Su propia voz había dejado una advertencia. “Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña”, afirmó Dereck Isaac McNeil James en un audio grabado antes de ser asesinado. El abogado era testigo protegido en la investigación por la desaparición de Angie Peña y había rendido declaración como prueba anticipada. Su muerte ocurre a pocas semanas del juicio contra integrantes de los llamados Delta Team dedicados a la trata de niñas y mujeres, y vuelve a poner bajo la lupa la protección estatal de quienes conocen información clave sobre el caso.
“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña, yo la miré”.
La voz de Dereck Isaac McNeil James quedó grabada antes de su asesinato. En el audio, el abogado defendía su testimonio y advertía que no permitiría que lo desacreditaran en la investigación por la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares.
“Pueden decir lo que quieran de mí, no me importa. Yo la miré”, insistía. Hoy, McNeil James está muerto.
Su asesinato, ocurrido este 17 de agosto en Roatán, Islas de la Bahía, vuelve a estremecer un caso que desde hace más de cuatro años permanece rodeado de interrogantes, denuncias de corrupción y señalamientos sobre posibles vínculos entre estructuras criminales y funcionarios públicos.
El Ministerio Público ya había incorporado como prueba anticipada los testimonios de dos testigos protegidos en el proceso por la desaparición de Angie Peña. En su declaración McNeil James señaló que había visto a Angie y que había contado dinero relacionado con la presunta venta de la joven.
“Nunca me dieron protección”
En el audio que dejó grabado antes de ser asesinado, McNeil James también denunció que había sido perseguido y que nunca había recibido protección. Además, clientes de la red de trata de personas son políticos y empresarios famosos en Honduras.
“A mí nadie me da trabajo por tanta tontera de las autoridades. A mí nunca me dieron protección”, afirmó.
Sus palabras adquieren una dimensión distinta después de su asesinato.
El procurador de derechos humanos Miguel Tejeda confirmó que McNeil James tenía una clave asignada dentro del mecanismo de protección de testigos y que ya había rendido declaración mediante prueba anticipada. Sin embargo, cuestionó si las medidas de protección realmente estaban activas y si el Estado le estaba dando seguimiento.
La pregunta queda abierta: ¿cómo fue asesinado un testigo protegido en uno de los casos más sensibles de Honduras?
El periodista de investigación Héctor Silva Ávalos, autor del reportaje publicado en Radio Progreso donde se develó parte de la trama alrededor de la desaparición de Angie Peña, considera que el asesinato debe ser investigado en el contexto de la información que McNeil James manejaba.
Silva sostiene que se trataba de un testigo “importantísimo” y que había trabajado directamente con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC.
Según el periodista, el testigo había proporcionado al Ministerio Público información relacionada con la presunta participación de funcionarios judiciales, policías y miembros de la propia ATIC en la trama investigada.
El reportaje publicado por Radio Progreso en febrero de 2026, sobre cómo la corrupción frustró el rescate de la joven secuestrada en Roatán, ya había documentado que un informante identificado como “Chivo” aseguró haber visto a Angie Peña con vida después de su desaparición y relató que un operativo para rescatarla en Roatán habría fracasado debido a filtraciones. El mismo trabajo periodístico recogió el temor de testigos que denunciaron falta de protección.
Silva advierte ahora que el asesinato ocurre además en un momento particularmente sensible: a pocas semanas del juicio contra integrantes de los Delta Team y después de nuevas denuncias públicas de la familia de Angie Peña.
“No me extrañaría que lo hayan mandado a callar al mejor estilo de la mafia” …
Michelle Melgares, madre de Angie Peña, reaccionó al asesinato del abogado McNeil señalando directamente que la víctima era un testigo protegido dentro del caso.
En sus mensajes públicos, denunció que la familia ha advertido durante años sobre una presunta red de trata en Roatán y señaló a funcionarios, empresarios, policías, agentes de la ATIC y miembros del Ministerio Público.
“En todo este tiempo hemos conocido lo inimaginable del delito de trata de mujeres y niñas en Honduras”, expresó Melgares en su cuenta de X, al cuestionar el funcionamiento del sistema de justicia y denunciar el peso del poder económico y político frente a las víctimas.
El procurador de derechos humanos Miguel Tejeda plantea otras interrogantes más graves que deja el crimen. ¿Sigue operando la red criminal que secuestró a Angie Peña? ¿Quién protegerá a otros testigos relacionados con el caso?
“No solo es el caso de Angie Peña”,
Tejeda también cuestionó las condiciones de la escena del crimen.
De acuerdo con su declaración, en el sector donde ocurrió el ataque existen tres cámaras pertenecientes a un proyecto municipal, pero estas se encontraban movidas o aparentemente inutilizadas. La información deberá ser establecida mediante las investigaciones técnicas correspondientes.
El abogado, según Tejeda, fue interceptado cuando llevaba a su hijo a la escuela, a plena luz pública y a unos 300 metros de su vivienda.
Por eso, el defensor de derechos humanos plantea que la investigación no debe limitarse a identificar a los autores materiales.
¿Quién ordenó el asesinato? ¿Quién contrató a los sicarios? ¿Quién proporcionó información sobre los movimientos de la víctima? ¿El crimen tiene alguna relación con el conocimiento que McNeil James tenía sobre el caso Angie Peña?
Cuatro años después de la desaparición de Angie Peña, la investigación vuelve a quedar marcada por una muerte.
La diferencia es que esta vez el muerto había dejado su propio testimonio. “Yo estuve ahí. Yo vi a Angie Peña”.
McNeil James también había advertido que, si intentaban desacreditarlo, hablaría sobre lo que sabía. Ahora ya no puede declarar ante un tribunal.
El Estado hondureño tiene la obligación de determinar quién lo mató, por qué lo mató y si su asesinato tiene alguna relación con la información que aportó en la investigación de Angie Peña.
Pero también, El Estado deberá responder una pregunta todavía más incómoda: si era un testigo protegido, ¿quién debía protegerlo? ¿Será que quienes debían protegerlo son las mismas instituciones señaladas por la familia de Angie Peña por presuntamente encubrir y proteger a quienes integran redes de trata de niñas y mujeres en Honduras?
Un trabajo de Radio Progreso, en colaboración con el periodista de investigación Héctor Silva.
