Mano dura para el pueblo, premio para el corrupto

Viernes, 13 de noviembre 2026

Mano dura para el pueblo, premio para el corrupto

En Honduras la realidad supera la ficción. Nuestra democracia se va erosionando a pasos agigantados. Las elecciones del 30 de noviembre de 2025 dejaron una profunda desconfianza en la población. Se declaró ganador a Nasry Asfura tras un escrutinio cuestionado por graves irregularidades, al mismo tiempo, con la injerencia descarada de Donald Trump quien amenazó con consecuencias si el resultado no favorecía a su candidato.

Se legisla con un Congreso sin contrapesos efectivos, dando lugar al cogobierno de los partidos tradicionales en la palestra política, el Nacional y el Liberal. El país recibe leyes más duras, más policías, más cárceles y más poder para el Ejecutivo, mientras la pobreza, la corrupción, la impunidad, la falta de empleo y la fragilidad institucional siguen siendo el terreno donde nace la violencia.

La mano dura no es una política de Estado, es una cortina de humo porque no sustituye la investigación seria, la justicia independiente, la inteligencia financiera ni la prevención social. Un país no se salva encerrando a los ciudadanos; se salva dándoles derechos, oportunidades y justicia.

Las leyes de mano castigan a los jóvenes, comunidades pobres, campesinos, pueblos indígenas y garífunas, migrantes y habitantes de los barrios y comunidades abanados por el Estado. Mientras que las redes de corrupción, el crimen organizado y sus facilitadores políticos y económicos operan con total impunidad.

La seguridad sin derechos humanos es autoritarismo con uniforme. La verdadera seguridad no exime al Estado de respetar los estándares internacionales de derechos humanos. No olvidemos que un Estado que respeta los derechos humanos no es un Estado débil. Es el único Estado que puede llamarse democrático.

Si el Estado hondureño premia, condecora, protege o incorpora a cargos públicos a personas embarradas de corrupción, criminalidad e impunidad, el mensaje es claro, quien tiene el poder está por encima de la ley. Mientras se castiga al pueblo, se premia o protege a quienes representan el poder y la impunidad.

Hablemos claro, Honduras no necesita un Estado que solo sepa castigar. Necesita un Estado que sepa proteger, investigar, distribuir riqueza, escuchar y rendir cuentas. Un país que castiga a su pueblo y protege a sus poderosos no construye seguridad: prepara la caída de la democracia y el surgimiento gobiernos autoritarios.