Edgardo Antonio Casaña Mejía, miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) y diputado por el departamento de Santa Bárbara, actualmente ocupa el cargo de segundo vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la Comisión de Educación.
Antes de su incursión en la política partidaria, Edgardo Antonio Casaña Mejía se desempeñó como docente y dirigente magisterial; fue presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) por un periodo de tres años, además, integró la junta directiva del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA). A lo largo de su trayectoria magisterial y política, Edgardo Casaña ha enfrentado procesos legales y controversiales.
Mientras se desempeñaba como presidente del Coprumh, Edgardo Casaña se lanzó al ruedo político en las filas del Movimiento Fuerza de Refundación Popular (FRP) del Partido Libre en busca de un curul en el Congreso Nacional y en las Elecciones Generales de 2013, con 60 mil 586 votos, salió electo como diputado por el departamento de Santa Bárbara para el periodo 2014-2018. Arrastrando un requerimiento fiscal desde el año 2013 por abuso de autoridad, Edgardo Casaña siguió su camino en el Congreso Nacional y decidió buscar la reelección como diputado para el periodo 2018-2022; en noviembre de 2017, Casaña ganó la séptima diputación de las nueve que corresponden al departamento de Santa Bárbara.
En agosto de 2018, durante el primer año de su segundo periodo como diputado, Edgardo Casaña enfrentó un juicio oral y público, junto a exdirectivos del INPREMA, acusados por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del delito de abuso de autoridad.
De acuerdo a la relación de hechos, los integrantes de la Junta Directiva del INPREMA, entre ellos Edgardo Casaña, en el año 2010, mediante la resolución 1526, aprobaron una modificación a la estructura de pensiones y jubilaciones por un monto de 100 millones de lempiras, a pesar de existir una resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en la que negó parcialmente la solicitud de autorización de aumento debido al déficit que presentaba ese instituto de previsión. Sin embargo, un Tribunal de Sentencia absolvió de toda responsabilidad a los exdirigentes del INPREMA, encabezados por Edgardo Casaña.
Tres años después, mientras celebraba su segunda reelección como diputado con 86 mil 431 votos, Edgardo Casaña fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de abuso de autoridad.
La Sala Penal, en resolución a la casación presentada por el Ministerio Público, sentenció a Edgardo Casaña, junto a los dirigentes magisteriales Cesar Ramos y Oscar Recarte, a una pena principal de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos y la suspensión de la ciudadanía por seis años.
A lo largo del proceso judicial, Edgardo Casaña ha rechazado la acusación asegurando que la justicia en Honduras es utilizada “para perseguir a los luchadores, donde se condena y se trata con códigos de reo a dirigentes gremiales por haber conquistado un aumento”.
En junio de 2022, Edgardo Casaña solicitó la aplicación del Decreto 04-2022, conocido como Amnistía Política; en una audiencia de notificación, un juez penal se abstuvo de otorgar la amnistía al diputado Casaña, argumentando que no era su competencia y determinó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sea la que decida sobre el caso.
“Nosotros, junto con el compañero Oscar Recarte y el compañero César Ramos, queremos insistir que en Honduras se ha instrumentalizado la justicia para perseguirnos”, insistió Casaña.
Luego de habérsele negado la Amnistía Política, en julio de 2022 Edgardo Casaña fue incluido en la «Lista Engel» del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que señala a personas involucradas en actos de corrupción o socavamiento de la democracia.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos argumentó la inclusión de Casaña en la “Lista Engel” afirmado que, durante su gestión como directivo del INPREMA, incurrió en una importante corrupción al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros para destinar más de 5 millones de dólares en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.
En respuesta a la mención en la “Lista Engel”, Casaña negó los señalamientos y dijo lamentar que se instrumentalice “una herramienta que ha sido importante y que ha sido valiosa para desnudar actos de corrupción y acciones que socavan la democracia en el Triángulo Norte”.
Un mes después de la inclusión en la “Lista Engel”, la diputada del Partido Anticorrupción (PAC), Karen Martínez, presentó una solicitud de juicio político contra los diputados del Partido Libre, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, por ser señalados como actores corruptos; la Junta Directiva del Congreso Nacional decidió darle tramite a la solicitud, tras la lectura del proyecto, pese a que el sistema de votación del hemiciclo legislativo estaba en funcionamiento, la secretaria Luz Angélica Smith pidió a los congresistas levantar la mano para aprobar o improbar la solicitud. El juicio político no fue admitido. A finales de 2023, durante el proceso de elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pidió a los diputados investigados o mencionados en actos de corrupción no participar en el nombramiento, Edgardo Casaña cedió el curul a su diputada suplente, Bety Rivera.
Hablar de la faceta de Edgardo Casaña como dirigente magisterial y político ha sido como una “misión imposible”, pues genera recelo hasta en sus compañeros de Partido, fuentes consultadas por Radio Progreso lo describieron como el “todopoderoso de Santa Bárbara”, junto a su hermano Nery Casaña, subdirector nacional de Talento Humano no Docente de la Secretaría de Educación.
Entrevistado recientemente, en un programa de la televisión local de Santa Bárbara, Edgardo Casaña se refirió a su hermano Nery como “ese técnico que llegó a Tegucigalpa y que hoy se convirtió en un cuadro espectacular para la gestión de este departamento, mueve cielo, mar y tierra”.
Otra de las fuentes consultadas se limitó a decir que Edgardo Casaña controla el departamento de Santa Bárbara, “todo es todo”, dijo.
Con una poca productividad legislativa menor a las 10 propuestas y decretos de ley presentados, de acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y una sentencia penal en firme que le inhabilita a ejercer cargos públicos, el diputado Edgardo Casaña busca ser reelecto por tercera vez en el Congreso Nacional. Ganará nuevamente un puesto en el Congreso Nacional Edgardo Casaña, pese a que la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 51 establece que la calidad de diputado se pierde cuando hay una sentencia judicial firme por un delito doloso o inhabilitación.
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