

Tres pruebas para el Poder Judicial y la necesidad de la CICIH
El Poder Judicial hondureño está enfrentando en los últimos meses pruebas importantes para determinar si la última elección de la Corte Suprema de Justicia implicó un pequeño avance en su independencia o si solo significó más de lo mismo, es decir, la repartición partidista de las magistraturas.
La primera prueba es el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, que no solamente se reeligió mediante un fraude y violando la Constitución, sino que también convirtió a Honduras en un narcoestado y utilizó la institucionalidad pública para alimentar una red de corrupción que vació el presupuesto nacional.
La segunda prueba es el juicio contra algunos miembros del grupo criminal Delta Team, a quienes se les acusa de cometer el delito de trata con fines de explotación sexual contra mujeres y niñas. El caso más emblemático al respecto es la desaparición de Angie Pena en la isla de Roatán.
Y la tercera prueba será el 17 de septiembre en el Tribunal de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, con motivo de la audiencia inicial de Lenir Pérez, presidente de Emco y responsable de Pinares y Ecotek, por los delitos ambientales y la devastación del Parque Nacional Carlos Escaleras, provocados por sus empresas mineras.
Está claro que el Poder Judicial no pasó la primera prueba, pues suspendió la orden de captura contra el narcotraficante Juan Orlando Hernández, lo que le permitió regresar al país, y, posteriormente, le dictó un sobreseimiento definitivo que evitó ser sancionado por sus delitos de corrupción.
Desafortunadamente, no hay optimismo de que pueda superar las últimas dos pruebas, pero esto nos debe llamar a la movilización ciudadana para exigir la instalación de una CICIH, pues sin acompañamiento internacional no podremos desmantelar las redes de corrupción e impunidad, ni transformar el sistema de justicia.
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