Joaquín A. Mejía Rivera

Dr. en Estudios Avanzados en Derechos Humanos

1. Premisa: el papel del Estado

Según nuestra Constitución, el papel del Estado no es el de un ente neutral, sino el de una herramienta o instrumento al servicio de la dignidad y los derechos. Al contrario de lo que señalan algunos políticos, los derechos humanos son todas aquellas condiciones que necesitamos para vivir dignamente.

Si le preguntáramos a cualquier persona cuáles son esas condiciones, seguramente respondería: vivienda digna, libertad de expresión, seguridad, salud, educación, alimentación adecuada, trabajo digno, medioambiente sano, agua, libertad religiosa y de conciencia, libertad de circulación, juicio justo, inviolabilidad de nuestros domicilios, entre otras.

Por eso, la Sala de lo Constitucional, en sus sentencias SCO-RI-157, 160, 164 y 169-2008, SCO RI-1343-2014 y RI-0243-2015, y SCO-RI-0757-2014 y SCO RI-28, 29, 30, 31, 32 33 y 34-2009, ha señalado que el Estado:

  1. Solo debe existir para proteger los derechos humanos, pues sin su respeto no puede haber democracia ni convivencia civil.
  2. Debe establecer en sus políticas públicas la ejecución de planes y programas para robustecer los derechos sociales.

Para cumplir con este mandato constitucional, la Constitución obliga al Estado a asegurar la libertad, la justicia y el bienestar económico y social de toda la población (art. 1), garantizar un sistema económico que distribuya con justicia la riqueza y asegure la coexistencia armónica entre el capital y el trabajo (art. 328), y asegure la igualdad y no la discriminación (art. 60).

Además, la Constitución ordena al Estado a garantizar que la propiedad privada cumpla su función social y para ello, limitarla por necesidad o interés público (art. 103), y a implementar un proceso integral de reforma agraria para garantizar la justicia en el campo (art. 344).

Pese a lo anterior, el Congreso Nacional, dominado por el cogobierno liberal-nacionalista, ha aprobado una serie de reformas penales que representan un grave peligro para quienes defienden y exigen el cumplimiento de estos mandatos constitucionales. Veamos algunos de ellos.

2. El Decreto 107-2026 como instrumento de criminalización

Este decreto contiene la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería, Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, que en la práctica:

  1. Protege con carácter de orden público y prioridad nacional a la agroindustria, la energía eléctrica, el turismo y la ganadería.
  2. Garantiza seguridad exprés con policías y fiscales que deben actuar de inmediato ante bloqueos de carreteras y recuperaciones de tierras.
  3. Crea una burocracia relámpago, pues todo trámite de esos sectores debe resolverse en la mitad del plazo normal.

Además, este decreto declara “inafectables” las tierras agroindustriales, energéticas y turísticas y prohíbe afectarlas incluso por utilidad pública o reforma agraria. De esta manera:

  1. Anula la función social de la propiedad que está en el artículo 103 constitucional y perpetúa la injusta distribución de la tierra.
  2. Deroga tácitamente la reforma agraria, pues vacía de contenido el mandato constitucional establecido en el artículo 344.
  3. Dice respetar la consulta previa, pero condiciona su aplicación a que las tierras estén registradas a nombre de la comunidad, lo cual contradice la obligación estatal de respetar y proteger las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente, tengan o no título de propiedad.
  4. Ordena despejar calles, desalojar y perseguir penalmente a manifestantes aplicándoles el delito de usurpación agravada sin verificar la legitimidad de los reclamos.
  5. Establece responsabilidad penal, civil y administrativa para las personas funcionarias que no cumplan con lo que manda la ley, y coarta la independencia judicial y fiscal al usar la amenaza de sanciones para quien no criminalice a la gente.

En resumen, el Decreto 107-2026 no es neutral, busca beneficiar a las personas poderosos y criminalizar a la gente, y coloca la propiedad privada por encima de la dignidad humana y de la justicia social, contrariando los mandatos constitucionales.

3. El Decreto 84-2026 y el peligro de la imputación de terrorismo

Este decreto determina de forma amplia qué son las asociaciones terroristas, pero no define exactamente qué es terrorismo. Esta amplitud impacta en tres aspectos que representan un grave riesgo para la gente, ya que se puede acusar de asociación terrorista si:

  1. Son dos o más personas. Basta con que usted y un compañero o compañera se organicen.
  2. Cometen “algún delito”. La ley no dice que tiene que ser un delito grave o violento.
  3. La finalidad sea “subvertir el orden constitucional”, “alterar la paz pública” o “causar terror”.

Esto es sumamente peligroso porque abre la posibilidad a que organizaciones sociales, como una cooperativa, un comité de defensa de los bienes comunes o un consejo indígena, puedan ser acusadas de terrorismo si realizan un bloqueo de carretera para exigir agua o tierra, o defender su territorio, pues puede ser considerado una alteración de la paz pública.

La forma en que están redactados esos tres elementos contradice los estándares de la Organización de las Naciones Unidas, que exigen que, para que sea terrorismo, pasen tres cosas al mismo tiempo:

  1. Un acto violento grave (elemento material): La definición debe describir un acto violento específico que cause o pretenda causar muerte o lesiones graves a personas. No debe incluir términos vagos como “alterar el orden público”, ni abarcar actos no violentos como la simple disidencia o protesta pacífica.
  2. Una intención clara (elemento subjetivo): La ley debe exigir la intención directa de cometer el acto terrorista. No basta con una presunción; se debe probar que la persona tenía el propósito deliberado de cometerlo, evitando así castigar intenciones supuestas.
  3. Un propósito terrorista (elemento teleológico): El acto debe realizarse con un fin específico: provocar un estado de terror en la población o coaccionar a un gobierno u organización internacional para que actúe o deje de hacerlo.

Es importante destacar que este decreto no incluye ninguna cláusula de exclusión para que quede claro que no se considerará terrorismo las actividades legítimas de las personas defensoras de derechos humanos, de los bienes comunes, de la tierra, el territorio, la acción humanitaria, la protesta social o la disidencia política.

De forma peligrosa, este decreto, al no exigir violencia ni daño físico y al incluir “cualquier delito”, abre la puerta para que una simple ocupación de tierras o una protesta social pueda ser tratada como terrorismo, allanando el camino para la persecución y criminalización de liderazgos sociales.

4. El Decreto No. 258-2026 y los allanamientos sin orden judicial

El artículo 99 constitucional establece una regla general: la inviolabilidad del domicilio, el cual solo puede ser allanado si lo autoriza una persona jueza. Sin embargo, de manera excepcional, las fuerzas de seguridad del Estado pueden allanar una vivienda sin autorización judicial si se cumplen tres elementos:

  1. Inmediatez temporal: El delito se está cometiendo justo en el momento o se acaba de cometer.
  2. Inmediatez personal: La persona sospechosa está ahí mismo, directamente vinculada con las pruebas, con el arma o con lo robado.
  3. Necesidad urgente: No hay tiempo de ir a buscar a una persona jueza; hay que actuar ya, de forma urgente.

Con este decreto, el Congreso Nacional se inventó la “flagrancia permanente” para saltarse esos tres elementos y facultar a las fuerzas policiales y militares, en coordinación con un fiscal, a entrar y registrar domicilios sin autorización de una persona jueza.

Sin embargo, el decreto establece un contraste que resulta revelador: cuando se trate de investigar delitos políticos y cuando haya que realizarse un allanamiento por estos delitos y otros “contra altos funcionarios públicos o de cargos de elección popular o cuando hayan cesado en los mismos”, se requerirá obligatoriamente una orden judicial.

En otras palabras, para allanar las casas de la ciudadanía en general no se requiere una autorización judicial, pero para allanar las casas de altos funcionarios, sí, lo que sugiere que la norma está diseñada con una doble vara que, sin duda es discriminatoria y pone en grave riesgo las casas de la gente que vive en barrios y colonias más vulnerables.

5. Conclusión

Las reformas penales configuran un modelo de “derecho penal de excepción” que pone en grave riesgo a quienes defienden la democracia, los bienes comunes, los territorios y exigen el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Al declarar tierras “inafectables”, inventar la “flagrancia permanente” para allanar sin orden judicial y ampliar de forma peligrosa la definición de “asociación terrorista”, el Estado construyó un marco jurídico que puede ser usado para castigar a la ciudadanía que se organiza y alza la voz.

Estas reformas evidencian de manera descarnada que el Congreso Nacional responde a otros intereses y no a los del pueblo hondureño. Mientras la Constitución ordena garantizar la función social de la propiedad, la justicia en el campo y la protección de las tierras ancestrales, el legislativo aprueba leyes a la medida de la agroindustria, la energía y los sectores más poderosos, aplicando una “doble vara” que protege a los altos funcionarios de los allanamientos arbitrarios, pero deja a los barrios y colonias más empobrecidas a merced de la discrecionalidad de policías y militares.

Bajo el discurso de “combatir a las maras” o “garantizar la seguridad», se están aprobando reformas que en la práctica representan una grave amenaza para las voces críticas, los liderazgos sociales, los consejos indígenas y todas aquellas personas defensoras de los bienes comunes. Curiosamente, estas reformas penales no son aplicables para las otras “maras”, la de los corruptos que tanto daño le hacen al país y tienen secuestrado al Estado. Para estas “maras de la corrupción” necesitamos reformas que incluyan la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).