Roberto Contreras, alcalde De San Pedro Sula junto a su yerno Steven Adolfo Fajardo Vargas.

El Ministerio Público, en las últimas horas, anunció la presentación de un requerimiento fiscal por el supuesto delito de fraude en contra de la municipalidad de San Pedro Sula, dirigida por Roberto Contreras, quien busca la reelección municipal.

La información revelada por la fiscalía indica que la municipalidad cometió el delito de fraude mediante la fragmentación de contratos, el incumplimiento de obras y lavado de activos con fondos municipales entre los meses de julio de 2023 y abril de 2024, a través de la Constructora HERCOD S. de R.L., destinada al mejoramiento vial. El perjuicio económico asciende a 45.5 millones de lempiras.

Esta mañana, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegaron hasta las viviendas de los hijos y el yerno del alcalde Contreras para hacer efectivas las órdenes de captura contra los supuestos implicados en estos delitos, quienes serán trasladados al circuito anticorrupción en Tegucigalpa, donde un juzgado conocerá las pruebas del caso.

Yuri Mora, vocero de la Fiscalía, declaró que algunas de las irregularidades cometidas están relacionadas con la alteración en la cantidad de reparación de calles asignadas a la empresa, además de dejar inconclusa la construcción de un parque y un polideportivo; obras que, pese a estar inconclusas, la alcaldía aseguraba que estaban entregadas y procedía a realizar los pagos.

Mora aseguró que tienen la suficiente carga probatoria para demostrar que hubo una triangulación en los pagos, desde que salían de la alcaldía, pasaban por la empresa y terminaban en cuentas personales o pagos en efectivo para la familia del alcalde Roberto Contreras. Al menos hay 15 implicados en estos delitos.

En respuesta, el alcalde Contreras aseguró que todo se trata de una represalia en su contra por parte del gobierno de turno, sin presentar pruebas. El funcionario afirmó estar siendo víctima de persecución política. “He venido a defender a mi hijo; querían llevárselo. Esta casa es nuestra, tenemos tres casas aquí para mis hijos, ahorramos para dejarles estas casas y ahora vienen a atacar a mi familia. Están allanando las casas y si creen que con esto me quebrarán, están equivocados. Eso es un ataque a mi familia, a San Pedro Sula y a la democracia”, aseveró Contreras.

El alcalde aseguró que esto es un golpe donde más le duele, su familia. “Hoy es un día triste para mi familia, pero no me doblegarán”, concluyó.

El comunicado del Ministerio Público señala que la acusación es contra Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD); Steven Adolfo Fajardo Vargas (yerno del actual alcalde municipal); Josué David Fajardo Hernández (tío de Steven Fajardo) y los representantes de las empresas que se coludieron para defraudar, entre ellos José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.

Además, se acusa a ex y actuales funcionarios Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica de la Gerencia de Infraestructura; Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos); y Walter Cartagena Villagra (exdirector del departamento de Vías). Se imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.

Según las investigaciones, los empleados municipales y representantes legales de las empresas sostuvieron reuniones previas en las que planificaron adjudicar los 33 contratos a HERCOD, mientras que las demás sociedades participarían solo como “relleno” para simular legalidad. La empresa HERCOD también incumplió requisitos esenciales, pues no presentó garantía de anticipo de fondos ni la nómina de personal técnico encargado de ejecutar las obras. Otras irregularidades detectadas incluyen la fragmentación de contratos para eludir los procedimientos de licitación pública o privada, adjudicando 26 por contratación directa y 7 por licitación privada.

De acuerdo con los hechos detallados por la fiscalía en el comunicado, los funcionarios municipales autorizaron pagos a HERCOD sin que esta presentara informes de avance o finalización de obras, ni verificaran el cumplimiento de los contratos.

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