El Campamento de Guapinol: resistencia frente al despojo

A partir del golpe de Estado se aceleró y profundizó un doble proceso: por un lado, de acumulación y concentración de poder político y económico en pocas manos, y, por otro, de despojo de derechos, libertades y bienes comunes en proporciones intolerables para la ciudadanía.

Por eso es que las comunidades se mantienen en permanente oposición y resistencia, pero quienes se benefician de la acumulación y el despojo utilizan el asesinato, las amenazas, la estigmatización, los ataques físicos y el uso del derecho penal como instrumento de control social.

En este sentido, las autoridades militares, policiales, fiscales y judiciales tienden a tergiversar deliberadamente las luchas legítimas de las comunidades para sancionar sus reivindicaciones y así reducir al mínimo la presión ciudadana y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.

En este contexto debe situarse la instalación y permanencia en el Campamento de Guapinol por parte de organizaciones comunitarias, populares, eclesiales, así como pobladores y pobladoras aglutinadas en el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Su único objetivo es la defensa legítima del agua, el ambiente y el territorio para frenar la actividad ilegal de la empresa minera Inversiones Pinares propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales en el río Ceibita y en el Parque Natural “Carlos Escaleras”.

El Estado, en vez de investigar y sancionar a quienes afectan gravemente los bienes comunes, a través de un Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya creación busca conocer casos de criminalidad organizada, ordenó el desalojo y la captura de quienes se encuentran en el campamento.

Como lo señala la Coalición contra la Impunidad, lo grave de la esta acción por parte de un juzgado de ese tipo es que coloca a estos hombres y mujeres defensoras de la vida en la categoría de los criminales más peligrosos.

Parafraseando al ex fiscal Omar Menjívar, cuando el ejercicio de este derecho fundamental es comparado a un grave crimen, solo nos confirma que hemos entrado en los oscuros laberintos de una feroz dictadura y nos demanda responsabilidad ciudadana, así como acciones de solidaridad nacional e internacional.