La presencia de obreras y sindicalistas fue más nutrida este 2026 en el Día del Trabajador y la Trabajadora. Las exigencias en las movilizaciones de las principales ciudades del país coincidieron, rechazo al alto costo de los combustibles y los productos de la canasta básica de alimentos, y repudio a las acciones del cogobierno del Partido Nacional y Liberal, que está a punto de cumplir 100 días en el poder.
En la capital de la República, Tegucigalpa, la movilización inició muy temprano este 1 de mayo desde el barrio La Granja de Comayagüela, bajo la amenaza de una fuerte presencia de militares que generó temor en buena parte de la población que llegó a protestar de forma pacífica por acciones que considera afectan sus derechos laborales.
Tras un recorrido por las principales calles de la ciudad, soportando sofocantes temperaturas, los capitalinos llegaron hasta la Concha Acústica, donde se dio lectura al posicionamiento oficial de la jornada. Allí, los representantes de las centrales obreras rechazaron la recién aprobada Ley de Empleo Parcial y por Hora, además de otros decretos aprobados por el Congreso Nacional que atentan contra la estabilidad laboral.
Dentro del manifiesto se denunció que el recién aprobado Presupuesto General de la República destina partidas únicamente para contener la crisis, sin claridad sobre la inversión que necesita la ciudadanía, lo que provocará un atraso del país al priorizar a los grandes capitales.
El documento, leído por tres representantes del sindicalismo tradicional, también exigió la aprobación de una ley de justicia tributaria para una mejor distribución de la riqueza en el país, además de castigar la evasión fiscal. Finalmente, los trabajadores y trabajadoras recordaron al Congreso Nacional y al gobierno de Nasry Asfura la necesidad urgente de aprobar la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), un clamor ciudadano para enfrentar la corrupción insertada en la institucionalidad pública.La acción permitió que los obreros y obreras hicieran un reconocimiento especial al líder Carlos H. Reyes, del Sindicato de Trabajadores de las Bebidas y Similares (STIBYS), por su ardua lucha en favor de la contratación colectiva y el fortalecimiento del sindicalismo, como aporte para la defensa de la institucionalidad democrática de Honduras.
No a la injerencia
En la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras —cuna de la gran industria vinculada a la maquila, el comercio y la banca—, el sindicalismo representó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante creativos monigotes, repudiando su injerencia en el país. Además, rechazaron la subordinación del actual presidente nacionalista Nasry Asfura y del titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a los intereses estadounidenses.
Allí, la multitudinaria movilización se unió a la exigencia de derogar la Ley de Empleo por Hora, considerada un retroceso en el cumplimiento de los derechos laborales en Honduras.
Las obreras de la maquila, aglutinadas en la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), reiteraron su preocupación ante la indiferencia de las autoridades, que continúan aprobando leyes para garantizar exoneraciones a las transnacionales maquiladoras y proteger sus intereses, profundizando la explotación y precarización laboral. Esto quedó evidenciado con la aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, que violenta los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, los artículos 3, 46, 47, 49, 325 y 338 del Código del Trabajo, y los artículos 21 y 35 de la Ley de Salario Mínimo.
De forma particular, se denunció que en las empresas maquiladoras del empresario Jesús Canahuati, a las trabajadoras con hasta 10 años de labor les exigen someterse a pruebas de actitud y exámenes físicos con el pretexto de cambiarles de operación; si se niegan, las despiden, según su posicionamiento de este 1 de mayo.
Justicia para Juan
En la emblemática ciudad de El Progreso —reconocida por ser la cuna del movimiento huelguista de 1954, donde los obreros bananeros exigieron mejores condiciones laborales que obligaron a crear el Código del Trabajo para regular las relaciones obrero-patronales—, el sindicalismo y el movimiento social nutrieron las calles con una toma de carrera desde la salida al puerto de Tela, Atlántida, seguida de una caminata por el centro de la ciudad.
En esta ciudad, las exigencias no solo se centraron en mejoras laborales, sino también en la demanda de justicia para el ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa, Colón, por su compromiso en defensa de la montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía y los ríos Guapinol y San Pedro, contaminados por la emrpesa minera Los Pinares Ecotex.
Con una pancarta que llevaba su rostro, la ciudadanía progreseña reconoce en el ambientalista el compromiso de los luchadores y luchadoras del país, pero exige al Estado hondureño investigar y castigar el crimen.
En los últimos reportes, la organización Global Witness ubicó a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente y el territorio, con un alto índice de impunidad en crímenes contra activistas.
En la ciudad ribereña también fue muy visible la presencia de campesinos y campesinas aglutinados en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) exigiendo una reforma agraria integral, además de denunciar la amenazas que terratenientes en colusión con la clase política en el poder hacen en contra de quienes están reclamando el derecho a la tierra.
Salarios dignos
En representación del trabajo invisibilizado y mal remunerado en Honduras, la Red Nacional de Trabajadoras Domésticas se movilizó en la capital y exigió condiciones dignas para ejercer estas labores.
Gabriela Pineda, integrante de la Red, denunció las condiciones inhumanas en que ejercen su labor, mujeres que incluso están internadas en hogares donde el salario apenas llega a los seis mil lempiras mensuales (unos 230 dólares), irrespetando el salario mínimo vigente. Y sin que la autoridad regule su trabajo.
“Lo que vivimos como trabajadoras domésticas es difícil, estamos expuestas a salarios de hambre y sin acceso a servicios de salud. Recuerde que el gobierno cerró el régimen progresivo voluntario de salud en el Seguro Social, lo que provoca que menos del 5 por ciento de las más de 130 mil empleadas domésticas registradas en Honduras tengan acceso a esos servicios”, denunció Pineda.
En otras ciudades como La Ceiba, Atlántida, Tocoa, Colón y Santa Bárbara, las movilizaciones también estuvieron presentes y nutridas, como un recordatorio de que la organización y unidad sindical-obrera puede ser el camino para la defensa de los derechos de la ciudadanía en momentos donde los autoritarismos van en aumento en Honduras.
