Representa una figura emblemática dentro del Partido Liberal, combinando clientelismo, privatización y alianzas con el poder empresarial. Sus acciones como político han sido clave para tejer con éxito la expansión de sus negocios basados en la explotación de bienes naturales, privatización de servicios en alianza con sectores económicos estratégicos tanto legales como de dudosas procedencias.
Para ambientalistas y sectores sociales, Lara no solo es político y empresario, sino sinónimo de despojo, devastación ambiental y consolidación de una estructura económica que prioriza el beneficio de unos pocos sobre el interés colectivo.
Hablar de Marlon Lara y describir su perfil es un desafío. En redes sociales, se proyecta como un líder político tradicional, enfocado en impulsar proyectos comunitarios y con una imagen relativamente limpia, alejada de controversias. Sin embargo, en Puerto Cortés, hay quienes advierten que es mejor no indagar demasiado sobre él debido a los intereses económicos, políticos y de otro tipo que podrían rodearlo, porque no le podría ir muy bien. Varias fuentes, de forma anónima y por temor a represalias, nos advirtieron tajantemente: «No busquen si valoran la vida».
Sus inicios
El ascenso político de Marlon Lara comenzó en un momento de crisis para Puerto Cortés. Una tormenta había destruido el sistema de agua potable y las principales vías de acceso del municipio, mientras que la inestabilidad política provocó la sucesión de tres alcaldes nacionalistas en menos de cuatro años. En medio de ese escenario de hartazgo ciudadano, le llegó la oportunidad al Partido Liberal para posicionarse como alternativa de cambio. Con apenas 23 años, Lara ganó la alcaldía y gobernó de manera ininterrumpida durante 12 años, consolidándose como el líder político y como miembro de la élite predominante en la región.
Hace más de 40 años, la familia de Lara, originaria de Santa Bárbara, se trasladó a Puerto Cortés, hogar del puerto más importante de Centroamérica, para establecerse de forma definitiva. De profesión Doctor en Química y Farmacia, su primer emprendimiento fue una farmacia que operó durante apenas dos años antes de cerrar sus puertas.
Cuando asumió la alcaldía en 1994, su administración puso en marcha importantes proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de escuelas, centros de salud y mejoras en el sistema de agua potable y calles. A simple vista, la gestión parecía estar respondiendo a las necesidades de la comunidad. Sin embargo, en entrevista a Radio Progreso, el líder social Celedonio Cantarero, señaló que muchas de las obras eran inauguradas y rotuladas por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), lo que generó dudas sobre el verdadero alcance de la gestión municipal de Lara. Además, en ese momento, era el alcalde más joven del país.
Celedonio Cantarero, destacado político y líder social de Puerto Cortés, desempeñó un rol fundamental en la primera candidatura de Lara, al formar parte de la estructura del Partido Liberal, que a principios de los años 90 dominaba las decisiones políticas en el municipio. Fue una de las personas encargadas de dar seguimiento a la gestión municipal.
Cantarero cuenta que en aquellos años surgían interrogantes sobre el destino del presupuesto municipal y el 4 por ciento de ingresos que recibía de la Empresa Nacional Portuaria: “Esta obra la hizo FHIS, esta otra la FHIS, todas las hacía el FHIS, ¿por qué todos los proyectos provenían del FHIS y el Congreso Nacional y los fondos municipales nuestros?”, expresó.
Tras varios señalamientos sobre la falta de transparencia en el manejo de los fondos municipales, las puertas de la alcaldía de Puerto Cortés comenzaron a cerrarse gradualmente para Celedonio Cantarero y todas personas que se atrevían a criticar la administración. Los demás proyectos ejecutados y las licitaciones se gestionaban con opacidad, indicó nuestro entrevistado, quien en aquel entonces empezó a recibir hostigamiento y amenazas por parte de personas cercanas a Lara.
Cuando se reeligió para su segunda gestión municipal, comenzaron a brotar las denuncias de fraude, pero las mismas no prosperaron. El extinto Tribunal Supremo Electoral lo proclamó ganador.
El ascenso al Congreso Nacional y su relación con el poder
Después de tres mandatos consecutivos como alcalde, Marlon Lara llegó al Congreso Nacional y fue designado ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) durante el gobierno de Manuel Zelaya. No obstante, su gestión fue cuestionada por sectores de su propio partido y rechazada por la misma administración, siendo destituido del cargo.
Tras el golpe de Estado de 2009, Lara logró asegurarse una diputación por Cortés con el apoyo de la facción del presidente de facto, Roberto Micheletti. Este respaldo le permitió consolidar su presencia en el Congreso y estrechar lazos con la élite empresarial de San Pedro Sula.
En el proceso electoral de 2017, se postuló a la alcaldía de San Pedro Sula. Durante las elecciones primarias, surgieron nuevamente denuncias de fraude, cuando su contrincante del Partido Liberal, José Abastida, lo acusó de manipular los resultados para asegurar la candidatura oficial. No obstante, terminó perdiendo frente al nacionalista Armando Calidonio, lo que le impidió obtener la alcaldía, aunque logró ser elegido como regidor.
Lara ha contado con varios padrinos políticos a lo largo de su carrera, siendo uno de los más influyentes Emil Hawit, figura prominente del nacionalismo y esposo de su hermana, quien falleció en 2010. Según un reportaje publicado por el medio Contracorriente en 2017, existen registros mercantiles que revelan que Romel Oswaldo Hawit Medrano, hermano de Emil, ocupa el cargo de gerente en Tranycop, una empresa de transporte transnacional con sede en Puerto Cortés. Empresas como Tranycop fueron beneficiadas por el desmantelamiento del ferrocarril nacional, una medida que, en parte, fue impulsada por las políticas de privatización promovidas por Lara y su círculo de poder.
Además, su hermano Wenceslao Lara, quien también ha sido diputado y actualmente es precandidato del partido Liberal por la corriente de Salvador Nasralla, es gerente de la Agencia Aduanera y Naviera Profesional, otro negocio favorecido por la privatización de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
¿Un enemigo de la naturaleza?
En 2013, Lara impulsó una reforma para modificar los límites de la Cota 200 en San Pedro Sula, que generó rechazo en organizaciones ambientalistas. Esta medida, establecida en 1990, protegía la Cordillera El Merendón, prohibiendo la urbanización en áreas esenciales para la conservación y el suministro de agua. Sin embargo, el Congreso Nacional aprobó la modificación del decreto 46-90 a petición de Lara, permitiendo la construcción habitacional en zonas antes protegidas.
La reforma excluyó sectores estratégicos como el Cerro Will, el río Armenta y varias colonias, facilitando la expansión urbana. Entre los proyectos beneficiados destaca el complejo habitacional privado Jaraguá, construido en las faldas de la cordillera. Aunque en 2015 el Ministerio Público ordenó su cancelación por irregularidades en los permisos ambientales, la obra continuó, evidenciando el impacto de la modificación de la Cota 200.
No fue hasta mayo de 2024 que el Congreso Nacional derogó el decreto 334-2013, pero para ambientalistas y comunidades afectadas, el daño ya es irreversible.
Otro caso de impacto ambiental vinculado a Lara es la concesión minera otorgada a la empresa Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa), que por casi 20 años ha explotado canteras para exportar materiales de construcción a Estados Unidos. Organizaciones sociales denuncian que esta concesión se aprobó durante su administración como alcalde, y facilitó el otorgamiento de permisos municipales ocultando el primer estudio de impacto ambiental.
Ya como diputado, en 2010, Lara promovió la revisión del contrato de arrendamiento y la extensión de la concesión de Agrecasa en la Empresa Nacional Portuaria, buscando prolongarla de 10 a 20 años.
Además, según el informe «Aliados de la Impunidad» del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Lara votó a favor del Decreto 120-2013, que aprobó la Ley Orgánica de las ZEDE o «ciudades modelo», pese a que en su discurso ante las comunidades se presentaba como un defensor de la soberanía nacional.
¿Control total en Puerto Cortés?
Los señalamientos sobre Marlon Lara como constructor de una estructura empresarial dominante se han multiplicado, pero pocos se atreven a denunciarlos públicamente debido a las posibles consecuencias, incluso violentas que han sufrido quienes han alzado la voz. Según diversos testimonios.
Es sabido que su aliado más cercano, tanto en lo político como en los negocios, es Allan Ramos, quien, durante sus mandatos como alcalde, fungió como administrador de Lara, y luego asumió la alcaldía por cuatro períodos consecutivos. Ramos ha sido acusado de violación a los deberes de los funcionarios públicos, en detrimento de la administración municipal. Para sus detractores, el hecho de que su antiguo administrador y amigo personal haya ocupado la alcaldía, permitió a Lara y a su círculo mantener el control sobre los recursos municipales.
Marlon Lara se postula nuevamente para el Congreso Nacional, buscando su reelección como diputado por el departamento de Cortés. Con una extensa trayectoria política, ha sido objeto de críticas por presuntamente favorecer a los sectores empresariales extractivos, en detrimento de los bienes públicos y el bienestar de la población.
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