El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este día en la capital, Tegucigalpa, confirma que el crimen contra la ambientalista y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas de Honduras, COPINH, Berta Cáceres fue planificado y financiado desde estructuras empresariales vinculadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El documento denuncia negligencia estatal, presiones y resistencia al acceso a información, encubrimientos institucionales y resalta en la necesidad de avanzar en la investigación de los autores intelectuales para garantizar acceso a la verdad y justicia.
El asesinato de Berta Cáceres, ocurrido la madrugada del 2 de marzo de 2016 en su natal Esperanza, Intibucá, no fue un hecho aislado ni producto de la casualidad, señala el Informe Final del GIEI, quienes identifica responsabilidades empresariales y estatales, catalogándolo como un crimen con motivaciones económicas puesto que la comunidad en oposición el proyecto hidroeléctrico Agua-zarca se convirtió en un obstáculo que dichos grupos buscaron eliminar, dijo en la presentación la abogada Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.
El documento respaldado por organismo internacionales y nacionales, detalla una trama detrás del asesinato de Cáceres que se gestó en el entorno empresarial vinculado al proyecto Agua Zarca, con conexiones directas al conglomerado de la familia Atala Zablah y con el acceso a información de la unidad económica se constató la trazabilidad de desembolsos de fondos provenientes de bancos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE y el Banco de Desarrollo Neerlandés, FMO, para el pago a sicarios, policías, funcionarios y periodistas, resaltó Pedro Bizcay experto del GIEI.
Los expertos denunciaron que para la elaboración de informe hubo resistencia a la entrega de información. “Hubo instituciones que se negaron a brindar información alegando que no existía entre ellos, sobre todo las vinculadas a inteligencia del Estado, sin embargo, se constató mediante el análisis de llamadas telefónicas y miles de mensajes de WhatsApp las órdenes y comunicaciones con militares en activos que asesinaron a Berta”, declaró Roxana Altholz, experta del GIEI.
Tanto Berta Cáceres y el COPINH fueron objeto de amenazas, persecución y criminalización sistemática antes del crimen, en un contexto de hostigamiento contra defensores.
Berta Zúniga, hija de Berta Cáceres, en reacción al informe asegura que el documento devela información crucial, como que la familia Atala Zablah y altos funcionarios participaron previo, durante y después del crimen para mantenerse en la impunidad y hasta la fecha la justicia aun no los alcanza.
Asimismo, el informe indica que, previo al asesinato, hubo comunicaciones entre militares activos encargados de labores de inteligencia para planificar la muerte de Cáceres y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), entre ellos Daniel Atala, Jacobo Zablah y David Castillo.
A criterio del analista en materia de seguridad, Carlos Sierra, este informe es un instrumento valioso que destaca datos cruciales para que se puedan continuar investigaciones y en el que devela las fallas institucionales, falta de investigación por el Ministerio Publico, y sobre todo la participación de bancos internacionales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI responsabiliza, además, al Estado hondureño por graves fallas en la investigación inicial y por no garantizar la protección de Berta Cáceres, pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había generado una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la lideresa, además de mencionar la cancelación del proyecto, las concesione y las licencias fraudulentas, para comenzar a titular las tierras al colectivo del pueblo lenca, entre otras.
El informe señaló que autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad accedieron a esas comunicaciones y las omitieron.
El trabajo del GIEI inició en febrero de 2025 y culminó este año 2026.
