Jueves, 09 abril 2026  

Los juicios políticos en Honduras

Hasta marzo de 2026, se estrenó la figura del juicio político en Honduras y no fue una experiencia positiva, sino traumática. No solo porque fueron fundamentalmente hombres quienes aprobaron el juicio o porque se aplicó a un hombre por primera vez, sino porque esos hombres cuentan con un historial que al menos deberían estar suspendidos de por vida para la función pública. 

Desde una perspectiva democrática, es una buena señal que el juicio político se aplique por primera vez, como una buena práctica de la concreción de los pesos y contrapesos para el buen funcionamiento del sistema democrático, sin embargo, en los términos que aplicó se ha convertido en instrumento político para destruir la oposición política. Es decir, el Congreso Nacional está repitiendo el mismo patrón por el cual le aplicaron el juicio político al Fiscal General. Están replicando lo que dijeron iban a combatir.

Desde una perspectiva jurídica, el juicio político está considerado en la Constitución de la República de Honduras y se reglamenta por la Ley Especial de Juicio Político. Una norma que viene del año 2013. Sin embargo, según expertos en el campo, al aplicarlo por primera vez, “se ha violentando el artículo 15 de la Constitución, que establece que las sentencias internacionales son de cumplimiento obligatorio” por tanto el Congreso Nacional antes de aplicarlo, tuvo que haber adecuado la figura del Juicio político a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Navas vs. Honduras y otras sentencias importantes. Al tiempo que se expone a Honduras a una nueva demanda internacional.

Desde una perspectiva procedimental, el juicio al fiscal general fue una absoluta chabacanada. La ley establece que hay 30 días para que el CN reciba la denuncia, nombre la comisión, para que la comisión convoque a la audiencia al funcionario señalado, que la comisión haga y presente el informe a la asamblea legislativa y que ésta tome la decisión final. Sin embargo, tuvimos un juicio exprés, en menos de 24 horas, se suspendió, se juzgó, se destituyó y se nombró nuevo Fiscal General.

Desde una perspectiva ética, los juicios políticos en Honduras no hay manera de sostenerlos. Ya que la comisión que nombró el Congreso Nacional, en sí misma está integrada por personas sin competencia para ello, algunos con procesos en el Ministerio Público y un diputado electo por la mano peluda del Consejo Nacional Electoral. Es lo más cercano a un grupo de tacuazines cuidando el gallinero. 

La lectura que más se acerca a la realidad del juicio político es que estamos en la reinstalación del proyecto autoritario que surgió del golpe de Estado. Estamos ante la consolidación de un grupo que retomó el control del estado utilizando los dos partidos tradicionales, y tienen como propósito dos cosas: primera, consolidar el proyecto autoritario que venía con fuerza desde el golpe de Estado de 2009 y que tuvo un bache de cuatro años y hoy retoma ese poder pensando en largo plazo, y segunda, promover el exterminio del partido político de oposición, como lo dice Tomas Zambrano, LIBRE nunca más.

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