implica desplazarse, las personas llegaron con pancartas en mano y voces firmes, exigiendo justicia para Juan López y protección para el Parque Nacional Carlos Escaleras que continúa bajo amenaza por la actividad minera.

Para Diler Escobar, miembro de la Plataforma Agraria en el Aguán, el viaje hasta San Pedro Sula implicó recorrer más de ocho horas. El campesino expresó su indignación por la demora del proceso judicial, recordando que ya casi se cumple un año del asesinato del defensor Juan López y, aun así, no hay avances significativos en el caso.

“Justicia tardía no es justicia”, afirmó con firmeza, señalando que la ciudadanía sigue observando cómo la justicia en Honduras se mueve al ritmo del dinero y del crimen organizado.

Para asistir a la audiencia, Escobar, al igual que otras personas de su organización, tuvo que abandonar un día de trabajo y utilizar recursos económicos destinados a su familia para costear el viaje. “Nada ha cambiado en este país”, concluyó, reflejando una profunda frustración e impotencia ante una justicia que se vuelve sorda a los clamores del pueblo.  

Mary López, coordinadora de la Pastoral Ecológica de la Diócesis de Trujillo, expresó su indignación por la falta de avances en el caso y cuestionó directamente el accionar del Ministerio Público. “Al parecer no tienen la capacidad de realizar un trabajo de investigación serio, o simplemente están jugando con la dignidad del pueblo”, denunció.

A casi un año del asesinato del defensor Juan López, lamentó que apenas se esté celebrando la audiencia preliminar. En ese contexto, hizo un llamado al fiscal general del Estado, Johel Zelaya: “Si no tiene la capacidad que renuncie. O al menos que busque apoyo en organismos internacionales para que se haga un trabajo efectivo y se garantice justicia”, dijo. 

El accionar del Ministerio Público ha generado serias sospechas sobre la posibilidad de que este caso siga el patrón de impunidad presente en otros asesinatos de reconocidos defensores del territorio y del ambiente en Honduras. Casos como los de Carlos Escaleras, Blanca Jeannette Kawas, Margarita Murillos, e incluso el de Berta Cáceres, donde, pese a la condena de los autores materiales, la justicia no ha alcanzado a los autores intelectuales, reforzando el temor de que se repita la fórmula de encubrimiento y falta de justicia.