| Martes, 26 Septiembre 2023 |  |
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Una persistente situación peligrosa para quienes defienden la vida
En las acciones de monitoreo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en los países del continente americano, hay dos cuestiones importantes que se deben resaltar con respecto a Honduras.
Primero, existe un contexto en el que las personas defensoras de derechos humanos enfrentan “una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y deslegitimación” a la que están expuestas.
Segundo, existe una situación de conflictividad sobre las tierras y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, así como aquellos ocupados tradicional e históricamente por el pueblo garífuna, que se ven amenazados por el avance de proyectos sin obtener su consentimiento libre, previo e informado.
El resultado, según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, es la persistencia de un patrón de atentados contra la vida de quienes defienden los derechos humanos, la tierra, el territorio y el medioambiente.
Esta situación se concreta en los datos publicados por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU: entre el 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023 al menos 62 personas defensoras han sido asesinadas y 4 han sido desaparecidas. El 66% de ellas defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente.
El reciente asesinato del dirigente campesino José David Fortín en el Aguán y los ataques sufridos por el defensor ambientalista Ramiro Lara en Santa Rosa de Copán y la lideresa garífuna Miriam Miranda demuestran que, pese al cambio de gobierno, la situación para la defensa de la vida sigue siendo grave.
Con un Ministerio Público en crisis, con una policía y ejército sin depuración, y con un Mecanismo Nacional de Protección debilitado, y sin voluntad política suficiente, este contexto parece muy difícil de cambiar si como movimientos sociales no nos articulamos con fuerza.
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