Once meses han pasado desde el crimen del ambientalista Juan López. Durante este casi año, las pocas investigaciones de la Fiscalía han conducido a la captura e inicio de enjuiciamiento contra Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz, tres de los supuestos autores materiales del asesinato.
Este 14 de agosto, cuando se cumplen los 11 meses del crimen del regidor municipal de Tocoa, Colón, también coincide con el desarrollo de la audiencia preliminar contra los tres implicados.
Ante estos acontecimientos, la abogada Rita Romero, apoderada del Comité Ambientalista de Tocoa, aseguró en Radio Progreso que “estamos acercándonos a la puerta de acceso a la justicia, con una audiencia inicial, para formalizar esos cargos del Ministerio Público en contra de los autores materiales”, dijo la abogada, lamentando que la audiencia se ha venido retrasando desde el mes de noviembre del año pasado, “cuando desde el Comité hemos dicho que esperaríamos que este momento sea el de pararse ante esa puerta de acceso a la ruta de justicia”.
Según la abogada Romero, la Fiscalía ha venido retrasando la audiencia con la justificación de que no tiene los mínimos para la formalización de este asesinato por encargo. “Esperamos que para esta audiencia hayan realizado los esfuerzos necesarios para llegar hoy preparados y así formalizar cargos por este asesinato por encargo en contra del ambientalista Juan López y que abre la vía para ir detrás de los autores intelectuales».
Para la abogada Juana Esquivel, integrante del Comité Ambientalista, resulta injustificable que se argumente que se carece de recursos y de soportes técnicos y humanos para poder hacer todo el vaciado telefónico y análisis de esta información, “cuando vemos que se destinan fondos para otros casos de menor impacto, pareciera que este no les interesa”.
Esquivel dijo que exigen al Ministerio Público y concretamente al fiscal Johel Zelaya que demuestre el compromiso que tiene con la justicia al asignar los fondos que se requieren para esta investigación, que podría dejar un antecedente importante de justicia en Honduras.
Sobre la reunión reciente que el fiscal general tuvo con representantes del Comité Ambientalista de Tocoa, el Obispo de Trujillo, Jenry Ruiz, y el padre Ismael Moreno, SJ, Juana Esquivel dijo que se percibe que hay mucho discurso y que, en todo este tiempo, la Fiscalía no ha puesto los suficientes esfuerzos para que el proceso de investigación avance, y no únicamente en este caso, sino que hay otros tres integrantes del Comité que en 2022 fueron asesinados, casos que siguen en completa impunidad. “El Ministerio Público no ha mostrado ningún interés en poder frenar la violencia contra los defensores y defensoras y particularmente investigar el crimen de Juan López”, dijo Esquivel.
“Estamos insatisfechas con la información recibida, y mientras lo que el fiscal manifiesta no se materialice en una búsqueda hacia la autoría intelectual, castigo y el encarcelamiento de los actores intelectuales, no vamos a estar nunca satisfechas. Incluso en este proceso de los actores materiales hemos visto la deficiencia del Ministerio Público en avanzar en los peritajes que garanticen los elementos suficientes para la etapa del juicio. Hay elementos, nosotras no dudamos que los tres implicados tuvieron participación, ahora debemos pasar a la etapa de juicio”, declaró la abogada Juana Esquivel.
Ambas integrantes del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa dijeron que no van a descansar en su exigencia para que se llegue a la red criminal que orquestó el asesinato de Juan López. “El Ministerio Público debe de saber que no es una o dos personas, sino un pueblo quienes estamos exigiendo justicia, y el fiscal general está obligado a rendir cuentas y dar esa justicia que nosotros estamos buscando. Asignar todos los recursos que sean necesarios para esclarecer y llegar a toda la red criminal que está detrás del asesinato de Juan López”.
Durante los 11 meses del crimen del ambientalista, las comunidades del municipio de Tocoa han estado realizando acciones para presionar el castigo por el crimen. “Las comunidades mes a mes estamos haciendo movilizaciones a nivel del municipio de Tocoa, pero somos claras que la justicia implica el encarcelamiento y el desmontaje de la estructura criminal para la liberación del parque nacional Carlos Escaleras o Montaña Botaderos, entonces el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que implementar el decreto 18-2024 para la protección de este bien natural”, dijo Juana Esquivel.
Rita Romero agregó que en una reciente reunión con el fiscal general le entregaron personalmente todo el expediente en este caso que, desde el año 2023, el propio Juan López entregó a la UFERCO, donde están todas las líneas de investigación de esta red de corrupción que ha provocado la destrucción del parque nacional en Tocoa, ha generado miedo en las comunidades y provocó el crimen del ambientalista Juan López.
Tanto Juana Esquivel como Rita Romero fueron contundentes: la lucha y resistencia no se detendrá hasta que los culpables de asesinar a su compañero y amigo Juan López, y quienes pagaron por este crimen —que son los mismos que han destruido el parque nacional Carlos Escaleras—, sean llevados ante la justicia.
