Además de los casos de corrupción por los que debería encarar la justicia el exconvicto Juan Orlando Hernández, aún tiene cuentas pendientes por las represiones que ordenó en noviembre de 2017, cuando, al reelegirse, violentó la Constitución de la República.

Tras las elecciones de noviembre de 2017, la ciudadanía salió a las calles en defensa del voto, asegurando que no había elegido a JOH y que su voto era a favor de la denominada Alianza de Oposición. Las protestas fueron reprimidas brutalmente, provocando al menos 22 víctimas, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, que también registró más de mil detenciones arbitrarias.

En estos nueve año, aquella mañana de diciembre de 2017 jamás será olvidada para Elvin Flores y su familia. En aquel momento Elvin era operario de una maquila en el municipio de Choloma, Cortés, madrugó para estar puntual en su puesto de trabajo.

En aquellos días las acciones de protestas en rechazo al fraude electoral estaban instaladas en varios puntos del país. El sector López Arellano en Choloma era un bastión de lucha. 

Elvin se despidió de Alida, su esposa, los niños aún dormían. Camino a su trabajo la protesta ya estaba instalada. Él intentó cruzar con su motocicleta cuando una bala impactó en su cuerpo, eso hizo que perdiera el control de la moto. Lo último que recuerda es que se estrelló en un poste de luz. 

Elvin, sin estar participando en las movilizaciones, se convirtió en una víctima más de las agresiones de policías y militares que con bala viva, gas lacrimógeno, toletes y golpizas intentaban contener el descontento ciudadano por lo que consideraban un fraude electoral, la imposición de JOH por 4 años más. 

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la crisis electoral de 2017, el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad dejó un saldo documentado de al menos 23 personas fallecidas y más de 60 heridas.

Ese día del atentado, Elvin fue atendido en el Seguro Social. Desde el primer momento el diagnóstico fue demoledor, la bala le provocó una pérdida de capacidad funcional del 87%, según el dictamen que brindó la propia Comisión Técnica de Invalidez del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Desde ese momento todo cambió. La mitad de su cuerpo estaba inmóvil y la visión se vio afectada. De ser un joven activo y trabajador se convirtió a una persona que necesitaba atención permanente porque ya no podía movilizarse. 

Desde el atentado no volvió a trabajar y ahora está bajo el cuido de su esposa, quien debió pensar en cómo logren recursos para sostener el hogar. La situación se fue complicando, el interponer la denuncia y pedir justicia ante la agresión que sufrió le trajo complicaciones. Las amenazas y inseguridad hicieron que pidiera apoyo a organizaciones de derechos humanos quienes gestionaron para sacarlo del país. 

En la actualidad lleva 3 años en el exilio. Ha logrado recibir atención médica, que sus hijos retornen a sus estudios y que su esposa reciba apoyo para poder realizar en el proceso de rehabilitación. 

A pesar de que casi se cumplen 10 años desde su atentado, para Elvin la herida aún está abierta. Lamenta que nunca se investigó el caso y que la persona que provocó la crisis en Honduras, Juan Orlando Hernández, jamás ha sido juzgado por todo el mal que provocó. 

Sus agresores siguen impunes. Y la persona que dio la orden para reprimir, JOH, retorna al país tras obtener un indulto en Estados Unidos luego de su condena por narcotráfico.

El retorno de JOH reabre una herida para esas víctimas, que nueve años después no han encontrado justicia. La abogada Dunia Pérez, del equipo de Investigación y Derechos Humanos del ERIC-SJ, hace un recuento de los casos; hoy, cuando JOH retornó al país. Recuerda de manera particular al joven Virgilio Yaret Ávila, asesinado en El Progreso por un agente policial, y el de Elvin Flores, quien resultó gravemente herido cuando un policía militar le disparó en la cabeza.