Transparencia y participación ciudadana, la cura contra la corrupción

Lunes, 09 marzo 2026

Transparencia y participación ciudadana, la cura contra la corrupción

Únicamente el año pasado, 2025, Honduras destinó 90 mil millones de lempiras a infraestructura, según datos de organizaciones de sociedad civil que monitorean la gestión pública. Es una cifra impresionante. Si sumamos inversiones similares en años anteriores, concluimos que es uno de los rubros de mayor gasto dentro del presupuesto general de la República.

Sin embargo, pese a estos millones, persisten las mismas dificultades. Los centros hospitalarios son insuficientes, carecen de medicinas y tienen instalaciones en pésimas condiciones. En educación, hay comunidades con escuelas unidocentes en estado de calamidad, edificios a punto de colapsar.

Hablar de infraestructura debía suponer que, la construcción de carreteras debe permitir la conexión de las comunidades, los hospitales salvar vidas y las escuelas ampliar oportunidades, y si eso no está sucediendo ¿Dónde terminan esos fondos si la población sigue sufriendo?

La infraestructura pública es uno de los sectores más vulnerables a la corrupción. La transparencia en el uso de esos fondos no debe ser un tema técnico aislado, sino un pilar del desarrollo y la democracia. Porque hasta ahora los proyectos terminan siendo más caro de lo previsto, más lentos de ejecutar o de menor calidad a la esperada.

En la actual administración del nacionalista Nasry Asfura, se han aprobado decretos de emergencia que permiten usar recursos estatales sin control. Un ejemplo es la reciente declaratoria de emergencia en el área de la salud, que habilita compras directas sin licitaciones. Esto otorga discrecionalidad a funcionarios y limita la transparencia en el manejo de fondos públicos.

Expertos coindicen que al hablar de corrupción en infraestructura es necesario preguntarnos dónde se producen esos desvíos, qué fases o etapas se aprovechan para enriquecerse. Es en el diseño del proyecto que puede estar destinado no para beneficiar a las comunidades sino para aprovechar esos recursos y meterlos a bolsillos privados, es en las licitaciones y contratación, es en la ejecución de la obra o en la supervisión y el control. Seguramente la respuesta será en todas.

Esta situación obliga a la ciudadanía y las organizaciones sociales a actuar. Exigiendo que la institucionalidad no se rija por decretos de emergencia que abren la puerta a abusos. Corresponde exigir la participación mediante procesos de veeduría ciudadana que permitan conocer montos, proveedores, etapas de construcción y cierre de proyectos. Solo así se garantizará que los millones destinados a la infraestructura sirvan a las mayorías y no a políticos y empresarios que llenan sus bolsillos y cuentas personales de fondos públicos.