La Comisionada Andrea Pochak, relatora para Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegó al departamento de Colón para dialogar con los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por este mecanismo a defensores y defensoras que enfrentan riesgos debido a su labor en esta conflictiva región del país.
A su llegada, la representación de la CIDH sostuvo reuniones con distintas autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil para profundizar en el contexto de Honduras.
La delegación de la #CIDH en #Honduras, liderada por la Comisionada @APochak, se desplazó a Tocoa para reunirse con personas beneficiarias de #MedidasCautelares y acompañarlas a la comunidad de Guapinol, en el Bajo Aguán. Asimismo, se reunió con la Fiscalía local. pic.twitter.com/6BTJGZiPLa
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 1, 2024
Posteriormente, la Comisionada Pochak visitó el valle del Aguán, una zona marcada por un conflicto agrario que se ha prolongado durante décadas, la creciente presencia del crimen organizado y el narcotráfico, así como la llegada de una empresa minera que ha operado sin seguir los procedimientos legales y de manera inconsulta, lo que ha generado graves consecuencias para las comunidades afectadas.
En septiembre de 2023, la Comisión Interamericana otorgó medidas de protección a 30 defensores del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Sin embargo, estas medidas no se han cumplido por parte del Estado de Honduras. El 14 de septiembre, un año después de su otorgamiento, se produjo el asesinato del defensor ambiental Juan Antonio López, uno de los beneficiarios de la medida.
Los defensores y defensoras denunciaron que, tras un año de haber sido beneficiarios de las medidas cautelares, apenas hace un mes el Estado entregó algunos carnés del Mecanismo Nacional de Protección; el resto de las medidas, como cámaras de seguridad y patrullajes, no se han implementado.
Adilia Castro, del Comité Ambiental, lamentó que dentro de la institucionalidad hondureña no encuentren un interlocutor válido para coordinar el cumplimiento de las medidas y la protección de las comunidades. También exigió justicia por el crimen de Juan López y pidió que se castigue a los autores materiales e intelectuales. “La justicia también se traduce en la cancelación del megaproyecto minero Los Pinares, que ha sido el origen de esta nueva conflictividad en la región.”
Otra de las reuniones de la delegación de la Comisión Interamericana en el Valle del Aguán fue con la Plataforma Agraria, un espacio que aglutina a los movimientos campesinos de la zona. Estos están en proceso de recuperación de tierras, pero han enfrentado una violencia creciente que, en los últimos años, ha resultado en el asesinato de más de 100 campesinos, según organizaciones de derechos humanos.
Los campesinos y campesinas pidieron al Estado de Honduras, a través de la Comisionada de la CIDH, que facilite el buen funcionamiento de una comisión de la verdad que aclare los asesinatos en la zona y quiénes son los responsables de generar violencia e incertidumbre en el sector. También solicitaron que los entes judiciales en honduras investiguen a la empresa DINAF, propiedad de la familia Facussé, a quienes responsabilizan de la violencia que sufren las comunidades campesinas. “Los desalojos violentos son por los guardias de seguridad de esta empresa en colusión con las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras: policías y militares”, denunciaron los campesinos.
Sobre la visita de la comisionada, la abogada Claudia Paz y Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quien acompaña las medidas del Comité, expresó que la presencia de la comisionada es importante porque evidencia la gravedad de los hechos en el Aguán. “Es una visita crucial porque constata los actos de violencia que están ocurriendo en la región y la contaminación del río Guapinol, como resultado de la instalación de la empresa minera.”
Claudia Paz añadió que su organización está preocupada y trabajando con los defensores y defensoras, debido a los continuos ataques, la criminalización y, como en el caso de Juan López, los asesinatos.
La delegación de la CIDH en Honduras estuvo en Tocoa para reunirse con personas beneficiarias de medidas cautelares y acompañarlas a la comunidad de Guapinol, en el Bajo Aguán. Además, se reunió con la Fiscalía local para consultar sobre las diligencias que están realizando en la investigación del caso.
