Honduras: más policías, pero menos seguridad

Lunes, 26 de octubre 2026

Honduras: más policías, pero menos seguridad

En apenas 42 horas, Silvia, vecina de la ciudad de Yoro, al norte de Honduras, perdió a dos familiares, su sobrino y su hermano, víctimas de la violencia que se ha instalado en este departamento. Cuando salía del cementerio, después de despedir a su joven sobrino, recibió la terrible noticia de un nuevo crimen, esta vez, contra su hermano. En ese instante, Silvia sintió nuevamente que su mundo se derrumbaba.

Con temor y entre lágrimas, nos relató el ambiente de zozobra que se vive en esta zona del país, pese a la intervención policial implementada este 2026. Durante los primeros meses del año, las autoridades de seguridad anunciaron operativos y el despliegue de fuerzas policiales y militares en los departamentos de Yoro y Colón, como respuesta a los elevados índices de violencia y homicidios.

Hoy, las comunidades sobreviven entre operativos policiales y militares, tanquetas y hombres armados. Una escena que evoca la de un territorio en guerra. Hasta octubre de 2026, Honduras registra 26 masacres que han dejado más de 112 personas muertas. Yoro figura entre los departamentos más golpeados.

Para Silvia, resulta incomprensible que, en cuestión de pocos años, su comunidad haya pasado de ser un lugar caracterizado por la tranquilidad y unidad de las familias a convertirse en un territorio donde sus habitantes viven con miedo, permanecen encerrados y cargan con la angustia de preguntarse quién será la próxima víctima.

Honduras destina alrededor de 20 mil millones de lempiras del Presupuesto General de la República al sector seguridad. El país cuenta con al menos 70 mil integrantes de la Policía Militar, la Policía Nacional Preventiva, los cuerpos de investigación y las Fuerzas Armadas.

Ante estas cifras, resulta inevitable preguntarse, ¿cómo se explica que, pese a la inversión millonaria y al despliegue de efectivos en los territorios, la inseguridad persista y la violencia continúe golpeando a las comunidades? A esta preocupación se suman los señalamientos sobre la presunta participación de agentes policiales en actividades delictivas. El reclamo de una verdadera depuración policial parece perderse entre el ruido de los discursos politiqueros y las promesas de funcionarios que anuncian nuevas medidas, mientras siguen las denuncias sobre los vínculos entre los cuerpos de seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico.

La inseguridad no se resuelve únicamente con más armas, más operativos o más efectivos en las calles. Mientras la respuesta del Estado se concentre en el uso de la fuerza y la represión, sin atender las necesidades de la población ni emprender un proceso de depuración policial transparente y efectivo, difícilmente cambiará la realidad que viven comunidades como la de Silvia.

La historia de Silvia no debería convertirse en una escena cotidiana ni en una estadística más. Detrás de cada asesinato hay una familia destrozada, una comunidad atemorizada y un Estado obligado a responder. Honduras no puede resignarse a contar muertos. Un país no es más seguro porque tenga más hombres armados en sus calles, sino porque su gente puede vivir, trabajar y caminar sin temor a convertirse en la siguiente víctima.