El día en que se conmemoraban los 229 años de la presencia garífuna en Honduras, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), fue retenida por la Policía Nacional en el departamento de Olancho, cuando se dirigía a la capital para participar en varias actividades que exigen el respeto al territorio garífuna.
Esta agresión contra Miriam Miranda no es la única. Ha sido blanco de constantes ataques, campañas de desprestigio y procesos de criminalización por denunciar el incumplimiento del Estado hondureño en cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenan la devolución y el respeto a sus tierras.
Las agresiones contra Miranda reflejan la difícil situación que enfrentan las defensoras de territorios en Honduras. En este marco, esta semana la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación que enfrentaron en 2025, lo que evidenció la magnitud de la violencia contra mujeres, organizaciones y comunidades.
El documento revela que el año pasado se registraron 2,484 agresiones en un contexto marcado por un proceso electoral con fuerte presencia de fraude, corrupción y la intervención política del gobierno de Estados Unidos. Esa violencia se concentró en un 45% en el departamento de Colón, al norte de Honduras.
Ana Leverón, técnica de la Red Nacional, dijo a Radio Progreso que el informe presenta datos por departamento y comprueba que Colón registra la mayor cantidad de agresiones en el país en comparación con otras regiones: un total de 1,122. “Es un número bastante alto dada la presencia de múltiples organizaciones territoriales y comunitarias, como la Ofraneh, el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, las empresas campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y otras que funcionan en la zona. Colón es una zona roja en comparación con otros departamentos como Atlántida, Francisco Morazán o Cortés”, comentó.
El estudio, titulado Caminando nuestra justicia, registra que 348 ataques fueron dirigidos contra defensoras específicas, 230 contra organizaciones y 1,906 de carácter colectivo.
Un dato preocupante del informe es que el Estado hondureño es el principal agresor, con el 45% de los casos a través de la policía, autoridades y Fuerzas Armadas.
“Es lamentable que funcionarios públicos de la Policía Nacional, la Policía Militar y los militares sean los principales agresores de las compañeras, lo cual resulta paradójico porque son quienes deberían protegernos y garantizar nuestros derechos humanos. Pero, al contrario, son quienes agreden a las compañeras y buscan eliminar sus causas”, declaró Crisna Godoy, integrante de la Red.
Además, en 2025 la Red Nacional registró 328 agresiones digitales, como campañas de desprestigio en redes sociales, vigilancia y hackeo de cuentas personales y de organizaciones. Se contabilizaron al menos 21 campañas de este tipo, y las organizaciones más agredidas fueron la Ofraneh, el Copinh y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, cuya presencia es relevante en lo mediático.
El informe también identificó un patrón: en al menos un 32% de los ataques, las agresiones no se limitan a la defensora, sino que se extienden a sus hijas, hijos, padres, madres, familiares o compañeros de organización.
“En el actual contexto, estos datos suponen un riesgo mayor para las defensoras, especialmente por la orientación de la nueva administración de gobierno, que respalda a grupos de poder, genera retrocesos en derechos fundamentales y promueve persecución en los territorios”, dijo Ana Leverón.
Agregó que “la violencia se está focalizando y no existe compromiso de las autoridades para enfrentar esta realidad; por lo tanto, no creemos que vaya a disminuir. Con este nuevo gobierno vemos muchos cambios acelerados”.
La Red Nacional dijo que la experiencia política de las defensoras trasciende la defensa de un solo derecho, sino que va más allá, porque defienden la vida en su integralidad. “En el marco de las agresiones que hemos registrado, el 68% de ellas ocurrieron mientras las defensoras defendían la tierra, territorio y bienes comunes y un 13% defendían la verdad, justicia o reparación”, dice el informe.
Pese a la persecución estatal a través de las fuerzas de seguridad y otros embates, la Red de Defensoras afirmó que continuará su resistencia y la promoción de la vida desde los territorios.
