Con bandas marciales, uniformes, símbolos patrios, representaciones de la historia nacional y la participación de miles de estudiantes, Honduras y Centroamérica conmemora este 15 de septiembre 205 años de independencia.
En los distintos departamentos del país, las calles se llenan de desfiles y actos cívicos que cada año recuerdan la ruptura del dominio colonial español. Pero, mientras las imágenes oficiales hablan de independencia y soberanía, en distintos territorios hondureños persisten comunidades que cuestionan cuánto de esa independencia se vive realmente.
En Tegucigalpa, la capital hondureña, San Pedro Sula, El Progreso, Yoro y otros puntos del país, organizaciones y movimientos sociales han incorporado a las celebraciones patrias una pregunta hecha consigna ¿cuál independencia?.
El cuestionamiento parte de una realidad cotidiana en el territorio hondureño por conflictos territoriales, proyectos extractivos, concesiones, desplazamientos, criminalización de defensores y defensoras de los bienes comunes y comunidades que denuncian que las decisiones sobre sus territorios se toman lejos de quienes los habitan.
En Honduras los catastros y estudios del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) e instancias universitarias reportan más de 300 concesiones activas de exploración y explotación, además de numerosos trámites en solicitud, de estas al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera y más de un centenar de estas tendrían intersección con territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Para Rony Castillo, integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, la independencia no puede reducirse a un documento histórico ni a una celebración anual.
“Independencia no es un acta, un papel mojado, no es un documento”, plantea Castillo. Para el pueblo garífuna, explica, significa poder vivir tranquilamente en el territorio, caminar libremente, construir una casa, acceder al río, al mar y a los bienes naturales que hacen posible la vida. En ese sentido, la independencia y soberanía están estrechamente vinculadas con el territorio.
El territorio ancestral, manifiesta Castillo, no es únicamente el espacio físico donde se construye una vivienda o se cultiva un alimento. Es también el mar, los bosques, las montañas, los ríos, los animales y el espacio donde se construye la identidad y la espiritualidad de un pueblo.
«Esa soberanía tiene sentido únicamente si viene del pueblo”.
Una independencia que todavía se disputa
La celebración del 15 de septiembre muestra cada año una imagen de unidad nacional alrededor de los símbolos patrios. Sin embargo, para comunidades como las garífunas, la soberanía se expresa en el derecho a permanecer en sus territorios y decidir sobre aquello que ocurre en ellos.
OFRANEH mantiene desde agosto primero en el campamento Berta Vive en Tegucigalpa y actualmente en Cayos Cochinos, acciones de resistencia relacionadas con las demandas de comunidades garífunas y con el cumplimiento de cuatro sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los casos está: Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos cuyos fallos establecieron obligaciones para el Estado hondureño.
Para Castillo, el problema no se limita a la existencia de proyectos económicos en estos territorios, sino a quién decide sobre ellos y a quién termina beneficiando el uso de los bienes comunes.
Además cuestiona que, mientras las comunidades enfrentan procesos de criminalización por defender sus territorios, las instituciones estatales no hayan cumplido plenamente las sentencias internacionales que reconocen derechos de los pueblos y mientras los pueblos originarios no pueden decidir sobre sus territorios, la soberanía queda reducida a un discurso.
Los territorios frente a intereses privados y extractivos
En diferentes regiones de Honduras, comunidades campesinas, pueblos originarios y organizaciones sociales y ambientales han resistido frente a proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos, agroindustriales y otras acciones que consideran una amenaza para sus territorios y bienes comunes como la actual Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras contenida en el decreto 107-2026 y aprobada por el Congreso Nacional en junio de 2026.
Según el análisis jurídico del abogado Omar Menjívar esta Ley desconoce a la persona humana y su dignidad, como fin supremo de la sociedad y del Estado, al privilegiar la propiedad empresarial, sin reconocer la función social que debe cumplir y las limitaciones constitucionales a las que está sometida ya que subordina toda la institucionalidad estatal y su fuerza coercitiva a los intereses de la empresa y el capital, desconociendo las necesidades sociales y económicas de la población en general.
De esa manera es contradictoria a mandatos constitucionales como la ejecución de la reforma agraria y la protección de pueblos indígenas, contemplados en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1, 59, 103, 344 de la Constitución de la República.
Además Menjívar explica que, esta Ley violenta el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y consecuentemente los artículos 15 y 18 de la Constitución de la República, al relativizar los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras sobre los territorios que ocupan y usan tradicionalmente para sus tradiciones y subsistencia, así como también limitar el derecho a la consulta libre, previa e informada, la cual la subordina al hecho de que los pueblos tengan registrado su derecho al territorio.
Y concluye declarando que este decreto deja en grave vulneración a quienes se organizan para exigir la reivindicación de derechos de la sociedad hondureña ya que criminaliza la protesta social al establecer mecanismos de represión desalojos contra pobladores y/o poblaciones indígenas, afrodescendientes o campesinas que participen en actividades de protesta que afecten los intereses de las empresas agroindustriales, de energía eléctrica o turistas, y la promoción de procesos penales a quienes participen.
Otra de las discusiones en torno a la soberanía del país tiene que ver con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE. Creadas bajo un régimen especial que otorga amplias facultades de autonomía económica, administrativa y normativa dentro de determinados territorios, las ZEDE generaron desde su origen un intenso debate sobre hasta dónde podía llegar la autonomía concedida a estos espacios sin afectar la soberanía nacional.
Aunque en septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el marco jurídico de las ZEDE, al considerar que vulneraba disposiciones constitucionales. Para Fernando García, excomisionado presidencial para la derogación de las ZEDE, el debate no se reduce a una disputa jurídica o a un modelo de inversión, sino que toca directamente la soberanía nacional, territorial y popular.
García ha sostenido que las ZEDE representan una forma de cesión de soberanía, al establecer dentro del territorio hondureño espacios con facultades especiales para definir sus propias normas y formas de administración. En el análisis de realidad mensual que realiza el ERIC y Radio Progreso “Nuestra Soberanía no es negocio”, García cuestionó que estas zonas sean presentadas como simples áreas económicas especiales y advirtió sobre el riesgo de construir ciudades privadas y autónomas, con capacidades que pueden entrar en tensión con las instituciones y las leyes nacionales.
Aunque el Congreso derogó el régimen de las ZEDE y posteriormente la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional su marco jurídico, el tema no ha desaparecido. Los proyectos vinculados a Próspera y Ciudad Morazán continúan en una disputa jurídica que también involucra mecanismos de arbitraje internacional.
En ese sentido Fernando García invita a que reflexionemos sobre ¿qué significa ser soberanos si dentro del territorio nacional existen espacios donde las reglas, la autoridad y las decisiones sobre el territorio pueden quedar sujetas a intereses distintos a los de la mayoría de la población?
En medio de los desfiles patrios de este 15 de septiembre este tema se hizo visible en muchas pancartas con mensajes como “ZEDE-No”, “El país no se vende” y “Sí a la soberanía nacional, no a la ZEDE”.
En El Progreso, Yoro, el Padre Ismael Moreno, expresó que en esta ocasión no hay mucho que celebrar, al contrario manifestó que, “este país nunca podrá ser soberano mientras exista la amenaza terrible del establecimiento de la ZEDE en el país”, al considerar que este modelo implica “cercenar de una manera dramática” la soberanía. Para el sacerdote, las celebraciones patrias también pueden ocultar “la verdadera realidad, que es la ausencia de patria”, en un país donde hay personas que son expulsadas de sus territorios.
¿Cuál independencia?
Organizaciones del Movimiento Social y el Frente Nacional de Resistencia Popular también participaron en los desfiles del este 15 de septiembre donde sostuvieron la consigna “¿Cuál independencia?”, porque consideran que esta es una oportunidad para colocar sobre la mesa problemas que no aparecen en los desfiles como el acceso al agua, la defensa de los bosques, la permanencia en los territorios, la seguridad de quienes defienden los bienes comunes y el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro.
“Desde el momento que Estados Unidos, Donald Trump, impone un presidente en Honduras es muestra que no tenemos independencia”, manifestó Lilian Borjas coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, en la movilización realizada en El Progreso, Yoro. Además, expresó que, no hay nada que celebrar en esta fecha porque no existen una independencia plena sobre nuestros bienes y territorios como ha sucedido con la aprobación de la Ley de Justicia Energética, donde se beneficiarían grupos económicos por sobre el fortalecimiento de la empresa estatal.
Para el sacerdote jesuita German Rosa, director del ERIC y Radio Progreso, esta es una ocasión para repensar el significado de independencia “resignificar la independencia implica que exista justicia para el campesinado y sus tierras, que los pueblos originarios decidan sobre su territorio ancestral, que se reconozca la diversidad cultural en nuestro país”.
En Tegucigalpa, capital hondureña, también se gritó esta consigna, donde participantes indicaron que no se puede hablar de independencia si no hay libertad ni respeto a las decisiones y acciones de la población hondureña.
“Me estoy manifestando por la conciencia, por la dignidad y porque me da pesar saber que este país está más hundido, más entregado a intereses foráneos”, expresó Luis Chévez en San Pedro Sula, quien así como Ramón Zavala que indica que la independencia de la que hablan los gobernantes actuales “es una farsa, porque aquí se dictan cosas desde el exterior”, se sumaron a las acciones de protesta en este 15 de septiembre en la capital industrial.
La juventud que desfila y el país que se debe construir
Las juventudes estudiantiles son los que engalanaron los desfiles este 15 de septiembre, sin embargo, manifiestan que este país necesita mucho más. “Necesitamos dejar de ignorar nuestra realidad, tener conciencia lo que pasa a nuestra realidad, pero además, necesitamos una mejor educación y empatía como jóvenes”, expresó una estudiante del Instituto San José de El Progreso, Yoro.
Las bandas marciales, las palillonas, los cuadros de honor y las representaciones de los símbolos nacionales forman parte de una tradición que cada año moviliza a la juventud hondureña.
Pero Rony Castillo de OFRANEH cuestiona qué les espera a esos jóvenes que salen cada año, “esos jóvenes regresan a su casa y no hay agua”, señala. Y agrega que se encuentran todos los días con una realidad marcada por la inseguridad, la desaparición de familiares o la falta de condiciones para vivir dignamente.
La pregunta, entonces, no es solamente si Honduras es independiente frente a otra nación. También es qué capacidad tiene su población para decidir sobre su propia vida, sus territorios y sus bienes comunes.
En ese sentido, la independencia adquiere una dimensión cotidiana: poder quedarse, vivir, caminar, trabajar, acceder al agua, proteger el territorio y hacerlo sin miedo.
La celebración oficial convive con una agenda de demandas que cuestiona las estructuras económicas y políticas que, a juicio del movimiento social y organizado, mantienen concentrada la toma de decisiones y profundizan las desigualdades.
Para Castillo, la respuesta pasa por recuperar la capacidad de los pueblos para decidir.
“Tenemos la autodeterminación, tenemos que hacer el ejercicio de la autodeterminación, de la autonomía, de decidir lo que nosotros queremos”.
Y esa defensa, agrega, incluye algo que pocas veces aparece cuando se habla de migración que es el derecho a quedarse. Porque migrar es un derecho, pero también lo es permanecer en el territorio propio.
205 años después
Doscientos cinco años después de la firma del acta de independencia, Honduras continúa celebrando una fecha que forma parte de su identidad nacional.
Las calles seguirán llenándose de música, banderas, uniformes y colores. Los estudiantes continuarán marchando y los símbolos patrios ocuparán el centro de las ceremonias oficiales.
Pero, al mismo tiempo, las comunidades que defienden sus territorios recuerdan que la independencia no termina de conquistarse en un documento histórico.
Para quienes sostienen esta mirada, la soberanía comienza cuando el pueblo puede decidir sobre aquello que le pertenece; cuando las comunidades pueden permanecer en sus territorios; cuando los bienes comunes están al servicio de la vida y no únicamente de intereses económicos; cuando defender el territorio no significa arriesgar la libertad o la vida.
Por eso, mientras Honduras grita este 15 de septiembre que es una nación independiente, desde quienes defienden el territorio, la vida y su dignidad siguen cuestionando: ¿independientes de quién y soberanos para quién?
