El reciente acuerdo técnico al que llegó el Gobierno hondureño con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser objeto de un análisis profundo que permita no quedarse únicamente con la celebración o la crítica a este nuevo endeudamiento, aseguran diversos analistas.
El economista Fredy Tejada aseguró en Radio Progreso que el acuerdo se convierte en una noticia positiva para la actual administración, ya que le permitirá cerrar 2026 con una perspectiva financiera favorable, lo que se traduce en una administración que es sujeto de crédito.
Sin embargo, el profesional advierte que también es necesario analizar el llamado de atención que recibió el Gobierno por la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ya que, pese a las reformas, no se ha avanzado en el mejoramiento de la estatal eléctrica. A su criterio, este será un proceso lento y doloroso porque podría significar la privatización de una empresa que debería estar al servicio de la ciudadanía.
“Por otro lado, persiste el tema de la inflación. A pesar de que hay cierta estabilidad macroeconómica, esta resulta muy costosa para el pueblo hondureño, porque significa un alto costo del dinero, poca actividad económica, una disminución del comercio, baja producción, mucho desempleo y, sobre todo, pobreza. Esto no concuerda con los datos macroeconómicos que presenta el Banco Central de Honduras”, dijo Tejada.
Un aspecto que se califica como positivo es el control del déficit fiscal, ya que este acuerdo implica que Honduras está en condiciones de mantener cierto orden fiscal, lo cual es importante para ir saneando la economía hondureña.
“Todo endeudamiento es perjudicial para el pueblo hondureño porque es una deuda que se debe pagar y, en este caso, será a largo plazo. Lo positivo es que se trata de intereses bajos y de un plazo prolongado, pero lo negativo es que se tiene que pagar y la vamos a pagar nosotros o las nuevas generaciones”, comentó.
Fredy Tejada considera necesario garantizar la transparencia en el uso que se le dará al préstamo, así como informar a qué se destinarán los recursos y asegurar que dichas inversiones respondan a las principales necesidades del pueblo.
“Lo preocupante es que hay muchos indicios de corrupción en el Gobierno actual, poca transparencia y, sobre todo, poca efectividad. Si nos tocara evaluar la efectividad a partir de la ejecución del Presupuesto General de la República, nos daríamos cuenta de que esta no alcanza ni siquiera el 50 %, lo cual significa que el Gobierno no está trabajando de manera eficiente. Esa es la parte preocupante. Lo bueno es que se tiene acceso a 120 millones de dólares, unos 3,300 millones de lempiras, y se debe decir con exactitud en qué se invertirán”, concluyó el economista.
El Gobierno de Nasry Asfura anunció con bombos y platillos que logró alcanzar un acuerdo a nivel de personal técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras una misión desarrollada en Tegucigalpa del 20 de octubre al 2 de noviembre. Se espera que, a finales de diciembre de 2026, Honduras tenga acceso a alrededor de 120 millones de dólares.
Desde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), se considera que el acuerdo representa un paso clave para avanzar en la sexta y última revisión del programa firmado en septiembre de 2023, lo que constituye un momento decisivo en la evaluación del cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y estructurales por parte de Honduras.
Sin embargo, en sus análisis, el Fosdeh plantea que una eventual nueva relación entre Honduras y el FMI no debería limitarse al cumplimiento de metas fiscales o financieras.
“También requiere considerar su viabilidad política, sus efectos sobre la población, la deuda pública, el presupuesto, la migración y las remesas, la equidad fiscal, el sector eléctrico, la corrupción, el cambio climático y otros temas que inciden directamente en el desarrollo de Honduras”, señala el documento hecho público por el Fosdeh.
Para el Fosdeh, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional representa una oportunidad para fortalecer la supervisión del sector eléctrico e incorporar compromisos verificables que contribuyan a resolver sus problemas estructurales.
Para ello, el seguimiento no debe limitarse al cumplimiento de metas financieras, sino que proponen el incluir indicadores de eficiencia operativa, transparencia, gestión de riesgos fiscales, protección de las personas usuarias y sostenibilidad social y ambiental.
La misión del FMI, dirigida por Emilio Fernández, concluyó una visita de más de dos semanas al país, durante la cual sostuvo reuniones con el gabinete económico, representantes del sector privado, organizaciones de sociedad civil y el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah.
