Este día, el padre Ismael Moreno, sj, el obispo Jenry Ruíz y representantes del Comité Ambiental de Tocoa sostuvieron una reunión con el fiscal general de la República, el abogado Johel Zelaya, para profundizar sobre los avances en las investigaciones del crimen del ambientalista Juan López.
Por más que pasen los meses, el asesinato del ambientalista Juan Antonio López sigue siendo una herida abierta en el Valle del Aguán. Una herida que, lejos de cicatrizar, se profundiza con cada día sin que la justicia llegue a los verdaderos responsables.
El próximo 14 de agosto se reanudará la audiencia preliminar contra los presuntos autores materiales del crimen, pero ¿Y los autores intelectuales? ¿Quién dio la orden? ¿Quién pagó para que silenciaran a quien defendía la montaña Botaderos-Carlos Escaleras Mejía?
El sacerdote jesuita Ismael Moreno, más conocido como Padre Melo, ha sido claro: “El crimen contra el ambientalista está asociado con la defensa que él tenía a la montaña Botaderos-Carlos Escaleras, además que existe vínculo de la empresa minera Los Pinares”. Sus palabras, respaldadas por el obispo de Trujillo, Jenry Ruíz, y por representantes del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, no dejan lugar a dudas sobre el contexto en el que se dio el crimen el pasado 14 de septiembre de 2024.
El Ministerio Público, según dijo el fiscal general Johel Zelaya, quien se reunión con el Padre Melo, el obispo Ruíz e integrantes del Comité Ambietalista de Tocoa, afirmó que las investigaciones avanzan. Se habla de “requerimientos fiscales” que vendrán, de “vaciados telefónicos” ya realizados. Sin embargo, no hay fechas, no hay nombres, y eso inquieta. “Nosotros queremos confiar en la palabra del Ministerio Público, pero también nosotros seguiremos presionando como iglesia”, sostuvo el Padre Melo.
Esa presión es hoy más necesaria que nunca. Porque cada día de silencio institucional es un día de mayor vulnerabilidad para quienes siguen defendiendo los bienes comunes en Tocoa y en otras regiones de Honduras. Como bien advirtió el padre Melo en la reunión con el fiscal, el retraso en hacer justicia no solo revictimiza a Juan López y a su familia, también pone en riesgo a todos los defensores y defensoras del territorio en Honduras.
El obispo Ruíz lo dijo con claridad, la justicia no es solo tarea de la fiscalía. También involucra a los juzgados, a las instituciones que, en teoría, deben velar por el bien común y no por intereses empresariales o extractivos. “Tenemos que seguir demandando esa justicia”, insistió.
Las fechas que vienen son importantes. El 14 de agosto, cuando se reanude la audiencia en los Juzgados de San Pedro Sula, será una oportunidad para mostrar que las comunidades y diversas organizaciones sociales siguen atentas al caso, que se niegan a olvidar. El llamado de Juana Zúniga, ambientalista e integrante del Comité, es que acompañar la audiencia es mantener viva la demanda de justicia para Juan.
Y más allá de los tribunales, la Iglesia también tomará un rol activo. El 12 de septiembre, la Conferencia Episcopal de Honduras se unirá al reconocimiento público a la familia de Juan López. Dos días después, el 14, se cumplirá un año del crimen. Un año sin justicia.
“El caso es por Juan López, pero también por los crímenes que se han cometido contra la montaña Botaderos por la empresa Pinares-Ekotec”, recordó el Padre Melo.
En un país donde la defensa del medioambiente suele pagarse con la vida, (2023, Honduras se convirtió en el país con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores del medioambiente y la tierra, reportando 18 homicidios, según la organización Global Witness) la lucha por justicia para Juan López no es solo una cuestión jurídica. Es un acto de dignidad. De memoria. Y de futuro en la tarea de ciudar la casa común.
