En una nueva jornada de acciones de protesta, las organizaciones campesinas que integran la Plataforma Agraria del Valle del Aguán presentaron otros 13 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Ley para el Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial.

Los recursos, que suman más de 30 hasta ahora, tienen como objetivo detener los desalojos de tierras destinadas a la reforma agraria para entregarlas a la agroindustria, dijo el representante legal de la Plataforma Agraria, el abogado Pedro Mejía.

“Las organizaciones provienen de los departamentos de Yoro, Atlántida y del Valle del Aguán. Estos amparos se suman a más de 15 acciones legales presentadas desde hace cuatro meses por campesinos, pero hasta ahora no hemos conocido la decisión de esta Sala Constitucional”, dijo Mejía.

El abogado denunció las intenciones de los representantes del Estado de desalojar al campesinado de tierras que les pertenecen desde hace décadas y que eran parte del proceso de reforma agraria, para entregarlas a empresarios agroindustriales.

“Ante esto, les decimos e incluso les recordamos que está prohibido que las tierras de reforma agraria estén en manos distintas a las campesinas. Esto lo prohíbe la Constitución de la República. Esta combinación de irregularidades, entre el despojo y la eliminación de la reforma agraria para entregar las tierras a las empresas agroindustriales sin orden judicial, nos coloca en un riesgo inminente y seguro de ser desalojados de las tierras”, agregó.

Mejía lamentó que el Poder Judicial haya mantenido silencio ante estos recursos durante más de cuatro meses, desde que se presentaron los primeros.

“Hasta ahora no sabemos si son admitidos, lo que nos dice que el silencio de la Corte Suprema de Justicia es un silencio de completa complicidad”, agregó.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y diversos expertos de la ONU se han pronunciado en repetidas ocasiones para expresar su profunda preocupación por el Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, en Honduras.

Una de las primeras comunicaciones se produjo el pasado 21 de agosto, por parte de cuatro mandatos de expertos de las Naciones Unidas. En el documento expresaron su preocupación porque la Ley Agroindustrial podría socavar derechos como la libertad de reunión y asociación, la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia y a la tierra, así como la protección del medioambiente y el derecho a una vivienda adecuada.

El documento señala que la Ley Agroindustrial “pareciera desconocer” obligaciones jurídicas nacionales e internacionales al declarar como inafectables las tierras destinadas a actividades agroindustriales, proyectos de energía, turismo y ganadería.