Es extraño que la designada presidencial electa sea quien anuncie un juicio político contra el fiscal general, ya que no es diputada ni tiene facultades para hacerlo. Así reaccionó el abogado Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general de Honduras, ante el anuncio de María Antonieta Mejía de aplicar esta figura contra el fiscal Johel Zelaya.
Edmundo Orellana recordó que el juicio político fue aprobado por el expresidente Juan Orlando Hernández, JOH y se diseñó como una ley con el propósito de que nunca se aplique, pues incluye muchos requisitos y un procedimiento complejo que lo hace poco probable.
Para el exfiscal, las declaraciones de la activista nacionalista ratifican que el fiscal Johel Zelaya no goza de la confianza de las nuevas autoridades que asumirán el 27 de enero. “Como partido político, harán lo posible para que el abogado Zelaya presente su renuncia, ya que consideran que no ha actuado de acuerdo con sus intereses”, comentó.
Orellana agregó que el actual fiscal, además de no tener la confianza de los nacionalistas, tampoco la tiene de la administración que está por dejar el poder. Muchos de los casos planteados por el partido Libertad y Refacción (Libre) no avanzaron en estos años. “Por ejemplo, no se investigó el caso de los 20 mil millones de lempiras que desaparecieron en el tiempo del golpe de Estado, ni el tema del soborno a diputados que votaron para elegir una Junta Directiva del Congreso Nacional y una Corte Suprema que luego favoreció la reelección de JOH. Hay una serie de casos que este fiscal no siguió, lo que genera desconfianza de Libre y ahora de los nacionalistas, que buscarán a toda costa su renuncia o destitución”, dijo Orellana.
“Particularmente, creo que el fiscal no ha estado a la altura de su cargo. Incluso no logró investigar la manipulación en el proceso electoral desde marzo hasta el de noviembre de 2025; no hizo absolutamente nada para identificar quiénes manipularon urnas, lo que indica que fue omiso en muchos casos y tiene desméritos en ello”, agregó.
Por su parte, el abogado Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, dijo que para implementar el juicio político hay que revisar el artículo 234 de la Constitución de la República. “Allí se indica claramente que hay tres razones para someter a una autoridad de este calibre a juicio político: primero, cuando existe una denuncia grave en el desempeño de su cargo; segundo, cuando haya realizado acciones contrarias a la Constitución o al interés general; y tres, por ser negligente e incapaz en el desempeño de su cargo. Hasta este momento, creo que ninguna persona con tres dedos de frente puede decir que existen estas causales”, declaró en Radio Progreso.
El experto en derechos humanos agregó que es necesario consultar a la futura designada presidencial María Antonieta Mejía cuáles son los argumentos que plantea para estas temerarias declaraciones y dónde están las pruebas para buscar el juicio político contra una alta autoridad del Estado.
Mejía recordó que Honduras ya fue condenada internacionalmente por el sistema interamericano de derechos humanos, cuando se destituyó ilegalmente a magistrados de la Sala de lo Constitucional por órdenes del expresidente Juan Orlando Hernández, quien buscaba una reelección ilegal. “La señora María Antonieta Mejía debería estar más preocupada y aprovechar el Congreso Nacional para promover las reformas que exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH en esa sentencia, para que no se cometa el mismo error y se condene nuevamente al Estado de Honduras por utilizar un juicio político que no reúne estándares internacionales ni el debido proceso. Ojalá que esta vez cumplan su papel de garantizar el debido proceso y no pase lo de la Corte anterior, que permitió la destitución de esos magistrados y provocó la condena internacional”, concluyó Mejía.
