Viernes, 19 septiembre 2025  

Retraso judicial letal: Juan López y los ambientalistas en peligro

“A Juan López el Estado lo mató porque no lo protegió”, esta es una de las consignas que escuchamos frecuentemente en los plantones de los defensores de los territorios y de los bienes comunes. Y mientras no haya justicia, el Estado sigue siendo cómplice de este horrendo crimen.

La justicia que demora es expresión de la profunda crisis del sistema judicial en Honduras. Es evidente que la lentitud del juicio de los autores materiales y el ocultamiento de los autores intelectuales del crimen de Juan López, es para proteger los intereses de las inversiones mineras Los Pinares y la termoeléctrica Ecotek. Además, de las élites económicas y políticas que han estado implicadas en estas concesiones amañadas. Es obvio que el retardo de la justicia para Juan López es una forma de injusticia.

Juan López es un caso emblemático de los cientos de ambientalistas, defensores de derechos humanos y periodistas que han sido asesinados y que la justicia sigue durmiendo el sueño de los justos. La justicia tardía alimenta la impunidad estructural con un sistema judicial capturado por los poderes que se sienten amenazados. Y esta subordinación se pone en evidencia flagrantemente en este período electoral con el propósito de que no se genere conflicto o denuncias que puedan erosionar la imagen de los partidos políticos o de los líderes que están en la contienda electoral.

La corrupción y la falta de voluntad política explican esta demora de justicia. Problemas graves que no son fenómenos aislados, sino que son parte de un entramado donde el sistema judicial se usa como herramienta de control político de los poderosos.

Esta lentitud para hacer posible la justicia tiene un mensaje político que busca desincentivar la denuncia y la defensa activa de los ambientalistas y de quienes luchan por la verdad y los derechos humanos. Y la crisis institucional del sistema de justicia y su subordinación a la coyuntura electoral no tienen otro efecto que la lentitud y la impunidad que evidencia cómo el Estado prioriza los intereses electorales y del poder de las élites por encima de sus obligaciones incumpliendo la Constitución de la República y los tratados internacionales.

La justicia retardataria afecta la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones públicas. ¡Basta ya de impunidad!, ¡la tierra no se negocia, se defiende con valentía! ¡La defensa de los territorios es un derecho, no un delito! ¡En defensa de Juan López y la vida, unidos venceremos!

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