Caso Francisco Pascual López: Ministerio Público archiva investigación pese a exigencia de la ONU
Organizaciones de derechos humanos denuncian impunidad de más de una década en la desaparición forzada del campesino Francisco Pascual en el Bajo Aguán
Francisco Pascual López, campesino del Bajo Aguán, fue víctima de desaparición forzada, su caso ha permanecido en la impunidad durante más de una década, sin que el Estado de Honduras haya adoptado medidas efectivas para localizarlo, esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
El 24 de julio de 2023, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas emitió una resolución de acción urgente en el caso de Francisco Pascual López; en la resolución, el Comité requirió al Estado de Honduras buscar y localizar, investigar y sancionar a quienes son responsables de la desaparición forzada del campesino Francisco Pascual López.
En abierta contradicción con la resolución de la ONU, el 31 de octubre de 2025, la Unidad Especializada para la Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), del Ministerio Público, decidió archivar las diligencias del caso.
La justificación empleada fue la falta de resultados concluyentes, omitiendo que dicha situación es consecuencia directa de las propias fallas e irregularidades cometidas por el Estado en la investigación, denuncian el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ).
Además, evidencian que el 6 de noviembre de 2025 presentaron una impugnación ante el Fiscal General del Estado, sin embargo, el 9 de diciembre de 2025, el Fiscal General, Johel Zelaya, ratificó el archivo de la investigación, argumentando nuevamente la ausencia de nuevas líneas de investigación, sin reconocer la responsabilidad del Ministerio Público.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la decisión del Fiscal General, Johel Zelaya, agrava la situación de impunidad que rodea el caso y tiene implicaciones graves para los derechos humanos, entre ellas que los hechos seguirán sin esclarecerse y se desconocerá el paradero del campesino Francisco Pascual López y la privación del derecho a la verdad de sus familiares, por otra parte, el acceso a la justicia y la reparación integral, y la obligación internacional del Estado a investigar y determinar las responsabilidades.
Derecho autónomo a conocer la verdad
La abogada Dunia Pérez, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), afirma que el Estado hondureño negó sistemáticamente tener conocimiento de la desaparición del campesino Francisco Pascual, pese a que operadores de justicia tuvieron acceso a indicios concretos desde las primeras horas del crimen.
“Existían indicios concretos: testimonios y evidencias materiales, entre ellas un rastro de sangre que marcaba el trayecto y que conducía directamente hacia un área de propiedad de una corporación”, explica la abogada Dunia Pérez, al señalar que ni la Secretaría de Seguridad, ni el Ministerio Público mostraron el mínimo interés en investigar.
Para la abogada, el caso de Francisco Pascual no es solo el expediente de un campesino desaparecido en el Bajo Aguán, es la representación de la impunidad que está profundamente entrelazada con prácticas de corrupción.
“Se escribe en un contexto histórico de violencia estructural que ha persistido durante décadas en Honduras, particularmente en los conflictos agrarios, donde empresas extractivas y agroindustriales han actuado en contraposición a las comunidades campesinas», manifiesta la abogada Pérez.
Pérez indica que hablar de justicia en el caso de Francisco Pascual implica que su familia, doña Jovina, la madre de Francisco Pascual, y sus hermanas “tengan derecho a conocer qué ha ocurrido durante estos casi 15 años de la desaparición, la Corte ha establecido que las familias tienen un derecho autónomo a conocer la verdad, independientemente de si se logra una condena penal, ese derecho no se le puede negar a su familia”.
Por su parte, la abogada Juana Esquivel, e integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, denuncia que el caso de Francisco Pascual evidencia serias deficiencias y posibles intereses de protección dentro del Ministerio Público (MP).
«El caso de Francisco Pascual es un reflejo claro de la falta de voluntad, de la falta de interés y quizás capacidad técnica del Ministerio Público de poder ahondar en lo que realmente ocurrió», afirma Esquivel, quien no descarta que detrás de la inacción institucional existan «intereses de protección empresarial».
De acuerdo con Esquivel, el cuerpo de Francisco Pascual fue herido por un guardia de seguridad de Corporación Dinant, específicamente de la Finca Paso Aguán, y que posteriormente trasladado hacia esa misma finca. Las organizaciones anuncian que el caso de Francisco Pascual, del Movimiento Campesino de Rigores, ha sido presentado ante dos instancias internacionales: el Comité de Naciones Unidas de Desaparición Forzada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente lo está analizando la Corte Interamericano de Derechos Humanos.
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