Entre abril de 2013 y mayo de 2014, Geovanny Fuentes, protagonizó una trama de intrigas financieras en la que el banco Promerica se convirtió en un actor clave. Condenado en Estados Unidos por sus oscuros negocios de tráfico de armas y drogas, Fuentes logró adquirir cuatro líneas de crédito con el banco, ofreciendo como garantía bienes inmuebles en el sector de El Merendón, en el municipio de Choloma, Cortés. Hoy el caso es conocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

La responsabilidad del Estado de Honduras ante la amenaza de despojo de tierras ancestrales a grupos campesinos en el norte del país fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 192.º periodo de sesiones.

A petición de la Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, se realizó una audiencia para conocer la situación de las amenazas que enfrentan cuatro comunidades: San Marcos de Majaine, El Tamarindo, San Antonio de las Quebradas, El Chorrerón y Marías y Planes, en el sector Jutosa de la cordillera El Merendón, en el municipio de Choloma, Cortés. Estas familias corren el riesgo de ser desalojadas de sus hogares, ya que una institución bancaria asegura que las tierras les pertenecen y que serán subastadas.

En 2021, las comunidades se enteraron, a través de un anuncio en un periódico, que el Banco Promerica había anunciado la subasta de sus tierras, alegando que dichos títulos fueron entregados como garantías de un préstamo realizado a la empresa Agroforestal Fuentes, negocio vinculado con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez , quien fue extraditado y condenado por narcotráfico en una corte de Estados Unidos.

En la audiencia, los testimonios de las familias relataron que poseen títulos de propiedad desde el año 1920. Durante todas estas décadas, más de 700 habitantes han nacido y vivido en este sector, en su mayoría en completo abandono por parte de las autoridades. Se mencionó que el centro de salud más cercano está a 10 kilómetros, que no existen negocios para abastecer de alimentos y que, en todas las comunidades, apenas hay cinco vehículos. La cobertura educativa no supera el sexto grado, y las familias sobreviven de la siembra de hortalizas, granos básicos y cacao. Sus tierras tienen carácter nacional.

En la audiencia, el abogado Carlos Paz, director de Cáritas, afirmó que a estas familias se les está violentando el derecho a la propiedad, la integridad y a una vida digna, por no brindar respuestas ante una situación en la que se ha comprobado que la corrupción, la violencia y el narcotráfico están presentes en la conflictividad de la zona rural de Choloma, Cortés.

Paz mencionó que el 24 de febrero de 2021, tres días después de que Geovanny Fuentes Ramírez fuera condenado por narcotráfico en una corte estadounidense, el banco anunció la subasta, a pesar de que existen evidencias de irregularidades en el traspaso de las tierras, tal como está comprobado en el Instituto de la Propiedad.

Desde el momento en que las comunidades vieron en peligro sus tierras, las acciones no se han detenido. Solicitaron información a las instituciones públicas, incluida la municipalidad de Choloma, pero no encontraron respuesta, lo que los llevó a realizar tomas y plantones para exigir el respeto a sus títulos de propiedad. Tan poca ha sido la actuación del Estado, que las comunidades han buscado apoyo en organizaciones como Cáritas para continuar con la denuncia y exigir que se resuelva esta situación. Es así como se presentó el caso ante la CIDH.

En representación del Estado de Honduras estuvo el Subprocurador de la República, el abogado Tomás Emilio Andrade, quien, junto a delegados de la Secretaría de Seguridad, Derechos Humanos, el Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario (INA), informó sobre las supuestas diligencias realizadas en el caso de las comunidades campesinas de Choloma.

En su presentación, los representantes del Estado prometieron a las comunidades que no serían desalojadas de sus tierras, asegurando que realizarían trabajos técnicos para determinar en qué condiciones se encuentran los títulos, además de activar el sistema de protección para los defensores que se enfrentan a posibles escenarios de violencia en conflictos territoriales.

Andrade mencionó que, desde el Estado, reconocen el desafío que enfrentan para garantizar el derecho a la propiedad y la deuda histórica con los grupos campesinos en el país.

La presidenta de la CIDH, Andrea Pochak, comisionada encargada de temas relacionados con Honduras, recordó el informe presentado por la CIDH en 2024, donde revelaron que el país enfrenta una serie de conflictos sociales, ambientales y agrarios de larga data, derivados de problemas estructurales como la distribución inequitativa de la tierra y los recursos, lo que ha resultado en altos niveles de violencia.

Entre los principales problemas, se destacaron la debilidad de la institucionalidad encargada del registro y titulación de tierras, la corrupción, las irregularidades en la autorización y concesión de proyectos de desarrollo, así como la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Al cierre de la audiencia, las comunidades y Cáritas pidieron al Estado atender con urgencia este conflicto, que mantiene a las familias amenazadas de desalojo de sus hogares. “El Estado hondureño debe atender este caso, que es una mezcla de corrupción y crimen organizado en torno a la posesión de tierras, lo que debe obligar a las autoridades a sanear esos títulos para evitar las posibilidades de violencia”, dijo Carlos Paz.