12 defensores y una defensora del ambiente, 13 en total, del sector Medina en el municipio de Puerto Cortés, al norte de Honduras están siendo criminalizados por el delito de usurpación en represalia a su compromiso en defensa del agua y la montaña Sapadril, según la denuncia del Bufete Estudios para la Dignidad, equipo jurídico que acompaña la lucha de las comunidades.
Mediante una conferencia de prensa se alertó que entre los pobladores acusados están: Celedenio Díaz Cantarero, Miguel Ángel Pérez Orellana, Isaí Núñez Godínez, Isis Vanessa Laínez, Olvin Narváez Rivera, Noe Flores, Pablo Sánchez, Rosalío García, Elmer Portillo, Freddy Francisco Rivera, Víctor Dubón Claros, Bairon José Antúnez, y Nahún Reyes Rivera.
El conflicto es por la presencia del proyecto minero Cantera Sapadril, operado por la Empresa Agregados del Caribe S.A, AGRECASA que lleva más de 20 años de presencia en la zona y que ha sido la responsable de la destrucción de la montaña y que varias fuentes de agua están ahora totalmente secas.
Según información brindada por el abogado Víctor Fernández representente legal de las comunidades, el propio Estado de Honduras a través del departamento legal de la Secretaría de Recursos Nacionales, SERNA, expresó sobre este proyectos:
“Que se declare desfavorable otorgar renovación de licencia ambiental al proyecto denominado Cantera Sapadril, ubicado en el municipio de Puerto Cortés, Cortés presentado por la Abogada Ana Lourdes Martínez Cruz, actuando en su condición de apoderada legal de Agrecasa, ya que el proyecto ocasiona impacto significativo al ambiente, lo anterior en base a lo establecido en los informes de dictamen técnico número 514-2024 del 2 de julio de 2024, además de otros más de inicio de 2025”.
Fernández recordó que la minera está afectando las fuentes hídricas y generando un riesgo significativo para la salud de los habitantes, y que la propia SERNA recomienda sanciones para la empresa y clausurar definitivamente el proyecto.
Para el abogado es increíble que la Fiscalía, y concretamente el fiscal Jorge Lagos de Puerto Cortés, criminalice a los defensores por su compromiso de proteger las fuentes de agua y el ambiente a través de un campamento que exige la salida de la empresa por la contaminación y destrucción que ha provocado en sus dos décadas de presencia en la zona.
El Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, a través de una publicación dio a conocer que el pasado 21 de enero de 2025, se dio una revisión administrativa, que está reflejada en el Dictamen Técnico 94/2025, que confirma y amplía los hallazgos previos, señalando que los impactos ambientales observados constituyen causal de clausura definitiva, según el artículo 116 del Reglamento de la Ley General del Ambiente.
13 defensores criminalizados, mientras AGRECASA continúa operando en su territorio
Sin embargo, apenas seis días después, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) emitió la Resolución 30-2025, ordenando la reactivación total e inmediata de las operaciones, generando un quiebre institucional. Mientras la unidad técnica ambiental documenta daños graves y recomienda no renovar la licencia, la autoridad minera autoriza la continuidad operativa sin considerar los dictámenes ambientales vigentes. Administrativamente, esta contradicción obliga a la SERNA a realizar un análisis exhaustivo y jurídicamente sustentado para evitar decisiones arbitrarias o anulables.
En respuesta, el 28 de febrero de 2025, DECA emitió el Dictamen Técnico 167/2025, reafirmando por tercera vez que no debe renovarse la licencia ambiental. Con este dictamen, la unidad técnica cierra la fase de evaluación ambiental revalidando que persisten los daños y que la empresa incumple medidas de mitigación y remediación. La situación se agrava en abril de 2025, cuando las comunidades de Sapadril instalaron el campamento “René Alemán”, denunciando la continuación de las operaciones sin una licencia renovada.
Debido a la contradicción entre los dictámenes técnicos y la resolución de INHGEOMIN, la Unidad de Servicios Legales de SERNA solicitó el 2 de mayo de 2025 una aclaración a DECA respecto de la naturaleza del dictamen 167/2025. En respuesta, DECA emitió el Dictamen Técnico 393/2025, confirmando nuevamente contaminación en la quebrada Brisas del Mar y el río Sapadril, excedencias en turbidez y conductividad, impactos en la salud pública y riesgos de colapso ecosistémico en la Microcuenca Medina. Además, recomienda a SERNA determinar si procede la clausura definitiva, total o parcial, y remite el caso a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía del Medio Ambiente.
Para Cespad el caso de Sapadril sigue siendo relevante porque ejemplifica claramente las tensiones entre las secretarías de Estado, las relaciones de poder construidas a lo largo de los años entre grandes empresas e instituciones y, sobre todo, revela cómo la vulnerabilidad de derechos humanos y ecológicos permanecen fuera del debate público, aunque es lo más importante. La demanda principal sigue siendo el cierre definitivo de AGRECASA y “que se le demande a la empresa para que puedan resarcir los daños que provocaron tanto a las fuentes de agua como a la salud, a las viviendas”.
Pese a la criminalización y el miedo que produce ir a prisión por la defensa del territorio, las comunidades se mantienen en el campamento con la convicción que su lucha se sostiene por el compromiso de defender el agua porque es defender la vida. Es una lucha porque la empresa no siga dinamitando y con ello destruyendo su viviendas y su entorno.
