En un solo debate y con el respaldo de 49 diputados nacionalistas y 29 liberales, el Congreso Nacional aprobó en un nuevo madrugón las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica a través de la propuesta del Partido Liberal nombrada Ley de Justicia Energética.

Tomás Zambrano, presidente del legislativo, frente a los señalamientos de una privatización progresiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aseguró que los bienes de la estatal son del pueblo hondureño y que no serán entregados a manos privadas. 

“Yo creo, compañeros, que hoy con esta aprobación se descartan un montón de señalamientos sin fundamento que han hecho en medios de comunicación, en este mismo hemiciclo y en las diferentes redes sociales. Votaron 79 diputados a favor de la reforma y los diputados que votaron en contra tienen el espacio de manifestarse , como en otras oportunidades, en sus redes sociales o en medios de comunicación”, agregó Zambrano. 

La aprobación se dio pese a las denuncias de que la ley era sinónimo de privatización de la estatal eléctrica y bajo señalamiento de sobornos dentro de este poder del Estado. 

El nacionalista Zambrano insistió que como Congreso Nacional estarán vigilantes para que todos los bienes de la ENEE se cuidarán porque son propiedad de la población hondureña.  

Sin embargo, las reformas aprobadas establecen la transformación de la ENEE en una empresa de generación, una de transmisión y otra de distribución. Además, las subsidiarias a las que se le entreguen los activos de la estatal eléctrica tendrán derecho para utilizarlos, operarlos y ampliarlos mediante convenios de administración de una duración de 30 años o más.

Lo anterior para el diputado y jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) Ronald Panchamé, es la entrega total del sistema eléctrico a la empresa privada.

“Mire, eso se llama en palabras legales usufructo. Usted puede dar una propiedad, para darle un ejemplo, y esa propiedad sigue siendo suya, pero el otro es el que aprovecha los frutos de la propiedad. Lo que le están entregando es el flujo de caja a las empresas subsidiarias. Claramente lo que están dando a la empresa privada es que maneje el fruto que producen los activos de la ENEE”. 

El diputado que dialogó con Radio Progreso, continuó asegurando que: “Entonces, ¿quién quiere hipotecar El Cajón? Nadie. Quieren hipotecar lo que produce El Cajón. Y eso es precisamente lo que están haciendo aquí. En esa ley no se protege nada al pueblo hondureño. Y lo que nos dicen es que hay un artículo que congela la tarifa energética, pero no es eso lo que debe hacerse, sino bajar el precio de la energía que es un bien necesario para el pueblo”, concluyó. 

Durante la aprobación y la ratificación del acta de la sesión legislativa, un grupo de diputados del Partido Liberal pidió consignar su voto en contra de las reformas eléctricas. En total, 15 congresistas liberales se opusieron, entre ellos Luis Coello, congresista por el departamento de Choluteca, señalando que el fantasma de la privatización no fue eliminado.

“Mi voto fue en contra, se lo quiero aclarar al pueblo hondureño. ¿Saben por qué? Aunque el Partido Liberal está logrando cosas buenas, cosas que hemos luchado y que ustedes en Radio Progreso nos ha hecho el favor de cubrir, hemos luchado porque se elimine el aumento a la tarifa de energía eléctrica. Lo hemos logrado ahí en ese decreto y hemos logrado que se ponga la modalidad de subasta inversa, que con usted hemos platicado muchísimo de eso, pero no logramos eliminar el fantasma de la privatización. Por eso mi voto fue en contra”, dijo Luis Coello. 

Por su parte, el diputado del Partido Libre Marco Ramiro Lobo denunció que la Junta Directiva violentó el procedimiento legislativo al no enviar a dictamen el proyecto denominado Ley de Justicia Energética. Lobo advierte que la reforma puede ser anulada a través de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. 

“Debería existir la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad. Hoy, si usted ve, cambiaron totalmente el dictamen original. Prácticamente presentaron un nuevo dictamen bajo los mismos conceptos, pero debió haberse presentado y ser turnado de nuevo a una comisión para que emitiera un nuevo dictamen. Se violentó los procedimientos legislativos”, declaró.

Marco Ramiro agregó que: “Habría que interponer acciones judiciales de inconstitucionalidad para buscar la nulidad realmente de lo que hoy ha ocurrido en el Congreso Nacional. Además, de entregar un bien de seguridad nacional, un bien de una empresa pública de servicio para convertirla en una empresa de carácter mercantil con utilidades que buscarán quienes inviertan en estas empresas, obviamente violatorio del derecho que tenemos los hondureños de tener energía eléctrica, de tener la posibilidad de que a las comunidades remotas pueda llegar la energía eléctrica”, agregó. 

El parlamentario exhortó al pueblo hondureño a interponer los recursos legales necesarios para anular la entrada en vigor de esta ley.

La nueva ley aprobada por el bipartidismo sustituirá a la ley aprobada en 2022 durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y también permitirá a generadores privados vender energía a distribuidoras, grandes consumidores, comercializadoras y empresas de almacenamiento. 

Tras la aprobación de las reformas, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, aseguró que los cambios comenzaron con el inicio del gobierno nacionalista, y que se espera que estas medidas permitan mejorar de manera significativa la calidad y eficiencia del servicio eléctrico en el país. 

En la revisión a las reformas a la industria eléctrica, Radio Progreso comprobó que se incluye la derogación de la ley que establecía el acceso o el servicio de energía como un derecho humano y un bien público.