En días recientes se conoció que el presidente del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo, convocó a los presidentes de las bancadas de los distintos partidos políticos para enlistar los anteproyectos de ley pendientes de aprobación para incluirlos en la última legislatura.

En el listado se incluye la Ley de Fomento a las Inversiones, conocida como Ley de Licenciamento Express, que fue presentada en el primer trimestre de este año y rechazada por considerar que generaría conflictividad socioambiental al entregar licencias a empresas extractivas que hasta ahora únicamente han dejado contaminación del agua y aire, la destrucción de bosques y sus implicaciones en la salud de las comunidades afectadas.

Para la analista en temas ambientales, Lucía Vijil, de CESPAD, que la ley vuelva a aparecer en la lista pendiente de aprobar significa que el discurso sobre el respeto a los territorios y a los pueblos indígenas se cae cuando insisten en aprobar una ley que dice todo lo contrario.

“Debe ser motivo de preocupación que se intente seguir con estas leyes en contexto electoral. Nos preguntamos qué y quiénes son los que verdaderamente están promoviendo esto, si será moneda de cambio para apoyo político en este tiempo, y qué sector va a beneficiar”, dice Lucía, quien recordó que la Cámara de Comercio e Industria de Cortés es quien ha estado avalando este proyecto en el Congreso Nacional, lo que claramente preocupa. 

Cuando se conoció la propuesta de ley, el analista Gustavo Irías advirtió que, “al revisar el proyecto de ley, es de alta preocupación la renuncia del Estado a la supervisión y autorización de los procesos asociados a la renovación de licencias, dejando solamente reservada la facultad de suspensión o revocación (artículo 4), entregando al sector privado la responsabilidad legal como titular y prestador de servicios ambientales. Todo esto se traduce en que la renovación de las licencias ambientales pasará a manos del sector privado, convirtiéndose en un instrumento controlado exclusivamente por el capital nacional y transnacional. Lo más preocupante es que la normativa en debate solo menciona la creación de un mecanismo especial para otorgar y renovar de forma inmediata las licencias ambientales (artículo 1), sin detalles sobre su funcionamiento”.

Ante las intenciones de avanzar con esta legislación, el llamado desde CESPAD es a estar alertas. “Nos toca estar atentos e involucrarnos en el debate. Si el Presidente del Congreso Nacional continúa moviendo este tipo de proyecto, nos debe preocupar porque ha sido el modo histórico de operar del Congreso Nacional, que en días previos, a cierre de año y cierre de legislatura, se mueve a los favores de quienes financian sus campañas políticas”, dijo Vijil en entrevista con Radio Progreso.

Para Lucía Vijil, la presencia de la industria extractiva, ya sea minería, geotérmicas, hidroeléctricas o cualquier otra, genera mayor conflictividad en las comunidades y rechazo de la ciudadanía, lo que después se convierte en judicialización de defensores y defensoras, y en algunos casos, asesinatos. “Es lamentable que los proyectos jamás sean socializados, incluida esta ley, de la manera que corresponde, en el marco de los principios del derecho al acceso a la información y participación ciudadana para la instalación de cualquier tipo de proyectos”.

En un análisis sobre el proyecto, CESPAD recopiló el contexto en el que se presentó:

Fue durante la sesión del 2 de mayo de 2025, cuando el diputado Luis Redondo sometió a debate tres iniciativas vinculadas al sector empresarial. La primera fue la aprobación, en segundo debate, de la Ley del Régimen Laboral de Teletrabajo; la segunda, la Ley Especial para el Fomento del Empleo. Ninguna de estas propuestas resultó favorable. La tercera, relacionada con el licenciamiento ambiental exprés, sí logró pasar dos debates exitosos. Este contexto muestra que no se trata solo de una iniciativa aislada, sino de un paquete de reformas legales con un actor central beneficiado: la empresa privada, según análisis de CESPAD.

En la sesión del Congreso del 6 de mayo, se anunció la socialización de la ley de licencias ambientales exprés, pero no su sometimiento a debate. En ese momento, se intentó posicionar al Congreso como una institución comprometida con la protección ambiental. Redondo citó decretos anteriores sobre la cota 200, reservas naturales y medidas contra incendios provocados, y afirmó: “Nosotros no vamos a actuar en contra del medio ambiente ni de intereses particulares (…) licencias que cumplan con los requisitos y que sean siempre revisadas por el Estado puedan agilizarse”, justificando así la creación del mecanismo especial, excepcional y simplificado para otorgarlas.

En ese mismo acto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain, avaló el proyecto. Su discurso giró en torno al desempleo y la pobreza como urgencias nacionales, desplazando el debate técnico hacia una dimensión moral. Luego, Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), respaldó implícitamente el dictamen. Pidió explicarlo mejor y que se escuchara a los actores sociales, pero sin exigir cambios de fondo ni mecanismos de participación previa. Lo más contradictorio fue su referencia al Acuerdo de Escazú: “El acuerdo de Escazú ha colocado el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección a los defensores y defensoras del medio ambiente en el centro de atención”.

De manera similar, Ariel Montoya, presidente de la Comisión del Medio Ambiente, respaldó el dictamen afirmando que se trataba de una autorización para que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) estableciera un mecanismo más ágil, sin eliminar los principios legales existentes. Sin embargo, reconoció que aún permanecen pendientes varias correcciones, como la no eliminación de requisitos de consulta, la exclusión de proyectos en territorios indígenas y afrodescendientes, y que no sea aplicable a la minería metálica.