Pese a cargar sobre sus hombros procesos penales por presunto lavado de activos, malversación de fondos públicos y otros delitos cometidos durante su gestión como alcalde del Distrito Central, Nasry Juan Asfura Zablah, conocido como “Tito” Asfura, ha sido declarado presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, bajo la bandera del Partido Nacional.

Asfura es la figura visible de un partido conservador que retomó el control de la institucionalidad hondureña tras el golpe de Estado de 2009, y que gobernó el país durante doce años consecutivos con Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022). Un ciclo marcado por escándalos de corrupción, narcotráfico y cooptación del Estado, que culminó con la condena de Juan Orlando a 45 años de prisión en Estados Unidos y la cadena perpetua más 30 años impuesta a su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández.

¿Quién es Nasry Asfura?

Nacido en Tegucigalpa el 8 de junio de 1958 y de ascendencia árabe-palestina, Asfura ostenta el título de bachiller en Ciencias y Letras. Aunque su formación académica es limitada, ello no fue obstáculo para consolidarse como empresario de la construcción, sector desde el cual obtuvo millonarios contratos con el Estado y con dos de las alcaldías más grandes del país: Tegucigalpa (Distrito Central) y San Pedro Sula, según el medio digital Chiteriohn.

En actos políticos se presenta como un hombre sencillo: botines, jeans, camisa arremangada y un baile rígido, casi mecánico. Sin embargo, analistas advierten que esa imagen encubre a un operador clave de las élites económicas y políticas que históricamente han controlado el país.

Su carrera política se forjó al amparo de figuras profundamente cuestionadas. Inició como colaborador en la campaña que llevó a Rafael Leonardo Callejas a la presidencia (1990-1994), continuó con Oswaldo Ramos Soto en 1994 y más tarde con Ricardo Maduro (2002-2006). Ese recorrido le abrió las puertas de la alcaldía capitalina, donde entre 1990 y 1994 fue asistente de la entonces alcaldesa Nora Gúnera de Melgar, y posteriormente regidor y gerente de servicios públicos. En esos años, según denuncias, sus empresas constructoras fueron beneficiadas con contratos millonarios.

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Tras el golpe de Estado de 2009 y el retorno del Partido Nacional al poder, Asfura fue diputado del Congreso Nacional y luego director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). En 2013 ganó la alcaldía de Tegucigalpa y fue reelegido para el período 2018-2022, convirtiéndose además en una pieza clave de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.

“El Partido Nacional ha perdido los relevos y recurre a viejas figuras, muchas de ellas salpicadas por antecedentes contrarios a la transparencia y la justicia”, señaló el sacerdote jesuita Ismael Moreno, Padre Melo, quien considera que la figura de Asfura evidencia el profundo deterioro de la clase política hondureña.

Durante su gestión municipal se ejecutaron cientos de obras de infraestructura: pasos a desnivel, túneles, puentes y ampliaciones viales. No obstante, estas construcciones estuvieron rodeadas de señalamientos por adjudicaciones a empresas con posibles vínculos personales o partidarios.

Mientras el concreto se multiplicaba en las zonas céntricas de la capital, los problemas estructurales de las colonias más empobrecidas persistieron intactos. Cerca de 200 barrios de Tegucigalpa continúan sin acceso regular a agua potable, obligando a miles de familias a comprarla a camiones cisterna a precios hasta diez veces mayores que en zonas residenciales. Esta realidad no cambió durante la administración de Asfura.

Corrupción e impunidad

El 15 de septiembre de 2020, frente a la cúpula militar y el gabinete de Juan Orlando Hernández, Asfura proclamó: “Necesitamos líderes enamorados de la justicia y no del dinero”. Seis semanas después, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) solicitó antejuicio en su contra por el desvío de al menos 29 millones de lempiras de fondos municipales.

Según la investigación, entre 2017 y 2018 esos recursos habrían sido utilizados para cubrir gastos de sus empresas, pagar tarjetas de crédito y realizar transferencias a sus hijas en Estados Unidos. Los fondos provenían de un fideicomiso municipal que, de acuerdo con la acusación, fue usado para respaldar cheques depositados en cuentas personales del entonces alcalde.

En 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia frenó el proceso, exigiendo agotar auditorías del Tribunal Superior de Cuentas, una decisión que mantuvo el caso congelado durante casi tres años. “Esto fue parte del pacto de impunidad de la élite política”, denunció entonces la diputada Fátima Mena.

El 10 de octubre de 2024, la UFERCO reactivó el caso, pero once días después Asfura pagó una fianza de 15 millones de lempiras y enfrentó el proceso en libertad. El 4 de diciembre de ese mismo año, un tribunal declaró nulo todo lo actuado por el Ministerio Público y ordenó remitir el expediente nuevamente a la CSJ, revocando las medidas cautelares y obligando a reiniciar el juicio desde cero.

Más sombras

A estos señalamientos se suman las revelaciones de los Pandora Papers en 2021, que vincularon a Asfura con empresas offshore en Panamá, presuntamente utilizadas para ocultar patrimonio. Una de ellas, Karlane Overseas S.A., fue creada en 2006 a través del bufete Alcogal y posteriormente pasó a manos de la familia Atala, propietaria del grupo Ficohsa.

También figura como accionista de Sulambiente, empresa que demandó a la municipalidad de San Pedro Sula por 8.1 millones de dólares y ganó el litigio pese a no haber prestado el servicio de recolección de basura. Investigaciones periodísticas revelaron cómo Asfura ocultó su participación accionaria hasta recuperar el control tras la sentencia favorable.

Con este historial, Nasry Asfura se presentó al proceso electoral de 2025 cobijado por la bandera de un Partido Nacional desgastado, señalado y marcado por doce años de corrupción, autoritarismo e impunidad.

Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral lo declaró ganador, en medio de fuertes denuncias de fraude formuladas por el consejero Marlon Ochoa y por los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Liberal de Honduras. A estas denuncias se sumaron señalamientos de injerencia política por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien antes, durante y después de la jornada electoral del 30 de noviembre llamó públicamente a votar por Asfura, al considerarlo un aliado de su gobierno.

Como colofón de este proceso cuestionado, Trump otorgó además un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, aunque recuperó su libertad, continúa siendo un condenado por narcotráfico, reforzando la percepción de un nuevo episodio del entramado de poder e impunidad que ha marcado la historia reciente de Honduras.