Un Código Penal a la medida del régimen dictatorial

La forma en que el sistema penal de un país aborda los delitos refleja el nivel de respeto que el Estado tiene por la democracia y los derechos humanos garantizados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales.

En este sentido, el derecho penal puede ser un instrumento para el control social o una herramienta para poner límites a la fuerza represiva de las instituciones del Estado.

Dependiendo de si un régimen de gobierno es democrático o autoritario, un Código Penal puede servir para mantener el estado de cosas a favor de los grupos de poder o un factor de fortalecimiento del Estado de derecho.

En virtud de lo anterior, el recién aprobado Código Penal refleja claramente dos objetivos: primero, que está diseñado para criminalizar la protesta social y pacífica, y cercenar las libertades fundamentales de la ciudadanía, particularmente de la que es opositora a la dictadura.

Segundo, que está pensado para que el crimen organizado, el narcotráfico, la impunidad, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y las violencias contra las mujeres puedan campar a sus anchas.

No hay ninguna duda que el régimen nacionalista tiene en sus manos la herramienta que le faltaba para consolidar su poder autoritario, tiránico, militar y fascista, y ejercer con mayor facilidad el control social y la sanción de las reivindicaciones ciudadanas.

Por eso, retomamos el llamado a los diferentes sectores sociales y políticos comprometidos con los valores democráticos para que, más allá de las posiciones políticas diversas, constituyamos un frente común contra la dictadura y sus viejas y nuevas herramientas de terror.