Mientras el Estado promete atención médica y anticoncepción de emergencia tras una agresión sexual, en la Honduras rural predomina la impunidad y el abandono. Esta investigación de Radio Progreso y La Sala, Mujeres en la Redacción, revela cómo la lenta aplicación del protocolo de salud pública perpetúa la revictimización de las niñas y niega su derecho a la justicia.
Iolany Mariela Pérez
Radio Progreso de Honduras y La Sala, Mujeres en la Redacción
* Nota de la editora: Los nombres de la víctima y de su madre han sido modificados para proteger la identidad, la intimidad y la seguridad de la menor de edad, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos de la infancia y la legislación de Honduras sobre protección de niñez y adolescencia.
“Así como la violaron a ella, me violaron a mí”. Esas palabras, pronunciadas por su hija de apenas 11 años, dejaron a Carmen paralizada. Jamás podrá olvidarlas.
Un año después de la agresión sexual, la niña se atrevió a confesar lo que había sufrido a manos de su propio tío, quien debía protegerla, pero se convirtió en su agresor.
Carmen —nombre cambiado para proteger su identidad— se enteró un año después de que su hija fue agredida por el hermano de su esposo. La noticia le provocó un profundo sentimiento de culpa por no haber advertido el riesgo a tiempo y que su niña no había tenido la confianza para contarle de inmediato lo ocurrido.
La confesión llegó cuando en la comunidad se conoció otro caso de violación contra una niña de 9 años, presuntamente cometido por su propio padre. Ese día, mientras Carmen comentaba la noticia con su hija, la menor comenzó a relatar la agresión cometida por su tío, quien aprovechó que ella y su hermana menor se encontraban solas en la casa.
“Mami, primero fui yo y ahora otra niña”, le confesó.
“En esos días, en la comunidad nos enteramos de que un padre había violado a su hija. Son casos que penosamente suceden muy seguido en estas comunidades abandonadas, donde la presencia del Estado no llega. Recuerdo que ella se puso a llorar. Le dije: `¿Qué te pasa?´. Cuando la escuché decir: ‘Así como la violaron a ella, me violaron a mí’, sentí un vacío en el pecho. Me sentí responsable. Yo debía cuidar a mi hija y no lo logré; en cambio, la puse en manos del agresor”, relató Carmen entre lágrimas.
Carmen es originaria de una comunidad indígena tolupana de Yoro cabecera departamental, al norte de Honduras. Su comunidad es una zona rica en bosques y recursos naturales, abandonada por el Estado y codiciada por empresarios madereros y mineros.
La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada en el país hace más de 10 años, menciona las carencias en salud y educación en estas comunidades tolupanas. El porcentaje de desnutrición crónica de menores de cinco años es casi el doble en comparación con otros departamentos de Honduras, y las necesidades básicas insatisfechas alcanzan un alarmante 70,6%. La población en extrema pobreza se sitúa en un 48,5%, muy por encima de la media nacional que es del 31%.
Carmen tenía claro que su lucha era contra quienes buscan despojar a los pueblos indígenas de su territorio ancestral, pero jamás imaginó que también tendría que proteger a su hija de sus propios compañeros de lucha y de su entorno familiar.
“Ese hombre, que además de ser mi cuñado era compañero de lucha, abusó de mi niña cuando apenas tenía 10 años. Lo hizo cuando mi otra hija, más pequeña, también estaba allí. (…) Ese fue uno de los peores días de mi vida. La dejé sola y le fallé; permití que ese hombre la dañara”, relata Carmen, visiblemente afectada.
Un delito que pocas veces se denuncia
Honduras se encuentra entre los países con los índices más altos de abuso sexual contra niñas y adolescentes. Según Plan International Honduras, cada cinco horas una menor es abusada sexualmente. La mayoría de estos casos nunca se denuncia y permanece oculta dentro de los hogares.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez, registró entre 2023 y 2025 un total de 4,976 casos de violación. Entre los delitos más comunes se encuentran el abuso sexual, el incesto y las violaciones especiales, que la legislación hondureña describe como agresión sexual con penetración sin consentimiento, entre otros.
La impunidad arropa a Honduras. Organizaciones de la sociedad civil confirmaron para este reportaje que más del 90% de estos casos no se investiga y que los responsables permanecen impunes. Esa misma suerte corre el agresor sexual de la hija de Carmen.
La denuncia se interpuso un año después del delito, pero aún se desconoce el avance de la investigación. Carmen da fe de que el agresor de su hija continúa en libertad: es común que se lo cruce en la comunidad e incluso lo ve participando activamente en los espacios organizativos en donde se promueve la defensa del territorio.
Después de conocer la violación, Carmen cuenta que los abusos y las presiones continuaron para su hija. La situación familiar se volvió tensa, varios parientes se negaban a creerle y le pedían que olvidará la agresión. Le decían que la niña lo había inventado y que denunciar sería lo peor.
Sin embargo, Carmen tenía claro que esta vez no le fallaría a su hija.
Buscó apoyo en la organización ambientalista a la que pertenece. Una de sus compañeras la ayudó a interponer la denuncia ante la Fiscalía. A su hija le realizaron una evaluación y le tomaron declaración. Al agresor lo citaron a declarar y se abrió un expediente.
¿Y la Fiscalía?
“La denuncia se interpuso en la oficina del Ministerio Público de San Pedro Sula y luego fue remitida a Yoro. Yo preguntaba y nunca me daban respuesta. En 2025 le dieron captura al muchacho, pero solo lo detuvieron dos o tres días y después lo dejaron en libertad”, contó Carmen.
Uno de los abogados que la apoyó le dijo que el caso permanecía abierto y que las investigaciones continuaban. Desde Radio Progreso y La Sala buscamos información sobre el caso, el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, quien dijo que al supuesto agresor se le otorgó sobreseimiento provisional porque la menor y su madre no se presentaron a la audiencia. En respuesta Carmen asegura que jamás recibió comunicación de la fiscalía, “ninguna llamada, ninguna citación. Pusimos la denuncia y jamás nos notificaron nada más”, comentó.
Al cierre de esta edición, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez no había respondido a las peticiones formales de información sobre el estancamiento de las investigaciones ni sobre los criterios seguidos en los casos reportados en el departamento de Yoro.
“El hombre anda libre, como si nada debiera, aunque sabe todo el daño que provocó en mi pequeña hija. Pero aquí no podemos hacer nada; no tenemos quién nos defienda. A las mujeres y a las niñas nos toca únicamente sobrevivir en esta realidad”, lamentó.
Carmen relató que también ha recibido agresiones de integrantes de la comunidad, quienes le cuestionan que esté defendiendo el territorio, pero que fue incapaz de proteger a su hija. “Son reclamos que vienen de gente que está a favor de la explotación del bosque y que se instale la minería, buscan atacarme para lograr que los proyectos se instalen”, denunció la defensora.
A través de una solicitud de acceso a la información pública, la Fiscalía informó que entre 2023 y 2025 apenas 38 personas fueron detenidas por delitos sexuales en perjuicio de menores de edad. La mayoría de las detenciones estuvo relacionada con violación, estupro, otras agresiones sexuales, contacto con finalidad sexual con menores por medios electrónicos, hostigamiento sexual y exhibicionismo.
La hija de Carmen, uno de miles de casos
La violencia sexual contra niñas y adolescentes es una dura realidad en América Latina. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 2000 al 2023, una de cada tres jóvenes de 15 años ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida.
En Honduras, seis de cada diez víctimas de delitos sexuales son menores de edad, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), del año 2021.
Además, el 24% de las mujeres hondureñas ha vivido violencia sexual a lo largo de su vida. Una proporción significativa de esos casos ocurrió antes de que cumplieran 18 años, según la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas 2021.
Los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y Copán presentan las mayores incidencias. Entre los factores asociados se encuentran la pobreza, la violencia intrafamiliar, el abandono escolar y las normas sociales arraigadas, que justifican los roles de género, asignando un control o superioridad al hombre sobre las decisiones, el cuerpo y la libertad de la mujer.
¿Y el protocolo para atender a las víctimas de agresión?
La llegada de Xiomara Castro a la Presidencia de la República en enero de 2022 marcó un hecho histórico en Honduras. Por primera vez, después de más de 55 años desde que la población femenina obtuvo el derecho al sufragio, una mujer ocupaba la silla presidencial. Se trató de un paso importante para el movimiento por los derechos de las mujeres en la región.
Su llegada estuvo acompañada de grandes expectativas, relacionadas con las promesas de campaña y con las demandas de las organizaciones feministas para continuar exigiendo derechos postergados en el país centroamericano.
Fue así como, ante la presión de las organizaciones de mujeres, Castro aprobó, en diciembre de 2022, el Protocolo de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual.
Este instrumento comenzó a elaborarse en 2016, pero su aprobación se produjo seis años después, debido, entre otros aspectos, a que incluía el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), prohibida en Honduras desde el golpe de Estado de 2009 hasta marzo de 2023, cuando la entonces mandataria eliminó la prohibición.
Según el protocolo las primeras 72 horas son clave para la víctima porque se puede prevenir al máximo las enfermedades, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH, además de los embarazos.
El documento menciona que la primera atención que se debe brindar es de apoyo, darle unas palabras que ayuden a la persona a no sentirse como una víctima, y promover la confianza. De allí se requiere una atención en conjunto con salud mental, médica y social para que la persona explique una sola vez lo que pasó, y se le da atención médica prioritaria. Si llega en menos de 72 horas se previene las ITS, o si llega en menos de 120 horas, se puede prevenir un embarazo. El Protocolo también habla de la participación y trabajo coordinado entre el Ministerio Público (si la víctima quiere interponer la denuncia); Ciudad Mujer y demás instituciones públicas.
Estancada capacitación a los médicos
Para esta investigación, Radio Progreso y La Sala, Mujeres en la Redacción entrevistaron a médicos generales, ginecólogos y jefes de Pediatría del sector público. Aunque la mayoría conoce la existencia del protocolo de atención a víctimas de violación y el procedimiento general a seguir, señalaron que la Secretaría de Salud aún no ha brindado las capacitaciones correspondientes
“Estos casos siempre son complejos. Sabemos a grandes rasgos cómo abordarlos, incluso supe que en años anteriores se capacitaron a formadores que debían formar a otras personas, pero eso no sucedió, quedó estancado. Es clave conocer el documento y formarnos para saber atender con dignidad a las víctimas”, dijo una joven médica que labora en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, quien pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones.
La doctora Clara López es diputada del Congreso Nacional por el opositor partido Libertad y Refundación (Libre). Durante los primeros dos años del gobierno de Xiomara Castro (Libre), López lideró el enfoque de género dentro del sistema de salud. Ella proviene del movimiento feminista y por dos años fue jefa de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud (SESAL).
Durante el gobierno de Castro (Enero 2022- Enero 2026), tras la aprobación del protocolo al final de su mandato, se realizaron procesos de socialización en centros de salud y hospitales públicos del país. En estas jornadas se capacitó a personal clave para la aplicación de la normativa, explicó.
“En los hospitales priorizados quedó capacidad instalada, no solo para conocer la normativa, sino también para garantizar los insumos y medicamentos necesarios para prevenir, durante las primeras horas posteriores a una agresión sexual, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados producto de la violencia sexual.
Además, se contempló la atención psicológica de primera línea y otros requisitos que establece el protocolo para atender a víctimas mujeres y hombres. Incluso, el protocolo fue más allá y abarca a poblaciones LGBTIQ+. Por ejemplo, contempla la entrega de anticonceptivos de emergencia a hombres trans. “Es un protocolo alineado con los estándares internacionales”, explicó López a Radio Progreso.
La importancia de atender a un víctima de agresión
Para la legisladora, el aporte de este protocolo consiste en cambiar el paradigma de que, después de un hecho violento, la atención médica no es necesaria.
“Hay mujeres que, por una u otra razón, no quieren denunciar o no pueden hacerlo porque tienen miedo. Sin embargo, este protocolo garantiza que, al menos, reciban atención de salud física y mental, así como acompañamiento para que puedan encontrar las condiciones necesarias para denunciar”, agregó.
Profesionales médicos urgen activar protocolo de respuestas
A diferencia de la versión institucional expuesta por la diputada López, la trabajadora social América Rajo, del municipio de El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras, confirmó que, pese a haber sido aprobado en 2022, el protocolo de atención a las víctimas de agresión sexual solo comenzó a socializarse en 2026, cuando se inició un proceso de formación dirigido al personal de salud.
El objetivo es que los trabajadores conozcan el protocolo y cuenten con herramientas para atender a las sobrevivientes de violencia sexual, evitando la revictimización.
“Creo que es un buen momento para retomar el protocolo. Con preocupación vemos que la violencia contra las mujeres aumenta. En Honduras hay demasiados feminicidios y agresiones sexuales, lo que debería obligar a las autoridades a activarlo e, incluso, a adecuarlo a la realidad actual. Es urgente que el personal de salud, además de recibir formación, esté sensibilizado sobre estos casos y conozca la normativa que debe seguir para acompañar a las víctimas”, manifestó Rajo.
La funcionaria aseguró que ha consultado en varios centros de salud y que el personal le ha informado que, además de la capacitación, está recibiendo instrucciones sobre la ficha o el formato que debe utilizarse para registrar los casos.
“Se debe llenar un registro cuando llega una paciente por este tipo de agresiones y, de acuerdo con su condición, se remite a otras instancias. El municipio de El Progreso, Yoro no puede ser la excepción, porque esta es una estrategia de alcance nacional y está vinculada con la prevención de los embarazos en adolescentes”, explicó.
Las secuelas de los abusos
La trabajadora social, quien también integra el Comité Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, aseguró que las cifras de niñas embarazadas no se detienen. “Al revisar las estadísticas que manejamos en el municipio, encontramos embarazos entre los 10 y 14 años. Son niñas, prácticamente. También vemos casos de adolescentes de entre 15 y 19 años.
”Esto nos indica que en cada municipio se necesita educación sexual para prevenir las violaciones y los embarazos no deseados, ya que todo está relacionado con la falta de información y con las agresiones sexuales, que deberían estar siendo investigadas”, afirmó.
Para muestra un botón. La ciudad de El Progreso, Yoro, cuenta con 11 establecimientos de salud distribuidos entre la zona urbana y rural. Entre 2023 y 2025 se registraron más de 150 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años.
Estos datos evidencian que las agresiones sexuales continúan ocurriendo, que la mayoría de los casos no se investiga y que muchas niñas víctimas de abuso son obligadas a continuar con los embarazos no deseados.
El Estado abandona a las niñas
Aunque la denuncia de la hija de Carmen llegó un año después del hecho, nadie, ni la fiscalía ni un establecimiento de salud les ofreció acompañamiento emocional. Nadie les acompañó ni siquiera a explicar cómo interponer la denuncia ni el proceso formal que vendría después. Madre e hija se enfrentaron a la soledad de un sistema de justicia que raras veces llega a tiempo, “más cuando eres mujer, indígena y pobre”, lamentó la madre.
Para Carmen, la aplicación efectiva del protocolo no es un trámite administrativo, sino una necesidad urgente para que otras niñas no tengan que enfrentar solas las consecuencias de una agresión sexual.
Su hija logró contar lo ocurrido un año después, pero muchas menores permanecen en silencio, especialmente en comunidades donde la presencia del Estado es limitada y los agresores forman parte de la propia familia u otros espacios organizativos comunitarios.
Mientras el personal de salud comienza a capacitarse y las instituciones públicas en Honduras intentan poner en marcha una herramienta aprobada desde 2022, las víctimas siguen esperando atención médica, apoyo psicológico, protección y justicia. Para Carmen, el protocolo debe dejar de ser un documento y convertirse en una respuesta real para las niñas y mujeres que enfrentan violencia sexual.
* Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística La Sala: Mujeres en la Redacción, con el financiamiento de Vikes (Fundación Finlandesa para los Medios y el Desarrollo), una iniciativa que busca fortalecer el periodismo independiente, crítico y de investigación, así como promover la participación, el liderazgo y la proyección de las mujeres periodistas, mediante acciones de influencia e impacto que contribuyan a visibilizar y posicionar sus voces como referentes del periodismo, la investigación y la opinión pública.
